.-.
Los falsos positivos en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales como parte de la política de seguridad de la época 2002-2003. En la 4ª Brigada la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar “muertes en combate” como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas, y no ser retirados o trasladados del Ejército”, así comenzó el comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP en la que se dio a conocer la imputación contra el general ( r ) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional.
Agrega que el comunicado de la JEP que “La presión por muertes en combate fue ejercida por el comandante de la Brigada general (r) Mario Montoya y por los comandantes de los distintos batallones especialmente del batallón de Infantería número 4 Jorge Eduardo Sánchez sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales”.
Chorros de sangre
Dice la JEP en su veredicto, que “La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que la obligación impuesta por el general (r) Mario Montoya Uribe como comandante de la Cuarta Brigada a las unidades tácticas de reportarse en términos de litros, chorros, ríos, barriles o carrotancados de sangre fue una orden recurrente.”
General Montoya también es investigado en otros casos
Asimismo, la JEP señaló que “La imputación se da en el marco del subcaso Antioquia 1 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas y legítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño. La Sala continúa investigando los hechos en Antioquia entre 2004 y 2006 y algunos hechos ilustrativos del 2007. Así como la presunta responsabilidad del general Montoya en otros hechos de ejecuciones extrajudiciales, mientras fue comandante del comando conjunto Caribe y del Ejército Nacional”.
Asegura la JEP que la Sala de Reconocimiento también continúa investigando los crímenes cometidos por agentes del Estado en connivencia, asociación u operaciones conjuntas con grupos paramilitares en Antioquia en el marco del caso 8. Hasta el momento la JEP ha imputado a 62 personas por falsos positivos.
Sobre la imputación al general Montoya
En el caso específico de la imputación contra el general retirado Mario Montoya Uribe, la JEP señaló que “Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportarán capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados, la JEP imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general Mario Montoya Uribe”.
La decisión: 130 asesinatos
Agrega que “La decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad contra el excomandante del Ejército Nacional se da por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas cuando el oficial fue comandante de la Cuarta Brigada con sede en Medellín entre el 2002 y 2003. Por estos mismos crímenes fueron imputados los tenientes coroneles retirados Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No 4”.
Asesinatos presentados ilegítimamente como bajas en combate
“La imputación del excomandante de la 4ª Brigada y de los dos excomandantes del Batallón de Infantería No 4, se sustenta en parte en la presión que cada uno de ellos ejerció por bajas en combate, una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”.
A través del quinto auto determinación de hechos y conductas que se emiten en el marco del caso 3 que investiga falsos positivos y el primero que se conoce en el subcaso Antioquia, que priorizó el oriente de ese departamento, la JEP documentó que las unidades tácticas pertenecientes a la 4a Brigada, asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en 16 municipios, entre ellos San Carlos, Granada, San Rafael y Cocorná”
Seguidamente dice la JEP que “así mismo determinó que el fenómeno criminal se inscribió en la política de la 4ª Brigada del conteo de cuerpos, es decir la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar”.
Remate la JEP en el anunció de la imputación de cargos contra el excomandante del Ejército que “Por ser máximos responsables por su posición de liderazgo y en su calidad de garantes de los derechos de las personas, la JEP llamó a reconocer responsabilidad al antiguo comandante de la 4a Brigada quien después fue comandante del Ejército Nacional, general retirado Mario Montoya Uribe, así como a los dos antiguos comandantes del Batallón de Infantería No 4 “por contribuir a generar las condiciones propicias para que los ejecutores materiales perpetraran los crímenes, condiciones sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada.
Héroe de la patria: Uribe
Esta que, sin duda es una de las noticias que más revuelo ha causado este miércoles, ha sido motivo de álgido debate en las redes sociales. El candidato a la Alcaldía de Bogotá y exsenador Gustavo Bolívar le recordó al expresidente Álvaro Uribe cuando éste calificó al entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, “héroe de la patria”.
“Mario Montoya, comandante del Ejército del Gobierno Uribe ha sido imputado por 130 ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Héroe de la patria para Uribe, asesino de inocentes para la justicia”, escribió Gustavo Bolívar.
Bolívar trajo a colación un episodio durante un debate de moción de censura en el Congreso que se le hizo al ministro de Defensa de Iván Duque, Guillermo Botero. En ese debate el expresidente Uribe en calidad de senador dijo que el “General Montoya ha sido un héroe de la patria”.
rango fue nombrado embajador en República Dominicana. Desde su llegada recibió cuestionamientos y denuncias a nivel nacional e internacional sobre presuntos comportamientos irregulares, violación de derechos humanos y actuaciones comprometedoras en los denominados “falsos positivos” que empezaron a golpear su rol diplomático. En 2011 se vio forzado a renunciar tras ser cuestionado por varios congresistas entre ellos Iván Cepeda, que dijo que el gobierno no podía permitir que el servicio diplomático se convirtiera en “un servicio de impunidad, manteniendo embajadores y cónsules seriamente cuestionados por vínculos con grupos paramilitares o con violaciones a los derechos humanos”.
Su salida también se vio permeada por la coyuntura. En esa época se supo, luego de varias investigaciones, que los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha que se suponía habían sido dados de baja en combate, resultaron siendo ejecuciones extra judiciales confirmadas.
Una de las investigaciones más complicadas que tiene en su contra por su impacto internacional, es el caso de su presunta responsabilidad en la masacre de ocho campesinos en San José de Apartadó en el año 2005. Labriegos, pobladores y defensores de derechos humanos han solicitado incluso que su caso vaya a la Corte Penal Internacional.
Algunos de los militares acusados de participar en los asesinatos, relacionaron al general Montoya, quien para ese entonces comandaba la Primera División del Ejército, con el diseño de la operación Fénix y lo acusaron de haber presuntamente autorizado a los oficiales para usar guías civiles, hechos que terminaron con la masacre de esos ocho habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a manos de paramilitares del Bloque Héroes de Tolová.
La masacre se produjo entre el 21 y el 22 de febrero de 2005, cuando un grupo de cerca de 60 paramilitares comandados por alias “don Berna” y al parecer protegidos por miembros de la Brigada XVII del Ejército ingresaron a esta zona del Urabá Antioqueño y asesinaron a ocho personas, incluidos tres niños.
Los testimonios del Capitán Guillermo Gordillo y de los exparamilitares José Joel Vargas, alias “Pirulo”, y Adriano de José Cano Arteaga, alias “Melaza”, fueron esenciales para establecer la posible responsabilidad y conocimiento de los hechos por parte de Montoya. Tanto los oficiales que declararon como los exparamilitares, confirmaron que trabajaron de manera conjunta y que bajo el conocimiento de la comandancia.
General (R) Mario Montoya recibiendo su cargo como embajador de Colombia en República Dominicana Foto: elespectador.com
Operación Fénix Foto: elespectador.com
Operación Jaque Foto: periodismosinfronteras.org
La operación Orión es tal vez el caso más complicado que enfrenta el general Montoya en el dossier de investigaciones que tiene en su contra. En octubre del 2002, se llevó a cabo esta acción militar con más de 1200 hombres, que con armas de alto calibre ingresaron a la Comuna 13 de Medellín y realizaron allanamientos, capturaron “células de las FARC y el ELN” y dieron de baja a presuntos criminales, con el fin de recuperar la comuna y brindarle “seguridad a la comunidad”.
Según varios testimonios de testigos y habitantes de la Comuna 13, Orión fue realizada por un grupo de paramilitares, militares del Ejército y miembros de la Policía Nacional. La población vivió esa noche detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones que marcaron la sangrienta historia de una población que nació y creció en un margen de violencia, pobreza y muerte.
En 2009, Diego Fernando Murillo alias “don Berna” dio versión libre desde una cárcel de Estados Unidos, en donde confirmó que bajo una supuesta alianza, la cuestionada operación Orión, realizada en el 2002, sí se desarrolló de manera coordinada entre tropas del Ejército, la Policía y el Bloque Cacique Nutibara de las AUC que él mismo dirigía.
En 2010 Mario Montoya fue señalado por el narcotraficante Daniel Rendón alias “don Mario”, de haber recibido 1.500 millones de pesos por parte del exjefe paramilitar del Bloque Centauros de las AUC Miguel Arroyave, para supuestamente fortalecer los operativos en contra de Héctor Germán Buitrago alias “Martín Llanos” en los Departamentos de Meta y Casanare entre el 2003 y 2004. Dos años más tarde el general en retiro fue citado a dar versión libre ante la Fiscalía por orden de la Corte Suprema de Justicia, sobre su vinculación con el delito de enriquecimiento ilícito.
Montoya también ha sido salpicado por desmovilizados de las autodefensas que dijeron que el comandante de la entonces IV Brigada les había hecho “regalos” a los “paras” por sus labores. En 2008 Alias “Diomedes” dijo en versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz que en el 2002, el entonces oficial del Ejército, hizo la entrega personal de siete fusiles y una camioneta como regalo para el que era Comandante del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Esta acusación fue luego corroborada por Libardo Duarte alias “Bambán” ante la Corte Suprema de Justicia en donde dijo que Montoya era colaborador del Bloque Metro de las ACCU. Alias el “Tuso”, también lo relacionó con la conocida oficina de Envigado y dijo que el general incluso hacía parte de la nómina de esta “oficina” criminal ubicada en Antioquia.
La última acusación que ha protagonizado el ex comandante del Ejército se dio en el 2013. Adolfo Enrique Guevara alias “101”, capitán (R) y ex paramilitar dijo en entrevista con el periodista Gonzalo Guillen que los falsos positivos en los que él mismo participó, era una política de Estado y que Mario Montoya tenía pleno conocimiento de las operaciones que se realizaban para darle “triunfos” falsos al país. Con documentos que prueban la veracidad de su relato, Guevara acusa al Álvaro Uribe y a Mario Montoya de haber ordenado bajas a costa de todo y consentir las ejecuciones extra judiciales realizadas por algunos militares en coordinación con paramilitares.
Mario Montoya en su salida del comando del Ejército Foto: semana.com
Mario Montoya recorriendo la Comuna 13 de Medellín cuando comandaba la IV Brigada del Ejército Foto: elcolombiano.com
Masacre en San José de Apartadó Foto: semana.com
Alias “101” retirado de las AUC desde 2004, dijo que el ex comandante de esa institución y ex embajador en República Dominicana actuaba aliado con las autodefensas y ordenaba las ejecuciones extrajudiciales “esas eran las políticas de Mario Montoya, denlos de baja, denlos de baja, y si no hay bajas miren a ver como haces para traérmelas”. El relato incluye el mecanismo que se utilizaba para legalizar todas las “bajas” por medio de documentación falsa, escenas arregladas por los mismos militares y firmas de los comandantes del Ejército.
Aseguró, incluso, que el general no solo tenía nexos con los “paras”, sino que además recibía un salario de las autodefensas y tenía una relación muy cercana con los comandantes paramilitares de la zona. “El general decía que pasa esta semana que no tenemos resultados de bajas y cuando el decía eso, los comandos paramilitares coordinaban todo y me decían a donde debía ir y al que se me bajara lo mataba”.
Montoya ha negado las diferentes acusaciones, pero esto no ha impedido que las investigaciones en su contra continúen. Con los señalamientos del capitán Adolfo Enrique Guevara, apoyado en cientos de documentos con órdenes de bajas y legalizaciones al parecer falsas, se complica aun más el panorama del ex Comandante del Ejército enredado con nexos paramilitares y manuales para asesinar y producir cifras de “buenos resultados” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.