“El discurso incendiario de los fascistas alimenta la violencia en las regiones”

Líderes sociales y reclamantes de tierras el jueves pasado en Bogotá.

Este año han sido asesinados 120 líderes sociales en Colombia, según el movimiento Marcha Patriótica.  Cada semana un nuevo nombre se suma a la lista negra. Los que han sobrevivido saben que poco ha servido pedir auxilio al Gobierno porque en sus territorios los que mandan son otros. Por eso han decidido tapar sus caras, ponerse máscaras para que no los identifiquen, para que no los maten. Mientras algunos congresistas, investigados por corrupción, se pasean por la ciudad con guardaespaldas, los defensores de derechos humanos se tienen que esconder.

Pocos saben lo que pasa en las zonas alejadas de Colombia, a las que hay que llegar por trochas, en donde las carreteras pavimentadas ni siquiera son una promesa de campaña. Sin embargo, cuando las comunidades negras que han habitado estos territorios han tratado de tener un papel que les dé la garantía, al menos bajo la ley, de que no los van a desplazar de ahí no ha sido fácil. Con la Constitución de 1991 se reconoció la presencia de estos pueblos y su derecho a que los espacios que han ocupado históricamente sean titulados de manera colectiva.

Dos años después, una ley respaldó ese vínculo entre los pobladores y el territorio. Desde entonces cerca de cinco millones de hectáreas han sido tituladas en el Pacífico, pero no ha sido suficiente. La comunidad negra se extiende por todo el país y en algunas zonas ha sido casi imposible conseguir Charo Mina, del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, el pasado martes en Bogotá.la titulación, dice Charo Mina, del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano(COMPA). En el Valle del Cauca, de donde es ella, como en otros rincones del país defender el derecho sobre un terreno ha estado en el medio de una difícil ecuación. Economía ilegal, presencia de grupos armados, intereses de multinacionales frente a la lucha de un sector de la población que ha siempre ha sido marginado. No hay que mirar muy atrás para comprobarlo.

Mina señala uno de los temas del acuerdo de paz con las FARC para demostrarlo. “En el punto más importante, el de la reforma rural, nos excluyeron. Del fondo de tierras se estipularon subfondos para los campesinos y para los indígenas, nosotros no aparecemos ahí”. El pacto de La Habana planteó habilitar un fondo de distribución gratuita que dispondrá de tres millones de hectáreas que serán destinadas a “trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente”, pero las comunidades afro piden claridad. O al menos que se reconozcan las solicitudes que han hecho desde 2001 hasta 2015 para lograr titulaciones colectivas. Según el Observatorio de territorios étnicos y campesinos (OTEC) de 271 consejos comunitarios que realizaron la petición el 29% no ha tenido ninguna respuesta, el 39% están detenidos por falta de algún trámite burocrático que no depende de la comunidad y solo el 13% ha tenido auto de aceptación para analizar el caso.

“Las comunidades de los pueblos negros han garantizado por varios siglos la sostenibilidad de los recursos y ecosistemas naturales como parte integral de su noción y vivencia en el territorio”, dice Mina, que señala, basada en el estudio del OTEC, que al menos mil hectáreas están en vilo por no haber logrado todavía la titulación. La preocupación se agudiza ahora en el momento de polarización que vive el país en medio de la primera campaña presidencial tras los acuerdos de paz.

“Hay mucho temor. El discurso incendiario de la ultraderecha de Colombia está alimentando la violencia en las regiones. Allí es en donde se siente y las palabras contra el proceso y la distribución de tierras terminan empoderando a los violentos”, asegura Mina, que prefiere no referirse a ninguna bandera política porque en Colombia las voces contra el acuerdo de paz se han escuchado sin distinción de partido.

La directora del OTEC, Johana Herrera, advierte de que el reconocimiento de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes es clave para la conservación de ecosistemas vitales, el bienestar de estos pueblos y en el contexto actual, es esencial para lograr una paz estable. Desde la dependencia que lidera junto a la Pontificia Universidad Javeriana han creado un sistema de información basado en material cartográfico para evidenciar cómo están los pueblos negros en la distribución de tierras.

Entre los hallazgos cuentan que en 148 consejos comunitarios (creados por ley) el 25% de procesos de titulación colectiva tiene afectaciones por proyectos agroindustriales en sus territorios, en 23% por hidrocarburos, en 6% por de diferentes ductos y el 7% por proyectos de infraestructura, que –según su investigación– evidencian las situaciones de vulnerabilidad que amenazan su condición de etnia.

LA LUCHA POR LA TIERRA

El último censo que se hizo en Colombia entre 2005 y 2006 señalaba que la población afro en Colombia representa el 10,6 %; es decir un poco más de 4 millones. Cali (en el Valle del Cauca) con el 26,2 % de personas afro, es la ciudad en donde más presencia tienen. En esa región, Antioquia y Bolívar se concentra el 50% de pueblos negros. Según la caracterización del Observatorio de territorios étnicos y campesinos en esos territorios sigue habiendo un número significativo de hectáreas por titular. Tierras de nadie que en el pasado desencadenaron conflictos y agudizaron la violencia.

Hasta el año pasado, la Unidad de Tierras había recibido 93.686 solicitudes de restitución, de las cuales el trámite de 36.717 ya ha finalizado, con 23.236 personas beneficiadas y un total de 189.424 hectáreas restituidas. El mayor número de solicitudes llegan por baldíos usurpados por la guerrilla (40%), seguidos por los paramilitares (35%) y delincuencia común (24%). Las zonas en donde hay más reclamantes es el departamento de Antioquia (17.019) y Bolívar (6.355).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *