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En este cuadro ustedes podrán ver por donde se pagó el otro soborno de US$3.4 millones por el grupo Aval a un funcionario del gobierno Santos.

Se trata del pago por un contrato de estabilidad jurídica que redujo el pago de impuesto de renta del 35% a un poco más de el 1%.

El abogado de esta operación por el grupo Aval fue el posterior fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por el cual recibió una comisión de éxito.

Solo necesita estudiar que funcionarios intervienen en los acuerdos de estabilidad jurídica dentro de los gobiernos, que expuse con nombres propios en mi debate en el Senado.