Contraloría General emitió fallo con responsabilidad fiscal por contrato de reforestación y, encontró hallazgo fiscal por $5.711 millones en la CAS

Contraloría General de la República emitió fallo con responsabilidad fiscal  por $670 millones, por contrato de reforestación en Santander

 

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*Se trata de un contrato de obra suscrito por la Corporación Autónoma Regional de Santander, para la reforestación y mantenimiento de plantaciones de caucho y bosques en Barrancabermeja.

 

*La falta de planeación, incumplimiento del principio de selección objetiva del contratista y pagos sin cumplimiento de requisitos, ocasionaron una pérdida del 90% del valor del contrato.

 

*El monto total de la condena fue de más de $670 millones de pesos, suma por la que responderán los entonces funcionarios de la CAS involucrados en el proceso.

 

*Si bien la cuantía del daño era superior a los 3 mil millones de pesos, la parte correspondiente a los contratistas (cercana a los 2.500 millones de pesos) fue recuperada gracias a la vinculación al proceso de las compañías aseguradoras que servían como garantes de los mismos.

 

*La decisión de la Contraloría constituye un referente en la protección de los recursos de la Nación destinados al medio ambiente, y que son ejecutados por las Corporaciones Autónomas Regionales.

 

La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por más de $670 millones de pesos por las irregularidades evidenciadas en la ejecución del Contrato de Obra N°003-00663 de 2011, a través de la cual la Corporación Autónoma Regional de Santander debía reforestar y hacer mantenimiento a las plantaciones de caucho y bosque protector para la recuperación de las zonas húmedas de la boscosidad de áreas rurales de Barrancabermeja.

 

Resultado de imagen para reforestacionRespondiendo a su naturaleza, es obligación constitucional de la Corporación Autónoma Regional de Santander salvaguardar dichas zonas de riqueza ambiental y así promover la recuperación de los estados hídricos e indirectamente de la calidad de vida y subsistencia de los habitantes de las diferentes áreas beneficiadas por la inversión de los recursos públicos.

Sin embargo, la Contraloría General de la República pudo evidenciar que, a pesar de haberle pagado al contratista el 90% del valor del contrato, no se cumplieron las obligaciones pactadas ni se obtuvo certeza del destino de los recursos girados.

 

Por parte de la entidad contratante, tampoco se cumplieron las obligaciones de vigilancia de la correcta ejecución del contrato, así como de la debida inversión de los recursos girados, por lo que se causó un detrimento al patrimonio de la nación, de más de $600 millones de pesos.

 

Así lo manifestó expresamente el equipo de la Gerencia Departamental de la Contraloría en Santander, cuando en su decisión afirmó que el contrato “presentó deficiencias desde el momento mismo de la planeación, selección del contratista, contratación de la interventoría, y pagos realizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato. La Subdirección de Gestión Ambiental avaló los avances y pagos que no se encontraban ajustados a la realidad, generando un detrimento en el patrimonio de la entidad equivalente al 90% del valor del contrato del cual a la fecha no es posible verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, el cual asciende a la suma de $3.075.429.651.

 

Si bien la cuantía del daño era superior a los 3 mil millones de pesos, la parte correspondiente a los contratistas (cercana a los $2.500 millones de pesos) fue recuperada gracias a la vinculación al proceso de las compañías aseguradoras que servían como garantes de los mismos.

 

Responsables fiscales condenados

 

Resultado de imagen para  Flor María Rangel Guerrero, y Héctor Murillo,Toda vez que se hicieron cumplir las pólizas de seguro contratadas y que se efectuaron diferentes recaudos a través del Tesoro Nacional, la cuantía del fallo se tasó en daño fiscal por la suma de $670.202.525, por la que están llamados a responder los Directores Generales de la Corporación Autónoma Regional de Santander, Elberth Ardila ArdilaFlor María Rangel Guerrero, y Héctor Murillo, así como el Subdirector de Gestión Ambiental de la entidad, Óscar Pereira Rodríguez.

La Contraloría pudo establecer que las irregularidades en la gestión contractual del contrato suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Santander y la Unión Temporal Barranca, se debieron no sólo a los incumplimientos del contratista, sino igualmente a las anomalías durante la etapa precontractual de planeación y selección del contratista donde se incumplió el principio de selección objetiva y se inobservó la obligación legal de contratar una interventoría externa al contrato, ajena a la entidad contratante.

De igual forma, los pagos efectuados por la CAS a favor del contratista, se hicieron sin cumplir las condiciones fijadas en el contrato para la realización de los mismos.Resultado de imagen para  Flor María Rangel Guerrero, y Héctor Murillo,

La celebración del contrato en tales condiciones se llevó a cabo sin fundamentos técnicos ni económicos que la justificaran; además de no cumplir los principios rectores de la función administrativa. Por lo anterior, los funcionarios antes mencionados han sido llamados a responder solidariamente.

 

 

Contraloría General encontró hallazgo fiscal por $5.711 millones en la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)

 

Una auditoría financiera de la Contraloría General de la República determinó que la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) habría incurrido en un presunto detrimento patrimonial en cuantía de $5.711 millones de pesos, por las inconclusas obras del jarillón que debía proteger de inundaciones a los pobladores de varias veredas del municipio de Sabana de Torres.

 

El proyecto sin terminar es financiado con recursos procedentes del Fondo Nacional de Calamidades (hoy Fondo Nacional de Gestión del riesgo de Desastres – Colombia Humanitaria).

 

Resultado de imagen para jarillón en sabana de torresEl estado de la obra además de afectar el patrimonio público, deja sin protección a las veredas Barranco, Colorado, Cerrito, Magará, Caño Peruétano, Aguas Negras y Las Lajas que habían sido afectadas por el fenómeno de la Niña en la ola invernal 2010-2011, y no contarán con un jarillón idóneo que proteja, además de su vida y bienes, también sus sistemas de acueducto y alcantarillado.

 

La obra fue contratada por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) con la firma General de Ingeniería de Santander, GEINGSA S.A.S, al que la autoridad ambiental desembolsó el monto por el cual se eleva el presunto detrimento patrimonial.

 

Al verificar los soportes documentales de dicho contrato (004-0726 de 2011, la Contraloría consideró que se presentaron deficiencias en su ejecución, así como en el seguimiento y evaluación realizado por la interventoría.

 

El órgano de control estimó además que la administración de la CAS adoptó una decisión incorrecta al modificar las condiciones inicialmente contempladas en la formulación de este proyecto, pues ello vino a repercutir en que se tengan obras inconclusas y suspendidas, que no cumplen el fin que tenían y no prestan el servicio objeto del contrato.     

       

Total de hallazgos y beneficio de auditoría

Producto de la Auditoría Financiera a la CASla CGR determinó un total de 19 hallazgos administrativos, de los cuales uno tiene presunto alcance fiscal (el ya mencionado de $5.711 millones) 7 incidencia disciplinaria, y 1 otra connotación, todos los cuales se trasladarán a las instancias correspondientes.

Igualmente, en desarrollo de la auditoría se generó un beneficio de auditoría en cuantía de $581.860.

 

Resultado de imagen para jarillón en sabana de torresNo pasó examen contable, de control interno y presupuestal

 

La Contraloría determinó también que los Estados Contables de la CAS no presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2016 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.

 

Particularmente, la CGR encontró importantes subestimaciones de los estados contables, por valor superior a los $5.000 millones.

 

De otra parte, la evaluación realizada sobre el control interno financiero arrojó una calificación de 1,90; razón por la que la CGR emite un concepto sobre la efectividad del control interno financiero CON DEFICIENCIAS.

Así mismo, se emite una opinión sobre la ejecución presupuestal de la CAS para la vigencia 2016, que incluye los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y de las fuentes propias, determinando que es NO RAZONABLE.

 

Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General de la República NO FENECIÓ la cuenta fiscal de la CAS, por la vigencia fiscal 2016.

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