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No quiero un procurador que se pliegue al gobierno,

pero indudablemente lo que menos quiero es un Procurador que convierta la procuraduría en una policía política como hizo Ordoñez o Cabello.

El uso de procuradurías y fiscalías como armas políticas extorsivas construidas bajo el cartel de la toga, Néstor Humberto Martínez y Barbosa/Mancera no sólo le quitaron libertad a la política, sino que destruyeron la credibilidad del poder judicial y entregaron a las mafias y a poderosos intereses particulares, secciones enteras de la justicia.

Lo que opera en la justicia privada dirigida por la corte arbitral, por ejemplo, debería contar con una vigilancia especial.

No debe volver más una fiscalía construyendo una candidatura presidencial sobre la base de encarcelar competidores o extorsionar políticos sindicados para apoyarla, sobre la base de una inmensa impunidad con el crimen.

El fin de los procesos de investigación sobre la parapolítica, el sabotaje a la paz que hizo crecer de nuevo la violencia después del proceso de paz del 2016, el descreimiento en la justicia que es la base del incremento de percepción de inseguridad de las y los colombianos, la corrupción sin límite en el gobierno Duque, son las expresiones de una justicia diseñada por el Vargasllerismo y que bien podemos denominar como “el cartel de la toga”.

La justicia no puede ser arma política, o como dicen en inglés lawfare, la justicia debe ser poderosa, ciudadana e independiente de la política.