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“Hay que equilibrar los derechos de las empresas y los ciudadanos para garantizar la igualdad y la equidad en los servicios públicos”, afirmó Alexander López Maya.

Bogotá, 29 de junio de 2024

El Departamento Nacional de Planeación prepara la presentación ante el Legislativo de un proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, para buscar un modelo más equitativo que priorice al usuario y fomente la participación de actores sociales y organizaciones comunitarias en la prestación de los servicios.

Alexander López Maya, director del DNP, aseguró que actualmente existen profundas brechas de acceso a los servicios básicos en diversas regiones del país.

“Hay que equilibrar los derechos de las empresas y los ciudadanos para garantizar la igualdad y la equidad en los servicios públicos”, afirmó López Maya ante el Congreso de Andesco, que sesionó en Cartagena.

Según el DNP, si bien Colombia ha logrado avances en cobertura y calidad de los servicios públicos, estos beneficios no se han distribuido equitativamente. Por ejemplo, destacó “la preocupante situación del acceso al agua potable”, pues dijo que 12,8 millones de colombianos carecen de un servicio de calidad, incluyendo 3,2 millones que no tienen acceso a ningún tipo de agua potable.

“En pleno siglo XXI hay 2,6 millones de compatriotas de las zonas rurales sin agua, y 600 mil ciudadanos de las periferias que no pueden abrir una llave”, señaló.

En cuanto a la energía eléctrica, explicó que la cobertura alcanza el 94,9%, pero cerca de 818 mil viviendas (4 millones de personas) no cuentan con el servicio, principalmente en regiones vulnerables. “La calidad del servicio también presenta diferencias significativas, siendo cinco veces mayor en Bogotá que en el departamento de Caquetá”, señaló.

El director del DNP también resaltó las desigualdades en las tarifas de energía, especialmente en la región Caribe, donde la población ha tenido que pagar $2,7 billones por las pérdidas de energía.

López Maya atribuyó estas inequidades en la prestación de los servicios públicos al modelo actual, basado en la Leyes 142 y 143 de 1994, que otorgan al Estado un papel limitado, dejando la gestión en manos del sector privado.