Fue el Estado

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No es ni será nunca una frase pronunciada al vuelo, por el contrario, se trata de la sentencia misma de nuestra época

Un funcionario solo puede cometer tres clases de delitos, si hacemos caso al ensayista Rafael Sánchez Ferlosio.

El primero de estos delitos sería el delito común, es decir, aquel que lo iguala con el resto de los ciudadanos de su país y que es llevado a cabo más allá de los límites del puesto que ocupa.

Pongamos un ejemplo sencillo: un domingo, un gobernador cualquiera, revisando los periódicos, se encuentra con la noticia de la publicación de un libro que lo acusa de beneficiarse de una red de prostitución. Furioso, va a una librería y se roba un ejemplar del libro en cuestión.

El segundo de los delitos que un funcionario está en capacidad de cometer es el delito que Ferlosio denomina como paraprofesional, es decir, aquel que distingue al funcionario mencionado del resto de los ciudadanos. En este caso, el asunto se centra en la utilización de las atribuciones conferidas por su puesto para conseguir un beneficio privado.

Pongamos otro ejemplo, tan sencillo como el anterior: una tarde cualquiera, el mismo gobernador que imaginamos hace un instante, cansado de ver su nombre asociado a la red de prostitución infantil que denunciara una periodista, llama por teléfono a la casa editorial que publicara el libro, solicita que lo comuniquen con el director general y una vez que este le toma la llamada, amenaza con utilizar todo su poder si no retiran el libro de las librerías.

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El tercero y último de los delitos que un funcionario puede cometer, otra vez, en palabras de Ferlosio, es el profesional, es decir, aquel que lo enfrenta y que lo coloca en oposición directa al resto de ciudadanos de su país pero que también corrompe el quehacer del Gobierno y las estructuras del Estado. En este caso, el funcionario utiliza todos los medios que encuentra para conseguir un beneficio que ya no es tan sólo para sí, sino que se extiende a sus cómplices y, peor aún, es cometido en nombre de la figura del funcionariado.

Por esto, aseverar: fue el Estado, en nuestra realidad no es ni será nunca una frase pronunciada al vuelo. Por el contrario, se trata de la sentencia misma de nuestra época. Y es que los engranes fundamentales del mecanismo que perpetúa el delito profesional, la piedra de toque que convierte en horror la normalidad y que transforma en moneda de cambio lo que debiera ser mero accidente, permitiendo el castigo sin legitimidad ni legalidad, es la falta de penas para los culpables, para los culpables de delinquir pero también de corromper el sistema.

De ahí que no baste, por ejemplo, con que el Estado pida disculpas.

La obligación del Estado y de los Gobiernos es romper la maquinaria que los ha desfigurado. Y deben empezar por castigar a los culpables de los crímenes profesionales que, en su actuar, atentaron contra todo y contra todos. Los dinamitadores del contrato social deben ser juzgados. Y es que en tanto los delincuentes profesionales permanezcan libres, el otro fin de sus delitos: la vacuidad del ciudadano, la nulidad de la persona, la desaparición del individuo seguirá rigiendo la política y la vida diaria.

. ¿Por qué? Porque permitimos que los delincuentes profesionales impusieran un Estado bandido y porque dejamos que las víctimas fueran despersonalizadas.

Es un asunto traslúcido: la despersonalización de algo tan concreto como el dolor de uno y la instauración de un Estado al servicio de los criminales, convirtió al delito profesional en la manifestación del mal objetivo.

Por eso, para salir del círculo vicioso en el que hemos entrado hace tanto, hay que repetirlo: fue el Estado.

Fue el Estado. Y si queremos que las cosas cambien, si queremos dejar de vivir al interior de una maquinaria al servicio del delito profesional, hay que exigir mucho más que disculpas.


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