La mala hora del Ejército de Colombia

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, a mediados de mayo en Bogotá.
El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, a mediados de mayo en Bogotá. L. GONZÁLEZ

Un general es separado de su cargo y el segundo comandante de las Fuerzas Armadas es enviado de vacaciones tras varias denuncias. Una docena de suboficiales son detenidos por presunta corrupción

Las malas noticias sobre el Ejército colombiano no se han detenido en las últimas semanas. A las denuncias sobre el posible regreso de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales por parte de uniformados, se han sumado varias investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a varios generales; y, ahora, en un caso diferente, la Fiscalía ha detenido a 12 suboficiales involucrados en presuntos actos de corrupción.

Aunque desde febrero se han denunciado posibles irregularidades y la aparición de formularios en los que se exigía a los altos oficiales doblar las cifras de muertos en combate, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, esperó hasta este martes para tomar cartas en el asunto. Pidió explicaciones al general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral y Desarrollo del Ejército; envió a vacaciones al general Adelmo Fajardo, segundo comandante de las Fuerzas Armadas; y ordenó el traslado de dependencia al general Eduardo Quiroz, jefe del comando de apoyo de contrainteligencia.

“No todo se sabía, no se conocían a fondo algunas de esas investigaciones. El fin de semana recabamos información y como consecuencia y debido a la política de cero tolerancia nos propusimos adelantar acciones”, dijo el ministro Botero a medios de comunicación al responder a la pregunta de por qué no se actuó antes si las investigaciones se conocían desde el año pasado.

En su edición de domingo, la revista Semana reveló testimonios de tres personas, entre ellas un empresario, que señalaron al general Jorge Romero de entregar salvoconductos de armas a cambio de dinero, cuando fue comandante de la Cuarta Brigada, entre 2015 y diciembre de 2017. La investigación del semanario también salpicó al actual segundo comandante del Ejército, a quien señalaron de desviar dineros para asuntos personales. Y finalmente, al general Eduardo Quirós, por presionar a militares que estaban entregando información sobre falsos positivos a medios de comunicación.

The New York Times había informado sobre la existencia de documentos en los que el general Nicacio Martínez les pedía a varios oficiales duplicar resultados de muertes en combate, lo que despertó el recuerdo de los falsos positivos ocurridos durante el mandato de Álvaro Uribe, y que de acuerdo con la Fiscalía se contabilizan en 2.248 casos de ejecuciones extrajudiciales. Ante la evidencia de los documentos, el Gobierno de Iván Duque decidió retirarlos.

Pero internamente, según indicaron varios oficiales, se desató una cacería para conocer quiénes eran las fuentes de los periodistas, lo que incluyó pruebas de polígrafo, amenazas e incluso ofertas de dinero y permisos. Tras estas presiones, de acuerdo con Semana, estaría Quirós.

Las denuncias por el regreso de los falsos positivos se iniciaron en febrero cuando José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, alertó que Duque ascendería a Nicacio Martínez, actual comandante general del Ejército a pesar de que, si bien no tuvo una participación directa sí fue el segundo comandante y jefe del Estado Mayor de una brigada señalada por 283 ejecuciones extrajudiciales. El ministro Botero enfrentó una moción de censura por parte del Congreso de la que salió airoso y Martínez fue ascendido. Sin embargo, las nuevas denuncias de corrupción volvieron a agitar el mar de denuncias en el que se encuentra el Ejército.

Precisamente, la Fiscalía capturó a doce suboficiales del Ejército por un caso diferente del de los generales. Según el organismo investigador, estos militares se dedicaban presuntamente a “falsificar documentos y a realizar trámites ilícitos para ascensos y cambio de unidades militares”. Serán investigados por fraude procesal, acceso abusivo a un sistema informático, tráfico de influencias de servidor público, prevaricación por acción, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. Y, por otro lado, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra doce soldados por abuso de autoridad en un caso ocurrido en 2018, cuando una mujer resultó herida con cuatro impactos de bala mientras pasaba por un retén militar en el oriente del país.

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