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No fue 1, ni fueron 2. Fueron 3 contratos entregados por MAURICIO AGUILAR HURTADO, el tercero del clan paramilitar a Emilio Tapia y el Grupo Nule en carrusel DE LOS BANDIDOS.
$600 mil millones de los santandereanos en manos de los corruptos más famosos del país!
Uno de los megaproyectos de infraestructura vial más esperados en el área metropolitana de Bucaramanga tiene detrás los tentáculos de personas involucradas en el famoso carrusel de la contratación en Bogotá. Y cómo no, el que nunca puede faltar en todo buen escándalo de corrupción estatal, el señor Emilio Tapia, la persona detrás del desfalco de los 70.000 millones de pesos de Centros Poblados.
Vamos por partes.
El pasado 8 de mayo fue un día de celebración para el polémico gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y el Consorcio Progreso Metropolitano. El 29 de mayo, el diario Vanguardia de Bucaramanga anunció, con entusiasmo, lo que pasó ese día entre esas dos partes con la firma de un contrato por la astronómica suma de 334.833 millones de pesos.
Esto con el objetivo de empezar la construcción del Anillo Vial Externo Metropolitano, una importante conexión entre Girón y Piedecuesta, que promete impulsar el progreso y la movilidad en la región y dar una alternativa para descongestionar la autopista. Si es que se construye, porque detrás de esta aparente buena noticia, se ocultan sombras oscuras y nombres que producen mucha sospecha.
Recordemos que el gobernador de ese departamento hace parte del oscuro clan Aguilar. Una familia famosa por robarse a Santander, evadir la justicia y por sus suntuosos diseños de sonrisa. Los Aguilar han tenido una hegemonía política que ha durado más de 20 años, fruto de unas fuertes alianzas con manzanillos y empresarios de la zona, lo que les ha permitido, electoralmente, mantenerse pese a sus profundos escándalos.
Los expedientes de esa familia empiezan por el padre y jefe del clan, el excoronel Hugo Aguilar Naranjo, quien a finales de 2019 fue recapturado por segunda vez gracias a la Corte Suprema de Justicia, por cuenta de sus alianzas con paramilitares y probados hechos de corrupción. El problema es que la batalla entre la justicia y el clan Aguilar es, a la usanza santandereana, como pelea de toche con guayaba madura.
De ahí vamos al caso de uno de los retoños de Hugo, el exsenador Richard Aguilar Villa. El hijo pródigo fue capturado en julio de 2021 por agentes del CTI, ya que funcionarios que trabajaron en su administración se transformaron en los principales testigos de las autoridades en su contra y lo señalaron de recibir millonarias coimas de contratos de infraestructura y obras públicas, entre ellas la remodelación del estadio Alfonso López, la casa del Atlético Bucaramanga, cuya mascota es un leopardo. Hijo de leopardo sale indiciado.
Según la investigación de la Fiscalía, Aguilar Villa y funcionarios de la Gobernación de Santander pactaron porcentajes para la adjudicación de contratos también en la rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético, otro sobre las obras en el corredor vial entre San Gil y Charalá, y uno más, de ñapa, para la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga a Floridablanca. Richard recientemente recuperó la libertad a causa de la especialidad más exitosa en el derecho penal colombiano, el vencimiento de términos.
Y ahora es la oportunidad de su hermano mayor, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, con un proyecto similar, pero más grande. Un proceso de contratación que había comenzado con la participación de cinco consorcios, pero como si se tratara de una selección natural, solo dos lograron avanzar hacia la etapa final.
El 29 de diciembre de 2022, dos días antes de finalizar el año y mientras todos estábamos comiendo tamal, buñuelos y cortando natilla para celebrar con nuestras familias, se emitió el acta de adjudicación que entregaba el codiciado contrato al Consorcio Progreso Metropolitano.
Como pudo determinar el equipo investigativo de esta columna, este consorcio, curiosamente, fue el único que cumplió meticulosamente con los requisitos de experiencia general y experiencia específica secundaria, establecidos en las bases de la licitación.
Una revisión de esos documentos por parte de colaboradores y corresponsales en la región muestra que esa experiencia, en relación con los pliegos de licitación, parecía casi sobrenatural. Demasiado específica para ser una simple coincidencia.
Sin embargo, la intriga no termina ahí. El 85 por ciento de participación en esta unión recae en una misteriosa empresa llamada Global Designs and Buildings SAS Zomac. Esta sociedad, con más nombre que experiencia, fue creada el 3 de agosto de 2021 en Morra, Sucre, apenas unos meses antes de que se iniciara el proceso de contratación. Pero lo que más sorprende no es eso, sino el historial que la empresa acreditó, ya que su única actuación reportada fue la pavimentación de modestos 43 kilómetros de vía. Nada.
¿Cómo una compañía recién creada y con un historial tan limitado podía estar al frente de un multimillonario contrato de tal magnitud? ¿Hay algo más detrás de esta empresa aparentemente inexperta? Veamos la historia o como se diría en santandereano, lárgueme esa joda.
Todo empieza con un nombre: Anthony Wong Lorduy, quien, al contrario de la sociedad, tiene tanto nombre como experiencia. Wong Lorduy es el representante legal y dueño del 98 por ciento de Global Designs and Buildings, y según consta en su perfil de LinkedIn, desde hace 14 años también ocupa el cargo de jefe de mantenimiento de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A, Sacsa, la concesionaria del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias. Es decir, sí tiene experiencia, pero no la que se necesita.
Pero aún hay algo que genera más sospechas. Si es inquietante que el jefe de mantenimiento de un aeropuerto sea el dueño del 98 por ciento de una empresa que factura cientos de miles de millones, resulta aún más inquietante quién es el dueño del restante 2 por ciento de Global Designs and Buildings, que pertenece a una empresa llamada Odeka S.A.S.
Aquí se pone mejor la historia. O peor. Odeka, conocida anteriormente como Suárez y Silva Ltda, ya que tienen el mismo NIT, fue representada por su real dueño, el señor Juan Carlos Aldana, nombre que nos lleva a uno de los mayores escándalos de corrupción en el país durante la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá, el llamado carrusel de la contratación.
Aldana fue investigado y condenado por irregularidades en la contratación de más de 67.000 millones de pesos. Aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y peculado en el contrato de adjudicación de unas ambulancias. Por esto un juez lo condenó a 6 años y 8 meses de prisión en un centro carcelario y una multa de más de 350 salarios mínimos.
Este hallazgo pone en relieve la conexión directa entre Global Designs and Buildings y un pasado turbio de irregularidades en diferentes procesos de contratación ya que, fuera de eso, Juan Carlos Aldana, es primo de Emilio Tapia, figura central en el escandaloso caso de los Centros Poblados. Pero no para ahí.
Aldana también fue mencionado con nombre y apellido por un testigo en el proceso de adjudicación del millonario contrato del MinTIC. Una de las declaraciones en poder de la Fiscalía, rendida por el ingeniero Alfredo Jesús Amín, explica de qué forma llegó a la licitación, cómo fue contactado, cuál fue su papel en este proceso y quién fue el responsable de recomendarlo con Centros Poblados.
El testigo dijo en la diligencia de interrogatorio que lo buscaron por la experiencia que tenía en la revisión de documentos y en “presentar propuestas” para procesos de licitación con el Estado. Aseguró que en Centros Poblados tuvo contacto directo con Juan Carlos Cáceres, luego con Robert Gómez, pero quien lo recomendó fue, nada más ni nada menos que Juan Carlos Aldana.
Amín les dijo a los fiscales anticorrupción que Aldana es un contratista con el que ha participado de varios proyectos y licitaciones, con empresas que están a nombre de este contratista, o de uno de sus testaferros, pero quien realmente se encuentra detrás de esa estructura es el señor Emilio Tapia.
Todo esto da una descripción de un modus operandi que ahora parece se va a aplicar en esta millonaria contratación del Anillo Vial Externo Metropolitano.
Por un lado, un gobernador de Santander parte de una familia donde existen condenas e investigaciones por pactar porcentajes para la adjudicación de diferentes contratos de infraestructura.
Por el otro, una licitación hecha a la medida del consorcio ganador, de la cual hace parte una sociedad recién creada que tiene como representante legal a un jefe de mantenimiento de un aeropuerto. Y una acreditación de experiencia de haber pavimentando la distancia de una maratón.
Finalmente, la misma compañía de la que es socio por tercera persona un personaje condenado por el carrusel de la contratación, que es familiar y carga maletas nada menos que del señor Emilio Tapia. Esto por un contrato que puede ser un desfalco cinco veces más grande que el monto ocurrido en Centro Poblados, donde quedan muchas dudas sobre la integridad del proceso de selección y en cambio muchas certezas sobre los tentáculos de Emilio Tapia en Santander y sus vínculos con la Gobernación. Si había platica en los Centros Poblados, espere y verá lo que hay en los Anillos Viales que los conectan.
En las últimas entregas de esta columna se ha venido develando una investigación que muestra cómo el condenado Emilio Tapia, a pesar de los procesos judiciales que enfrenta y de estar en la cárcel, ha contratado cerca de 1,2 billones de pesos en licitaciones de infraestructura. Todo en el último año. Con múltiples sociedades relacionadas con sus escándalos. Pues bien, otro nombre, o mejor, otro apellido, reconocido por su vinculación a millonarios desfalcos de recursos públicos, aparece en esta maraña de acuerdos que se han ido entregando a oscuras empresas en distintas regiones del país. ¿Les suenan los Nule?
El Grupo Nule, de propiedad de Manuel, Miguel y Guido Nule, recibió acuerdos multimillonarios durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, en Bogotá, en lo que ganaría infame notoriedad como el carrusel de contratación, en donde estaba vinculado su socio Emilio Tapia. Ahí se perdieron 175.000 millones de pesos de los contribuyentes, y por esos hechos los Nule, Tapia y el mismo alcalde terminaron condenados y tras las rejas.
Todo demuestra que la prisión no cumple el proceso de rehabilitación social, sino que el que delinque una vez, aprende en la cárcel a hacerlo mejor. Ya que los montos entregados durante el carrusel de la contratación a estos grupos como los Nule o Emilio Tapia parecen un juego de niños comparados con las megalicitaciones que han recibido en varias regiones del país, utilizando una sofisticada estructura de compañías para acordar a través de varios consorcios.
Expliquemos de nuevo esto. Pese a que aparecen varios oferentes en un mismo proceso de licitación, esta columna ha podido determinar que en la mayoría de los casos son las mismas personas detrás de los diferentes consorcios, en los pliegos ganadores y los perdedores. Eso hace que, dependiendo de las composiciones accionarias y societarias, las mismas empresas figuren como socios en una puja y rivales en la otra. Esto ha hecho muy complejo el proceso de rastreo del entramado completo de estas compañías que se han quedado con las obras de infraestructura, pero como dice quien fue mi profesor de derecho penal: un buen delito, por bueno que sea, siempre deja un rastro.
Y ese es el que, con el equipo de investigadores, hemos perseguido y les vamos a profundizar, enfocándonos en una licitación particular en Santander, que sobresale por revelar la modalidad que han estado empleando estos oscuros contratistas.
Como ya contamos en una columna anterior, el 13 de diciembre de 2022, la Gobernación de Santander adjudicó la construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para conectar territorios, gobierno y poblaciones nacionales, en una licitación que parecía hecha a la medida. Este contrato, extrañamente, venía dividido en dos lotes, lo que generó dos beneficiarios de los acuerdos.
En la entrega del Lote No. 1 que comprende el corredor Barichara – Zapatoca participaron dos consorcios: Conexiones viales Santander, y el ganador que se quedó con el botín de 134.000 millones, el ya conocido Consorcio Constructor GM Santander. Este estaba integrado por las empresas que hemos investigado en esta columna Constructora Manor SAS, Global Designs and Buildings SAS Zomac y Harinsa Navasfalt Infraestructura SAS.
Lo que sorprende de este contrato es que su oponente, el consorcio Conexiones Viales Santander, ha sido más cercano que lejano y más socio que rival. Revisemos.
Ese consorcio está compuesto por cuatro empresas: Constructora Montemariana SAS Zomac, Construmas de la Costa SAS, Constructora San Marino SAS y Lena Engenharia e Construcoes SA Sucursal Colombia.
La primera de ellas, Montemariana, fue creada en noviembre de 2019 y su domicilio está en San Jacinto, Bolívar, en una finca llamada La Bendición. Ahí viene la maldición, ya que entre sus accionistas se resaltan dos empresas, Paz Construcciones SAS e IGV Infraestructura.
IGV Infraestructura era más conocida con su nombre anterior, pero el mismo NIT, Inversiones Grandes Vías e Ingeniería Ltda, una sociedad que de vieja data ha sido relacionada a los desfalcos de la familia Nule.
Para poner solo un ejemplo, esta compañía está involucrada en el escándalo de corrupción del acueducto La Mesa-Anapoima que sigue sin materializarse. Hace una década, en 2012, la Auditoría General y la Contraloría de Cundinamarca advirtieron sobre ese presunto detrimento patrimonial de más de 40.000 millones de pesos. En estas obras, que se vienen incumpliendo desde 2006, la Fiscalía investiga la participación de Miguel, Manuel y Guido Nule. La razón para eso es que el consorcio que se ganó el contrato estaba compuesto por varias empresas, entre ellas Inversiones Grandes Vías e Ingeniería Ltda.
Esta compañía que ahora es introducida con un nombre que responde a sus siglas, IGV Infraestructura, ha presentado como experiencia para ganarse otros procesos, sus relaciones con Aguas Kapital, otra de las empresas históricamente relacionadas con los polémicos robos de los Nule.
La Sociedad Aguas Kapital Bogotá SA ESP, constituida el 2 de diciembre de 2002, siguiendo el libreto, ha cambiado innumerables veces su nombre y objeto social, pero manteniendo su NIT, para esconder sus escándalos, pero conservar su experiencia, que es la parte clave en una licitación.
Por eso volvamos a Santander. Como es obvio, los Nule no se presentaron ahí para perder. Este mismo consorcio participó también para el segundo lote del contrato y, efectivamente, le fue adjudicada la construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Gonzaga- Santa Rosita, por la bicoca de 88.000 millones de pesos.
A esta puja también se presentó Consorcio Constructor G.M. Santander, quien se quedó con el contrato del Lote No.1. Es decir, para explicarlo en plastilina, ambos se presentaron a las dos partes de la licitación, las compañías asociadas a Emilio Tapia se ganaron el primero, y las sociedades históricamente relacionadas a los Nule se quedaron con el segundo. Una situación en donde estos convictos empresarios ganaban con cara, con sello e incluso si la moneda caía parada.
Vamos a eso. Entre las empresas que integran estos consorcios hay una relación de vieja data. Pongan atención que se pone más complicado.
Construmas de la Costa y Lena Engenharia e Construcoes SA Sucursal Colombia, dos de las empresas que integran el consorcio donde apareció la empresa relacionada a los Nule, ya se habían presentado en otra oportunidad para la licitación que mencionamos en una columna anterior, para la obra correspondiente a la construcción del nuevo Anillo Vial de Valledupar, que fue asignado hace pocas semanas a empresas asociadas a Emilio Tapia, con una inversión de 110.739 millones de pesos.
En esa ocasión, Construmas de la Costa y Lena Engenharia e Construcoes SA Sucursal Colombia se presentaron en compañía de Harinsa Navasfalt, la misma del Consorcio G.M Santander relacionada con Emilio Tapia, con quienes en esta ocasión se enfrentaron, y que en el caso de Valledupar perdieron ante una de sus mayores aliadas, Global Designs and Building, también de Emilio Tapia.
Pero para hacerlo más complejo y más difícil de rastrear, estos personajes buscaron un tercero, que participara en el proceso y le diera visos de pluralidad, y ahí entró el consorcio Vías San Gil, integrado por Ingeniería y Construcciones del Cesar SAS, Meyan SA, Meg Obras SAS y por Ingeniería y Obras de Colombia SAS.
De este grupo de empresas se destaca Ingeniería y Obras de Colombia SAS, que, cambiando su domicilio a Barranquilla en 2019 pero manteniendo su NIT, se presentó en compañía de Paz Construcciones, uno de los dueños de Montemariana SAS, miembro del consorcio adjudicatario del Lote No. 2 que otorgó la Gobernación de Santander y se quedó con un contrato de 6.200 millones con el Instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca.
Esta maraña muestra que los tres contratos más altos por monto que ha entregado en su periodo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, han sido para empresas relacionadas con los Nule y Emilio Tapia. La pregunta que eso genera es ¿cuál es el cuarto en tamaño? Pues ahí tampoco hay sorpresas.
El 21 de noviembre de 2022 fue asignado el acuerdo para el mejoramiento de la vía secundaria que comunica los municipios de Jesús María y Florián, beneficiando los municipios de Tununguá y Saboya, este último en el departamento de Boyacá. Esto se lo ganó la Unión Temporal Vial CI como único proponente por la módica suma de 54.000 millones de pesos.
La Unión Temporal Vial CI es un consorcio que lo componen dos empresas. Ingvias SAS con el 20 por ciento y Construcciones y Servicios SAS con el 80 restante. El dueño de Ingvias, en un 100 por ciento, es una empresa que hemos revisado en las columnas anteriores llamada Odeka SAS, conocida anteriormente como Suárez y Silva Ltda, ya que tienen el mismo NIT. El real dueño de Odeka es el señor, también condenado por el carrusel de la contratación, Juan Carlos Aldana, primo y socio de Emilio Tapia.
Lo más interesante es que Ingvias fue constituida el 11 de febrero de 2022, es decir que no tenía ni un año cuando se ganó ese contrato. Para demostrar experiencia, puso una licitación que se había ganado Suárez y Silva Ltda por más de 17.000 millones de pesos para construir el corredor del Paletará, que es un tramo que une San José de Isnos en Huila hasta Paletará en el Cauca. Una revisión de esos documentos demuestran que el ganador fue la Unión Temporal Corredores Arteriales.
Las empresas que conforman ese consorcio exponen lo más interesante. Son una compañía llamada Constructores Gayco SA, MNV SA, Gas Kpital GR SA y la conocida Suárez y Silva Ltda. Ya sabemos que esta última es asociada a Emilio Tapia, mientras que Gas Kpital GR, es uno de los nombres que ha tenido Sociedad Aguas Kapital de los Nule, y la otra compañía que se llama MNV, lo dice todo en sus siglas que corresponden a Miguel Nule Velilla.
Todo esto revela una complicada red de empresas atadas a multimillonarios escándalos, que desde el carrusel de contratación nunca han dejado de licitar y contratar pese a que sus dueños reales están condenados. Lo único que han hecho diferente es cambiarles el nombre para maquillarlas con un color de legitimidad, y juntarlas con otras compañías que tienen la experiencia y con eso formar la composición exacta de cada consorcio a la medida justa de las licitaciones.
Lastimosamente la totalidad de esos caminos conducen a los mismos nombres: Emilio Tapia y los Nule. Y esos nombres conducen a un único camino en el que, como en el carrusel de contratación, nunca se terminan las obras y siempre se pierde la plata. En este caso mucha, mucha plata.