LA LUCHA ESTUDIANTIL

Resultado de imagen para LA MARCHA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UIS EN 1964

Es un ensayo de CARLOS MEDINA GALLEGO, Docente Investigador Universidad Nacional de Colombia quien en una breve reseña de Resultado de imagen para CARLOS MEDINA GALLEGOla historia del activismo estudiantil desde 1930 hasta 2016: busca señalar cuáles han sido los momentos más relevantes de estos ochenta y seis años de luchas juveniles universitarias, las practicas de la movilización social, la transformación de sus imaginarios políticos y la construcción de sus agendas.

El documento está dividido en cinco partes; en la primera aborda el origen del sujeto social y político que representa el sector universitario unido a las luchas sociales y cívicas que se dan en la década de los años treinta del siglo pasado; en el segundo,  la atención se centra en el desarrollo de los imaginarios liberales reformistas, la violencia política y el gobierno militar; la tercera parte, toma en consideración los procesos de radicalización del movimiento juvenil universitario en los gobiernos del Frente nacional y el impacto que tuvo la revolución cubana sobre los mismos; en la cuarta parte se hace referencia al recrudecimiento de la violencia sobre los movimientos sociales por parte de la institucionalidad del estado, el paramilitarismo y el narcotráfico y, en la quinta parte se hace referencia al proceso adelantado por las nuevas generaciones de estudiantes, en las que han innovado en el desarrollo de sus luchas, alcanzando importantes, aunque insuficientes éxitos.

El ensayo se cierra con algunas observaciones y recomendaciones sobre lo que debe ser en el futuro las preocupaciones del sector estudiantil para enfrentar con éxito las políticas neoliberales en educación.

Manifestación del 8 de Junio de 1929

  • En un comienzo fue el compromiso cívico 

El movimiento estudiantil colombiano, en general el de América Latina, recibió en la segunda y tercera década del pasado siglo XX la influencia del movimiento de reforma universitaria de Córdoba, Argentina. Este movimiento les brindó a los liberales de nuestro país la oportunidad de oponerse al régimen conservador en la lucha contra la monopolización del sistema educativo, por la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, banderas que se siguen levantando hasta nuestros días.

En la llamada república conservadora (1886-1930) la masacre de Ciénaga a los trabajadores bananeros y la corrupción administrativa van llenando la copa de la inconformidad popular y subiendo a la cúspide del desprestigio al gobierno conservador del presidente Miguel Abadía Méndez (1926-1930). En junio de 1929 se adelantan decisivas jornadas populares de protesta contra el régimen conservador y sus estructuras burocráticas y clientelistas empotradas en la gobernación de Cundinamarca y en la Alcaldía de Bogotá.

 En el desarrollo de las jornadas de lucha ciudadana de comienzos de junio de 1929, los estudiantes participaron de manera decidida al lado de las razones de la movilización que se dirigían contra la utilización clientelar y política de las empresas publicas del alumbrado, el agua y el alcantarillado y el tranvía en la ciudad, y sobre todo, contra un modelo de administración corrupta de los destinos de la ciudad. Dada la precaria legitimidad con que contaba la fuerza pública por los hechos ocurridos en Ciénaga, en la masacre de los trabajadores bananeros, al servicio de la United Fruit Company, los estudiantes asumieron la protección de las manifestaciones como guardias cívicas, preocupándose por evitar disturbios y garantizar que se produjera sin incidentes el retorno de los ciudadanos a sus casas.

En un incidente, en la noche del 7 de Junio, pierde la vida el estudiante Gonzalo Bravo Pérez producto de una descarga de fusilería desde los alrededores del palacio presidencial. La indignación ciudadana acompaño el entierro del cuerpo de Gonzalo en multitudinaria manifestación y presionó la caída del Ministro de Obras Publicas (Arturo Hernández), el Ministro de Guerra (Ignacio Rengifo),  el Gobernador de Cundinamarca (Ruperto Melo) y el alcalde de Bogotá ( Luis Augusto Cuervo). En las elecciones presidenciales se derrumba la hegemonía conservadora y asciende al poder el partido liberal con la presidencia de Enrique Olaya Herrera (1930-1934)

El estudiante Gonzalo Bravo Pérez, asesinados en las jornadas cívicas de junio de 1929,  será eternamente recordado, con su sangre se escribió la primera página de la historia del activismo estudiantil en el pasado siglo XX.  Desde entonces y hasta 1954, los estudiantes acostumbraron a visitar cada 8 de Junio la tumba del estudiante, en el cementerio central, para hacerle reconocimiento y honrar su memoria.

  • Reformas liberales, violencia y gobierno militar.

A partir de 1930 y durante dieciséis años gobiernan el país los liberales y la Universidad se convierte en una de sus estructuras privilegiadas de poder. Los principios liberales nacidos en Córdoba son adoptados y la Universidad Nacional de Colombia se constituye en universidad pública de fundamento Liberal.

Transcurridos cinco de esos dieciséis años de gobierno liberal el presidente Alfonso López Pumarejo  le reorganizo la Universidad Nacional de Colombia y mandó a construir la actual ciudad Universitaria. Allí, estudiantes y profesores pusieron en práctica los principios de Córdoba, mientras un grupo de intelectuales muy reducido discutía y propagaba los principios de la ideología socialista que para aquel entonces difundía el Partido Comunista recién creado y a punto de perecer en las confusas y turbulentas aguas de la Revolución en Marcha, de López.

El problema grave del movimiento estudiantil de aquellos días era el de no lograr crear una organización real, sobrevivía gracias a pequeños grupos de intelectuales inquietos que se convertirían con el tiempo en los más ilustres voceros de la burguesía liberal.

 La muerte de Gaitán el 9 de Abril de 1948 en manos de la reacción liberal-conservadora recrudeció la violencia en el país y produjo el acto de insurrección popular de mayor trascendencia en la primera mitad del siglo XX, no sólo por las características del mismo, sino por su desenlace. Durante el Bogotazo el movimiento estudiantil participó, al igual que el movimiento popular, en forma espontánea y desorganizada sumándose a los esfuerzos que inútilmente realizaban algunos destacados dirigentes liberales y comunistas por usufructuar un hecho histórico que se les había atravesado en el camino como un rodadero o una escalera, según supieran orientar los acontecimientos (a la postre resultó ser un rodadero por el que se precipitaron cientos de cadáveres).

Con los acontecimientos del nueve de abril la violencia se propagó por todo el país, sembrando de luto los campos colombianos durante más de diez años. El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla se vio montado en un golpe militar que derrocó al presidente Laureano Gómez y que en lo fundamental buscaba crearle al país una atmósfera de paz y concordia que ninguno de los partidos tradicionales estaba en condiciones de proporcionarle.

Es durante la dictadura de Rojas que se realizan los primeros intentos de organización Estudiantil. Es en esa época que aparece la FUC (Federación Universitaria Colombiana) cargada de salmos y oraciones y con una profunda dependencia de las instituciones eclesiásticas, y la FEC (Federación de Estudiantes de Colombia). Dos esfuerzos que se diluyen con el tiempo en la húmeda inestabilidad del sector.

Veinticinco años se aprestaban a conmemorar los estudiantes de la muerte de Gonzalo Bravo Pérez, uno de iniciada la dictadura, cuando, en un amague de escaramuza con la policía, se produce en los predios de la Universidad Nacional el asesinato del estudiante Uriel Gutiérrez.

Al día siguiente en la esquina de la calle 13 con la carrera 7 en momentos en que el movimiento estudiantil bogotano realizaba una marcha de protesta por el asesinato de Uriel, las balas asesinas del régimen ciegan la vida de ocho estudiantes más: Hernando Ospina López, Hernando Morales Sánchez, Rafael Sánchez Matallana, Elmo Gómez Lucich, Álvaro Gutiérrez Góngora, Jaime Pacheco Grijales, Hugo León Velásquez y Jaime Moore Ramírez;         nueve víctimas a las que se le sumarían Ernesto Aparicio Concha y Pedro Luis Tamayo caídos en las heroicas jornadas del 10 de mayo de 1957 en las que el movimiento estudiantil cobraría sus muertos a la dictadura y al lado de los sectores populares propiciaría la caída de Rojas Pinilla .

 La contundente victoria del movimiento popular del 10 de Mayo de 1957, instrumentalizado por la oligarquía liberal-conservadora, contra el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla  dio paso a una junta de gobierno que se encargaría de servir de puente para que la civilidad retornara al poder a través de un pacto entre los dos partidos que recibiría el nombre de Frente Nacional, paridad y alteridad,  fueron los dos elementos constitutivos de dicho pacto. Las expectativas que ofrecía el Frente Nacional durante los primeros años, mantuvieron al movimiento estudiantil a la espera; profesores y estudiantes aún viven fuertemente atados a las ideologías y a las practicas de los partidos tradicionales.

Las asambleas que se realizan durante estos años tienen más como objetivos hacer una oposición formal y moralista, que política y real. El rechazo que dichas asambleas formulan a la UNEC (Unión Nacional de Estudiantes Colombianos) por su carácter comunista, se manifiesta en el apoyo que le extienden a la CEUC (Confederación de Estudiantes Colombianos) creada para hacerle contrapeso a aquella y afiliada a la COSEC norteamericana.

  • Un fuerte giro hacia la izquierda… Radical

Con el paso del tiempo, y sobre todo, con la actitud que tanto el gobierno de transición como el primer gobierno del Frente Nacional asumen, los estudiantes comienzan a varían su comportamiento y a transformar sus posturas político e ideológicas hacia una izquierda cada vez más radical. El triunfo de la Revolución Cubana expande una ola de influencia revolucionaria que lentamente va encontrando cabida en el movimiento estudiantil y en general en el movimiento de inconformes de América Latina, llevando a amplios sectores por el camino de la radicalización.

En 1960 en la Universidad Nacional se genera un movimiento contra la administración universitaria y el “estatuto orgánico” impuesto por la junta de transición. En agosto de ese año se da la primera huelga estudiantil durante el Frente Nacional, en ella se alcanza la dimisión del rector de la Universidad y la promesa gubernamental de revisar el “estatuto orgánico”.

La lucha por la autonomía universitaria entendida como la co-gestión de la Universidad por una dirección tripartita compuesta por estudiantes – ex alumnos – profesores, al igual que el nombramiento de profesores por concurso y la libertad de cátedra, serán banderas a levantar en lo sucesivo.

En 1961 los estudiantes de la Universidad de Medellín toman la iniciativa de destituir al rector e instituir la co-gestión. Las instalaciones de la Universidad son ocupadas por la fuerza pública lo que genera un movimiento de protesta en algunas universidades del país. En la U.N. la lucha adquiere connotaciones políticas, lo que obliga al Presidente a reunirse con el Ministro de Educación, los representantes de la Universidad y el Consejo Superior Estudiantil; de aquella reunión se saca un acuerdo firmado en el que el gobierno se compromete a dar solución al problema de la Universidad de Medellín, al déficit presupuestal de la Universidad Nacional, al estatuto orgánico y a otros tres o cuatro puntos más.

No obstante, el conjunto del estudiantado rechaza dicho acuerdo a través de un plebiscito llevado a cabo en los primeros días de junio. A partir de ese momento, las relaciones con el gobierno se hacen más tensas, los partidos tradicionales ensayan en la Nacional la creación de “escuadrones universitarios” compuestos por profesores y estudiantes con el único fin de combatir la anarquía, el comunismo y las ideologías extranjeras en la Universidad.

La alianza con algunos sectores del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal) y aún de la juventud conservadora impidió que dichos escuadrones tuviesen más importancia de la que tuvieron y evitaron el daño que estos hubiesen podido hacer. Al finalizar agosto de 1961 la fuerza pública penetra en el recinto universitario con el pretexto de buscar huelguistas de Avianca; este hecho, que constituye a la forma de ver de los estudiantes una abierta violación del “Fuero Universitario”, genera violentos incidentes de protesta que se prolongaron durante varias horas.

El movimiento estudiantil sigue desde ese momento un proceso de politización acompañado de una accionar cada vez más beligerante. En junio de 1962 se produce la expulsión de diez estudiantes y el cierre temporal de la U.N. como consecuencia de los disturbios que se presentaron después de una manifestación.

En julio de ese mismo año se decreta una nueva reglamentación, se prohíben las huelgas y toda organización estudiantil. Estas medidas, no obstante, son echadas atrás pues el periodo de cambio de gobierno así lo exige, se reintegran los estudiantes expulsados y se reabre la Nacional. Aparece por esta época toda la estrategia norteamericana de penetración cultural a través de las intervenciones en los programas de desarrollo de la enseñanza universitaria colombiana. Dichos programas encuentran firme oposición en el movimiento estudiantil que se enmarcará a partir de entonces en la lucha contra la penetración cultural imperialista agenciada por la Alianza para el Progreso y el BID.

Durante el año 1963 la lucha por la autonomía universitaria continúa, una nueva concepción organizativa y de participación popular madura al interior del movimiento. Después de los incidentes de junio los estudiantes se organizan alrededor de la FEUD (Federación de Estudiantes del Distrito) y a través de ella piden la demisión del alcalde de Bogotá, se solidarizan con los trabajadores de Ecopetrol en huelga, reivindican una tarifa diferencial en el transporte urbano y avanzan en la lucha por una Universidad pública democrática.

No obstante, durante este mismo año es aprobada en el Congreso la nueva ley orgánica de la Universidad Nacional que lesiona profundamente los intereses y deseos de los estudiantes. En noviembre se crea la FUN (Federación Universitaria Nacional) que jugará un papel importante en el desarrollo de la lucha del movimiento estudiantil durante esos años. En 1964 el movimiento estudiantil se radicaliza con respecto a los años anteriores, la lucha la hace extensiva a otras regiones del país. La FUN convoca para junio de este año un paro de 24 horas, en él participan las universidades de Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Manizales y Cali.

Tal vez, durante este año la Universidad que con mayor fortaleza y radicalismo adelanta la lucha reivindicativa es la Universidad Industrial de Santander (UIS) en donde el movimiento se inicia en mayo contra el incumplimiento del rector de acuerdos pactados dos años atrás y contra la imposición de nuevas medidas académicas profundamente lesivas. Las instalaciones de la Universidad son ocupadas por la fuerza pública, grandes movilizaciones de estudiantes y de la población de Bucaramanga convierten el movimiento regional en un acontecimiento con repercusión nacional, alcanzándose con él parte de las reivindicaciones propuestas en el mes de septiembre.

El 7 de enero de 1965 se realiza la toma de Simacota por el recién creado Ejército de Liberación Nacional, profundas simpatías despertará dicha organización en universidades como la Nacional e Industrial de Santander, de donde saldrán importantes destacamentos de estudiantes a engrosar sus filas.

Durante este año las discusiones al interior del movimiento estudiantil girarán en torno a las reivindicaciones de orden gremial y el contenido político de dicha lucha. Dos posiciones se verán aflorar allí, que habrán de sostenerse en los años venideros: la primera, plantea la reivindicación puramente gremial y corporativa lejos de toda actividad política; mientras la segunda, se inclina por una decisiva participación política de la organización gremial. Esta contradicción se verá reflejada en los organismos representativos de los estudiantes; desafortunadamente la discusión le dará paso al enfrentamiento callejero con la fuerza pública ante la incapacidad de visualizar claramente líneas de comportamiento definidas históricamente para el movimiento estudiantil.

Desórdenes en Bogotá, Tunja, Medellín, llevan al gobierno del Frente Nacional a decretar el estado de sitio del 20 de mayo, no sin antes haberle producido al movimiento un nuevo mártir. La organización estudiantil comienza a diluirse en profundas divisiones internas, pierde la capacidad de convocatoria y movilización, y lo que es peor, sus más destacados dirigentes se desplazan hacia otros campos de batalla, unos marchan con Camilo en el Frente Unido y de allí con él a la guerrilla del ELN.

Profundamente debilitados la FUN y el movimiento estudiantil colombiano, son presa fácil de la política represiva de Guillermo León Valencia durante sus últimos meses de gobierno y de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) recién llegado a la presidencia. Este, que en el año de 1964 había sido retenido por los estudiantes en la Ciudad Universitaria, ve ahora la oportunidad de cobrar este incidente impulsando medidas lesivas a los estudiantes.

El 24 de octubre de 1966, mientras Carlos Lleras mostraba a Rockefeller las instalaciones de la Universidad, recibe de parte de los estudiantes manifestaciones de protesta y repudio por lo que ha sido su actitud con la Universidad. La represión del presidente se da en forma inmediata. Las fuerzas militares ocupan la Universidad, se disuelve el Consejo Superior Estudiantil y la FUN, se arresta y se lleva a consejo de guerra a los principales dirigentes y se desconoce a la FUN todo derecho al diálogo con el gobierno.

Estos acontecimientos producen indignación en los estudiantes y los lleva a un proceso acelerado de radicalización, se ocupan las oficinas del rector y se desconoce al mismo. Se protesta por la ocupación militar de la Universidad y se llega a proclamar la lucha armada como la única vía de Liberación Nacional, recogiendo en gran medida las enseñanzas de Camilo.

En junio de 1967 se produce una nueva ocupación de la Universidad, en donde, en un alarde de fuerza (incapacidad), son utilizados tanques de guerra; la caballería ya había tenido su derrota en esos campos de batalla. En los dos últimos años del gobierno de Lleras, manifestaciones, incidentes y huelgas se realizan en todo el país. Entre cierres y aperturas, el movimiento estudiantil avanza en la lucha contra la penetración cultural imperialista y contra la represión gubernamental. En 1968 se producen movimientos en la Universidad Nacional en contra de la presencia de la Fundación FORD en el Departamento de Sociología de la Universidad del Valle y contra los Cuerpos de Paz. Importantes manifestaciones se realizan al año siguiente contra Nelson Rockefeller; sin embargo la lucha que se da en forma desarticulada a nivel nacional, la organización estudiantil no logra sobrevivir a la represión del gobierno de Lleras.

  Donde nacen las razones de la lucha estudiantil: 

El informe Atcon y el Plan Básico

Al finalizar la década de los sesenta los cambios en la educación superior se generan a partir de un informe realizado por Rudolph Atcon en 1969. Este informe sería presentado como la carta de navegación para el desarrollo modernizador de Colombia en materia educativa, económica y social. Esta modernización fue una exigencia de los organismos fi­nancieros norteamericanos desde la década del 20 y del go­bierno de los Estados Unidos como una garantía para el pago de la deuda externa y para la inversión directa e indirecta de capital en nuestro país.

El informe Atcon, que en principio sería un paquete de sugerencias dirigido a las universidades latinoamericanas para sacarlas del atraso y colocarlas en las perspectivas del desarrollo capitalista y sus necesidades. Los puntos que trata el informe a manera de propuesta no serían las soluciones más pertinentes desde un punto de vista social, pero marcaría un punto de partida para analizar las dinámicas que se presentaban en las universidades y repensar la pertinencia de estas para el desarrollo capitalista de la nación.

El informe Atcon fija las metas para transformar la educación superior y llevarla por el camino de la modernización buscando realzar en ella los valores de la economía liberal y de las ideas privatizadoras, entre las cuales la industrialización y la racionalización de los recursos serían las banderas más importantes del discurso de la necesidad de un cambio sustancial en la educación superior del país. El  informe tiene una tendencia hacia el fortalecimiento de la administración educativa, con un marcado énfasis en la  estructuración y reorganización institucional, y en la necesidad de implementar cambios continuos para no tener que llegar a la reformas

Los principales factores que el informe Atcon buscaría tratar y que el gobierno colombiano adoptaría dentro de un “plan básico” serian: 1) el éxito del desarrollo depende de integrar el proceso educativo a los planes de desa­rrollo económico;  2) el desarrollo de una sociedad está en función directa de su desarrollo educativo; 3) la educación superior constituye la verdadera encrucijada del desarrollo la­tinoamericano; 4) la estructura feudal de la universidad lati­noamericana debe ser modificada substancialmente en su organización académico-administrativa; 5) el profesorado no puede ser inamovible y el monopolio de la cátedra debe ser eliminado; 6) el profesorado universitario debe profesionali­zarse e independizarse del servicio civil; 7) debe establecerse un régimen disciplinario para el estudiantado tendiente a des­politizarlo; 8) las actividades deportivas y culturales deben convertirse en un instrumento de despolitizar al estudiantado; 9) deben establecerse los estudios generales que permitan seleccionar al estudiantado antes de avanzar en la carrera pro­fesional.

En lo que concierne al establecimiento del Plan Básico adoptado a partir del informe y pensado como una necesaria modernización de los sistemas administrativos y académicos, se emprende una ofensiva contra elementos fundamentales del sistema educativo, como la autonomía universitaria, sin contar con que desde su interior se fomentaba e impulsaba el proceso de privatización de la enseñanza, imponía un estricto control estatal al desarrollo de la Universidad, sin contar con el control al que debían someterse los docentes, atentando gravemente contra la libertad de cátedra.

El Plan Básico para la educación superior fue financiado por la Agencia Internacional de Desarrollo, el cual recibió además asesoría de la Universidad de California, quien acompañó y lideró el proceso y forjó sus bases en el informe Atcon.

Dentro de este informe se estipula: “1) En el país sobran universidades, y se con­funde educación superior con universidad. 2) Es necesario es­tablecer un sistema universitario nacional y una forma centra­lizada de acreditación para controlar su proliferación. 3) Es necesario una tecnificación de la administración universitaria y una selección cuidadosa del personal directivo y docente para controlar la subversión estudiantil. 4) Una regionaliza­ción de las universidades contribuiría al ahorro de recursos, acompañada de la autofinanciación a través de la colabora­ción de la comunidad y la creación de la matrícula diferida. 5) Hay que establecer un sistema de educación superior con dos tipos de instituciones, uno para carreras intermedias y otro para carreras universitarias, coordinado por un solo or­ganismo de planeación”[1].

Los rectores de la Alianza para el Progreso consideraron necesario por parte de los estudiantes, esforzarse por reaccionar en contra de aquellas minorías extremistas que buscaban el caos universitario; así mismo, el gobierno junto con las autoridades, deberían rechazar las fuerzas que atentaban contra el desorden académico. En un segundo punto reconocía las instituciones educativas constituyen un elemento fundamental dentro del desarrollo de una sociedad, por lo que la comunidad debía animarse a colaborar de manera generosa con esta causa de desarrollo.

En cuanto al dilema de establecer una institucionalidad de carácter público o privado, los rectores deciden establecer un punto intermedio, es decir, fomentar el control estatal dirigido hacía las universidades públicas, al mismo tiempo que concede libertad en cuanto a la autonomía dentro de las universidades de tipo privado.

Un punto novedoso estipulado dentro del Plan Básico, consistió en diseñar un tipo de educación media, la cual se debía diversificar con posibilidades hacia la preparación laboral y hacia la universidad. Del mismo modo se establece que la educación superior no puede estar orientada exclusivamente a profesiones clásicas y largas sino que además debe dirigirse a estudiantes que pretenden abordar el área de las ciencias y de las artes.

Es necesario mencionar, que a lo que apuntaba este proceso de elaboración del plan básico, no consistía solamente en la organización del sistema universitario y de modernización administrativa y académica de las universidades. Dicho proceso incluía una serie de reformas en el tratamiento del estudiantado y de la planta docente y de los métodos de racionalidad económica para saber administrar los fondos dirigidos a la función académica. De esta manera se establecían los puntos básicos que debían adoptarse con el fin de reducir costos, quedando como consecuencia la reducción de la duración de los estudios, la determinación y reducción del tiempo del profesorado, entre otros.

En el marco de estos enunciados centrales se podría criticar la mirada empresarial que se le ha concedido a la universidad, pues la reducción de costos, la búsqueda de mejora productiva, la racionalización de los cupos universitarios y la “sana división del trabajo”, son elementos claves que constituyen la base de toda empresa. De esta manera, es rechazable el hecho que se pretenda tratar la Universidad de la misma manera como se maneja una empresa, olvidando la cuestión humana y reduciendo el proceso a la premisa costo-beneficio. Casi cuarenta años se ha tomado el impulso de estas ideas las que hoy se posesionan en amplitud y segurida en el sistema universitario nacional.

En sintesis, lo que recoge este Plan Básico de la educación superior se diferencia del informe Atcon en dos puntos centrales: en primer lugar, se propuso un control centralizado y regionalizado de la educación superior; en segundo lugar, se constituye la educación intermedia vocacional y ocupacional, como una novedosa alternativa. A partir de allí, surgen los institutos técnicos y los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada (INEM), en la década de los setenta.

El Plan Básico igualmente hace referencia a la cuestión de la autonomía universitaria, en donde la define “dentro de la ley y en armonía con su función social primordial de contribuir al desarrollo óptimo del país y a la causa de la comunidad internacional del saber”.  Esta misma autonomía se verá supeditada por el Ministerio de Educación Nacional y la Presidencia de la República, además de tenerse que desarrollar con base a los fines generales del desarrollo económico y social de Colombia.

Estl Plan Básico es puesto en funcionamiento gracias a la generosafinanciación internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y de fundaciones como la Ford, la Rockefeller y la Kellogg’s, entre otras.

La influencia norteamericana en la formulación de la política pública en educación conducirías a los estudiantes hacia la movilización y la protesta. El movimiento estudiantil tomaría parte del rumbo de la educación superior y realizaría reuniones entre estudiantes de diversas universidades del país, principalmente la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, para finalmente constituir un programa mínimo de los estudiantes colombianos,programa con el cual harían frente a la reforma de Galán y exigirían real democracia, autonomía, financiamiento estatal y soberanía universitaria, principalmente.

A partir de 1970 comienza a agitarse la bandera de la defensa de la universidad pública y se busca extender el conflicto de ésta a las universidades que hasta entonces, siendo privadas, habían dado muestras de beligerancia, entre ellas la Universidad Libre de Bogotá, La Universidad Externado de Colombia, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad de Medellín. Los permanentes cierres de la Universidad Nacional y las tentativas de imponer el Plan Básico van generando al interior de los profesores cierta inconformidad que los lleva a respaldar la lucha del movimiento estudiantil en la defensa de la Universidad pública.

 Para 1970 el movimiento estudiantil ve surgir y desarrollarse a su interior una gran cantidad de grupos políticos que entran a disputarse la dirección del mismo. La Juventud Comunista (JUCO), organismo juvenil del Partido Comunista de Colombia ; la Juventud Patriótica, organismo juvenil del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) ; los Comandos Camilistas ; los Núcleos Ocho Octubre ; las tendencias socialistas, los grupos maoístas, el Parido Comunista (M-L), las fracciones trostkistas, los marxistas libertarios, los anarquistas y los grupos político-militares, tienen cabida en el amplio debate político que a partir de entonces empezará a darse al interior del movimiento y que desafortunadamente vendrá cargado de dogmas y verdades absolutas e incuestionables, posiciones sectarias y profundas fragmentaciones.

El 26 de febrero de 1971 se inicia la más grande batalla que el movimiento estudiantil le daría al régimen del Frente Nacional. En el desarrollo de una lucha particular que adelantaba la Universidad del Valle desde comienzos del mes, y que se unía a nivel regional a otros movimientos que se realizaban en la Universidad del Cauca, la Tecnológica de Pereira y en algunos colegios de secundaria de esa zona de país, se produce la ocupación militar de la fuerza pública generándose un enfrentamiento con grupos de resistencia de los estudiantes reforzados por obreros y sectores populares de la población de Cali que deja como saldo más de quince muertos, declaración de estado de sitio en todo el país y toque de queda en dicha ciudad.

 La mayor parte de las universidades del país se solidarizaron con los estudiantes del Valle, se realizan manifestaciones de protesta y enfrentamientos a todo lo largo del territorio nacional. Afanosamente los activistas buscan articular el movimiento a un programa mínimo que será dado a conocer en el mes de abril, en donde se reivindica la ya tradicional autonomía universitaria; se reclama la abolición de los Consejos Superiores Universitarios, proponiendo que se reemplacen por organismos provisionales con mayoría de profesores y estudiantes; la abolición del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior- ICFES ; la financiación de la Universidad por parte del Estado; el carácter rector de la Universidad Nacional como alma mater de la educación colombiana; destitución del rector de la Universidad del Valle; la revisión de los contratos con las entidades extranjeras y algunas otras reivindicaciones que ya hacía tiempo venían levantándose como banderas de lucha.

 Sin lugar a dudas, independientemente de las escasas conquistas alcanzadas, lo más importante de este conflicto fue que amplios sectores comprometidos con la educación universitaria se vieron envueltos en debates que buscaban definirle una posición clara a la política gubernamental. Esto no quiere decir que la persecución de estudiantes, las detenciones, expulsiones, reinscripciones condicionales y la “represión académica”, hubiesen cesado; al contrario, a partir de allí se ensaya en un gran número de universidades la administración de lo que con el tiempo serán conocidos por los estudiantes como “rectores policías”, entre ellos no debe dejarse de destacar Luis Duque Gómez, en la Universidad Nacional de Colombia, nombrado en mayo de 1972 después del fracaso de un ensayo de co-gestión.

En los últimos años del Frente Nacional, el gobierno impulsa al interior de las universidades una política de limpieza general de la inconformidad. Huelgas y ocupaciones, cierres y expulsiones se ven aflorar creando en el movimiento estudiantil fraccionamientos  y dispersión, sólo los grupos políticos buscan mantener en la Universidad la agitación; no obstante lo hacen enmarcados en dos tendencias abierta y claramente distintas: la reivindicación puramente gremial y el trabajo predominantemente político vinculado estrechamente a la lucha de clases.

En las elecciones presidenciales de 1974 estas dos tendencias se inclinan en sentido contrario, la primera buscará afanosamente la participación en la lucha electoral, mientras la segunda se inclina por la abstención. Dos muertos pondrá esta tendencia en dicha lucha: Yesid Castañeda y Darío Palma asesinados por las fuerzas estatales el 18 de abril de ese año.

 El ascenso al poder de Alfonso López Michelsen (1974-1978) creó expectativas en algunos sectores; su vinculación con el M.R.L en la década del sesenta llenaba de optimismo y esperanza a aquellos que pensaban que podría formular políticas favorables a la educación pública, pero en el desarrollo de su gobierno, ellas se fueron desvaneciendo.

Los enfrentamientos, las movilizaciones, la represión y los cierres siguieron siendo la constante de la vida en la Universidad frente a la incapacidad gubernamental de darle una solución adecuada a la creciente crisis administrativa y financiera. El llamado experimento “marxista” puesto en marcha en la Universidad Nacional con la rectoría de Luis Carlos Pérez, no apuntaba sino a crearle desprestigio al movimiento estudiantil señalándolo como un movimiento de rebeldía sin causa.

 Para finales de la década de los setenta, comienzos de la década de los ochenta el movimiento estudiantil persiste en la política de enfrentamiento al gobierno, sin la herramienta de trabajo que le es fundamental: la organización nacional. Las luchas parciales generan cierres de universidades que, en estos años, han demostrado producir dispersión, desmovilización y apatía. Un proceso inverso al que se produjo en la década del sesenta se está comenzando a dar en esta época y se agudizara en las décadas siguientes: la despolitización.

En medio de la mayor incapacidad y escepticismo, gran parte del movimiento estudiantil ve día a día perderse la universidad oficial en el más complejo mundo de reglamentaciones represivas con recortes sistemáticos de las posibilidades del bienestar universitario en materia de residencias y restaurantes y otros beneficios como movilidad, salud, investigación y prácticas académicas.

Las luchas estudiantiles de comienzos de la década de los ochenta demandaban un mayor presupuesto por parte del estado en la financiación de la educación pública, lucha que fue comprometiendo de manera cada vez más las reivindicaciones del estamento profesoral que inicia una serie de protestas frente al incumplimiento en los pagos y la expedición del estatuto docente; la respuesta a las demandas de estudiantes y maestros,  generalmente,  fue la represión, la ocupación militar de los campus universitarios y largos cierres de las instituciones de educación superior.

 

La criminalización de la protesta estudiantil

Duras protestas estudiantiles se desarrollaron durante la administración del presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) contra el estatuto de seguridad implementado en este gobierno que colocaba  en la mira de la fuerza pública a los movimientos sociales y en particular al movimiento estudiantil, el cual era considerado una cantera de militantes de organizaciones guerrilleras; la administración Turbay fue una época de cierres prolongados de universidades, expulsión de estudiantes y despidos masivos de profesores. En general este gobierno se caracterizo por la persecución a las dirigencias y movimientos sociales, la judicialización, las practicas arbitrarias de captura sin formula de juicio y la tortura.

En el gobierno del presidente Belisario Betancourt (1982-1986) se re-configuraron las dinámicas de la movilización estudiantil universitaria  en tanto se desplazaba parcialmente las tensiones localizadas con la fuerza pública, cada vez la movilización estudiantil levanta con mayor urgencia la necesidad de la financiación de la educación estatal frente a los permanentes recortes que se están haciendo en el universo de posibilidades de bienestar que afectan la permanencia de los estudiantes de provincia en las universidades públicas.

El desarrollo de las luchas estudiantes a lo largo de la década se va a ver abocada al crecimiento de la violencia institucional y al surgimiento del fenómeno paramilitar que va a descargar su acción en las instituciones universitarias sobre maestros y estudiantes produciéndose asesinatos y desapariciones de destacados dirigentes docentes y estudiantiles y, la utilización cada vez más frecuente del recurso del exilio, como mecanismo para sobrevivir a una década de escalonamiento de la violencia institucional y paramilitar.

Los estudiantes ante el recorte de los servicios de bienestar universitario organizan y adelanta en 1980 y luego 1982 la toma de las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional que terminaran con los acontecimientos del 16 de mayo de 1984  en la que en el marco de una manifestación violenta  se produce la captura, asesinato y desaparición de estudiantes en los predios de la universidad, el desalojo definitivo de las residencias estudiantiles, y un cierre de la institución por dos periodos académicos.

Estos acontecimientos son acompañados por otros hechos de violencia contras las universidades públicas en distintas regiones del país en las que se golpeo fuertemente al movimiento estudiantil y se genero su dispersión y acallamiento.

  • El movimiento estudiantil frente a la violencia narco-paramilitar

Desde mediados de la década de los ochenta, comienzos del noventa el país está envuelto en una ola de violencia narco-paramilitar que silencia prácticamente todo el movimiento social y político, generándose una serie de asesinatos selectivos y masacres con altísimos costos para el patrimonio  de liderazgo de los movimientos sociales, populares y políticos del país, el movimiento universitario no estuvo excepto de estas prácticas criminales.

El gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990), los estudiantes realizan importantes esfuerzos, por recuperar las dinámicas de movilización social y lucha reivindicativa en una época en que la sociedad toda esta sometida a lógica de terror. La nueva generación de estudiantes se preocupa por avanzar en proceso de organización buscando la unidad de los distintos sectores políticos y organizaciones gremiales existentes en las universidades, tanto en las públicas como en las privadas, que ven por igual una situación crítica de los problemas nacionales por el desarrollo de la guerra sucia paramilitar y el crecimiento del narcoterrorismo.

Es en esta época, al finalizar la década de los ochenta; que un sector de estudiantes, principalmente de las universidades privadas con el apoyo de sectores minoritarios de la educación publica,  gestiona “la séptima papeleta” y da curso a lo que se denominó el “movimiento estudiantil por la constituyente”, respondiendo funcionalmente a las demandas existentes en el país en el sentido de cambiar la Constitución de 1886, que cumpliendo cien años,  ya no respondía a las nuevas condiciones y exigencias de la época.

Durante la administración del  presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994) se expide después del desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, que contó con la presencia de un sector de la insurgencia desmovilizados (M-19. EPL, Quintin Lame…), la nueva Constitución Política de Colombia que dará fundamento a la expedición de la Ley 30 de 1992, sobre educación superior.

La política aperturista de Gaviria se extiende al sector educativo y las políticas neoliberales de privatización. Estas propenden por el recorte sistemático de la inversión social en educación, la disminución de las políticas de bienestar y la privatización creciente con el incremento de las matriculas. La reacción estudiantil no se hace esperar, pronto comienzan a darse en todo el país movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación pública, contra la privatización y por una financiación adecuada, oportuna y suficiente de la educación, banderas que se mantendrán en los siguientes años unidas a la lucha por la autonomía universitaria y la democratización de las universidades, así como por una política más amplia de bienestar universitario y mayor cobertura.

A estas luchas de carácter gremial, se unen otras las luchas que se recogen en la protesta estudiantil  la lucha contra la violencia perpetrada por parte de agentes del estado, la fuerza pública y grupos paramilitares, que siguen cobrando víctimas por desaparición y asesinato, generando la necesidad de levantar consignas por el derecho a la vida, el pensamiento crítico y la libre expresión de las ideas.

A la ley 30 de 1992 se atribuye el crecimiento de los procesos de  endeudamiento de las universidades públicas, la privatización y la responsabilidad de la crisis institucional que padecen los centros universitarios de carácter  estatal, a los que se les forzó  progresivamente a la obtención de recursos por venta de servicios, la consecución de proyectos de investigación con la empresa privada y a gestionar paulatinamente la autofinanciación de las mismas través de la educación postgraduada, la venta de servicios de extensión, asesoría, consultorías y educación continuada.

La situación generada por la Ley 30 de 1992, fue estructurando los programas y las agendas de lucha de los estudiantes y perfilando las consignas  de las movilizaciones estudiantiles que se oponen al deterioro creciente de la calidad de los programas académicos, la ampliación de cobertura sin recursos, la crisis en la infraestructura, falta de modernización, entre muchas otras aspectos que dificultan cada vez con mayor intensidad el funcionamiento eficiente de las universidades públicas.

Al finalizar la década de los noventa el movimiento estudiantil se manifiesta activamente en contra de la ejecución de políticas de austeridad y recortes del gasto público, en materia de recursos para la educación, el cual toma un tono más radical en razón del plan nacional de desarrollo del gobierno de Pastrana Arango(1998-2002) por el cual se denuncia el interés del estado colombiano en sustraer la naturaleza pública de la universidad al pretender configurar la proporción de los aportes con los que debe financiar los establecimientos educativos oficiales , poniendo en ejecución políticas que destinan la mayor parte de los recursos de la nación para la guerra y otros fines que no contemplan la prioridad de otras necesidades de la sociedad, como lo son por ejemplo, inversión en salud, seguridad social, vivienda, recreación, cultura y medio ambiente.

Desde comienzos del siglo XXI el activismo estudiantil vine orientando su lucha por los asuntos de la política pública en educación, la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos y por la búsqueda de un modelo educativo, social y económico más acorde a las necesidades y urgencias de la sociedad colombiana, lo que lo convoca a buscar aumentar la base social de apoyo a su luchas y movilizaciones y,  convertir la lucha por la educación en  un propósito nacional. Pese a la dura represión que el activismo estudiantil ha tenido que afrontar,  a las permanentes amenazas, a las listas negras de criminalización paramilitar, persiste en buscar unas formas de organización y de protesta que se revista de los apoyos sociales que las llene de legitimidad y las blinde contra todas las formas de violencia.

Durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se ejecuta una política económica neoliberal, amarrada al autoritarismo y la fuerza, mientras avanza  el detrimento del bienestar social y la calidad de vida  de la población colombiana y se precariza las posibilidades de acceso a la educación superior priorizándose la inversión en la educación técnica y tecnológica y en un modelo privatizado al servicio del mercado neoliberal.

Durante la administración Uribe Vélez, se registraron masivas manifestaciones estudiantiles que comprometieron causas como la oposición a las negociaciones del tratado de libre comercio con los Estados Unidos hasta el referendo a la constitución con el que pretendía su reelección presidencial. Durante esta administración se intensificaron  las denuncias de la represión tanto de fuerza pública, como de los grupos paramilitares; sin embargo, la decisión más lesiva para los campus universitarios fue la autorización del ingreso de escuadrones antidisturbios (ESMAD) a los predios universitarios en caso se protesta sin que mediara la aprobación de las autoridades de las instituciones educativas. Un fuerte dispositivo de inteligencia humana y técnica a través de la instalación de cámaras de vigilancia se fue imponiendo en las universidades.

La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) 

“Programa Mínimo”

Los reclamos estudiantiles de los últimos años tocan aspectos como la autonomía universitaria, la financiación de las entidades públicas y el bienestar universitario integral, la calidad académica, las relaciones con la sociedad y la vigencia de las libertades democráticas y los Derechos Humanos, puntos que conforman el “programa Mínimo” reivindicado por el la MANE se convierte en la expresión más significativa de la movilización estudiantil en el presente siglo.

Al conocerse en el mes de marzo del 2011  la presentación del proyecto de reforma a la educación superior presentado por la administración del presidente Juan Manuel Santos (2010-218) sin una rigurosa consulta con la comunidad académica, se presentó en el escenario de la Universidad Nacional una convención de organizaciones estudiantiles que se amplía a todas las esferas de la comunidad estudiantil y permite  socializar y discutir distintas propuestas, disolviendo las más sectarias diferencias para trabajar en unidad sobre una propuesta alternativa de educación, construida desde la base y los imaginarios propios del estamento estudiantil, constituyendo la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE-Colombia).

Los procesos de movilización estudiantil, cargados de innovaciones estéticas, simbólicas y artísticas, así como de diálogo con distintos sectores de la sociedad, la participación y vocería en el parlamento, las nuevas formas de llenar las calles de ideas, color, danza, performance, abrazatones, besotones y sobretodo de argumentos y razones  condujeron  a la convocatoria de un paro nacional universitario,  el 12 de octubre de 2011,  que recogió en unidad a 31 de las 32 universidades públicas del país, en la conocida “toma de Bogotá”, contra la reforma a la Ley 30 de 1992, que obligo al gobierno nacional, el 10 de noviembre de ese año,  a retirar la propuesta de reforma a la educación superior plasmada en el proyecto de Ley 112.

La MANE representa un fenómeno sin precedentes en la historia del activismo estudiantil y se puede señalar que su éxito al detener la reforma de la Ley 30 es una importante conquista de su capacidad de movilización estudiantil, pero que resulta un triunfo insuficiente, pues coloca al descubierto la necesidad de elaborar y defender una propuesta que configure una nueva política pública para la  educación, que garantice el acceso al ejercicio del derecho a la educación, como un derecho fundamental, que compromete su gratuidad, la excelencia de los programas, su pertinencia al momento histórico por el que atraviesa el mundo y a las necesidades de la sociedad colombiana,  así como la lucha por una financiación adecuada, suficiente y oportuna por parte de la sociedad y el Estado.

La historia del movimiento estudiantil colombiano ha sido la lucha por la  construcción histórica de un sujeto social, que se ha hecho sujeto derecho y se ha asumido en defensa de sus interés como sujeto político, protagonizando hechos trascendentales de la vida social, política y cultural del país, en donde dirigió sus esfuerzos por demandar en principio una reforma universitaria democrática al servicio de la nación.

Lejos de todo dogma político y sectarismo enceguecedor, sobre una profunda reflexión histórica del papel que está llamado a jugar en las actuales condiciones del mundo, el movimiento estudiantil colombiano debe buscar las formas de organización y los mecanismos que le permitan adelantar la lucha inaplazable de la defensa de la universidad pública contra los procesos de privatización y mercantilización neoliberal de la educación y la cultura.

Organización y programa mínimo

Alguna ideas para retomar la iniciativa…

El sector estudiantil universitario tiene en este periodo que volver hacer reingeniería organizativa,  la MANE se ha ido disolviendo, nuevamente, en la acidez erosiva del grupismo dogmatico, sectario, exhibicionista, arrogante y sin perspectiva de futuro, perdiendo la lucidez que le dio origen y le permitió constituirse en referente continental de la lucha estudiantil.

Hoy los jóvenes universitarios tienen que retomar el duro trabajo dela unidad en torno a un programa mínimo y luego   avanzar hacia la construcción de una vigorosa Federación Universitaria Nacional, capaz de mantener cohesionado a la totalidad de las organizaciones estudiantiles del país, convirtiéndose en una autentico movimiento social, empoderado en la  lucha por una educación pública al servicio de la solución de los problemas estructurales de la nación colombiana.

Deben construir el programa mínimo sobre una agenda que contenga en lo esencial:

  1. La lucha por la defensa de la educación pública que contemple a la educación como un derecho fundamental y reclame su gratuidad
  1. Una financiación adecuada, suficiente y oportuna por parte de la sociedad y el Estado colombiano
  1. La defensa de un modelo de  autonomía universitaria amplia y sin restricciones de ningún tipo.
  1. La democratización de la vida universitaria que conduzca a la elección de directivos y administrativos docentes por parte de la comunidad universitaria y al ejercicio de las prácticas democráticas en todas las actividades de la vida institucional que hagan de las instituciones de educación superior, de las universidades, empresas publicas y sociales eficientes.
  1. La lucha por un bienestar universitario integral y de calidad que garantice a toda la comunidad las posibilidades materiales y espirituales paras trabajar en armonía.
  1. Una reforma académica de los programas que le den pertinencia en relación con las necesidades estructurales de la nación unida a una revolución pedagógico-didáctica que tome en consideración las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y nuevos e innovadores sistemas de evaluación, todo dirigido a favorecer la excelencia académica.
  1. El fortalecimiento de la investigación con la articulación de los programas de formación de todos los niveles a las labores investigativas de las universidades dirigidas en especial a resolver los problemas del país, la ciencia y la cultura.
  1. Una estrecha relación entre las universidades públicas  y la sociedad colombiana a través de los programas de extensión, sea esta de carácter financiado o solidaria.
  1. Especial atención a las condiciones pluriétnicas y multiculturales de la sociedad colombiana, al fortalecimiento de las prácticas deportivas artísticas y culturales. Al reconocimiento de la diversidad y de las condiciones de la población con discapacidad.

Estos puntos,  entre otros,  deben salir al paso a la implementación de un modelo educativo que mercantiliza y privatiza la cultura y la educación.

Colombia está atravesando un periodo en el que se requiere el impulso, la fuerza y la inteligencia de los jóvenes universitarios organizados como un autentico movimiento social proyectándose en la lucha continental y mundial contra modelo neoliberal de educación.

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