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Como parte de las batallas por la independencia del continente y la construcción de las Repúblicas latinoamericanas, el Libertador Simón Bolívar combatió el flagelo de la corrupción en la administración pública y lo señaló como un delito de traición a la patria que el pueblo debe denunciar.
A propósito de este nuevo aniversario, una nota de AVN recuerda que, desde Lima, capital del Perú, el 12 de enero de 1824, Bolívar emitió un decreto de cuatro artículos para legislar la administración del tesoro nacional considerando que “la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios” debilitaba la República.
“El único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias”, consideró además el Libertador, quien en aquel entonces se encontraba en Perú para comandar —junto al Mariscal Antonio José de Sucre— la Batalla de Junín, en la que sería derrotado el último reducto del imperio español en tierras suramericanas.
Conforme a su papel de hombre de Estado, forjador de nuevas naciones, Bolívar promulgó en el artículo uno de aquel decreto que “todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado, o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital”.
Igualmente, la normativa indicaba que los jueces que no procedieran de acuerdo a lo decretado serían condenados a la misma pena.
“Todo individuo puede acusar a los funcionarios del delito que indica el Artículo uno”, señalaba el artículo tres, con el cual se exhortaba a la población a ser partícipes de la contraloría del erario público.
Finalmente, en el último y cuarto artículo, se ordena fijar el decreto “en todas las oficinas de la República”, así como su publicación y circulación.
EXTIRPAR RADICALMENTE
Hace 193 años, un 12 de enero, Simón Bolívar desde el Perú decretó la pena de muerte para todos los funcionarios públicos corruptos:
“Teniendo presente: 1º. Que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han intervenido en ellos; 2º.- Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y Decreto: Artículo 1º.- Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital”.
De esta forma, el Libertador contraatacaba una práctica generalizada enemiga de la causa de revolucionaria. En los sucesivos dos artículos, advirtió a los jueces que no cumplieran con la ley que sufrirían la misma condena, y dio la facultad de poder denunciar los casos de corrupción a cualquier ciudadano. En el 4º y artículo final “se ordena fijar el texto del decreto en todas las oficinas de los puestos republicanos, con el fin de que se cumpla esa ley inmediatamente”.
CORRUPCIÓN O PATRIA
La convicción de la transparencia en la conducción de los fondos públicos llevó al Libertador a la medida extrema de aplicar la pena de muerte a los delincuentes del tesoro nacional. Simón Bolívar tipificó a la corrupción administrativa como un cáncer contra la estabilidad del Estado, la confianza de las mayorías hambrientas de justicia y la defensa de la soberanía popular. La corrupción administrativa es traición a la patria y por ende, en un país de cambios profundos inspirados en el credo bolivariano hay que ser consecuente con su doctrina, que si bien parte hoy del respeto de la vida, exige mano dura en el marco de un Estado social de derecho y de justicia.