25 de septiembre de 1987, fueron asesinados Manuel Motta Motta y Alberto Gutierrez Pulido
El 25 de septiembre de 1987, el abogado MANUEL JOSÉ MOTTA MOTTA, dirigente del Partido Liberal y hermano del senador por la Unión Patriótica Hernán Motta Motta y ALBERTO GUTIERREZ PULIDO, médico cirujano del hospital Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga, cuñado del senadopr Hernán Motta fueron asesinados por sicarios en la vía que de Bucaramanga conduce a San Gil, en inmediaciones de Curití.
Manuel y Alberto se movilizaban en un automóvil cuando fueron interceptados por otro vehículo en el que se movilizaban los sicarios. Luego los victimarios se subieron al carro de Manuel y Alberto en el asiento trasero y los obligaron a desviarse de la carretera principal tomando un ramal que conduce a Curití, una vez allí les dispararon por la espalda causándoles heridas graves que los llevaron a la muerte.}
Mes y medio después del asesinato del hermano del sewnador de la UP Hernán Motta Motta debió soportar nuevamente la persecución de los paramilitares cuando un grupo denominado Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista (MOENS), el mismo que en un pamfleto repartido por toda la ciudad de Bucaramanga, el 9 de noviembre de 1987: lo amenazó de muerte, así como al diputado CARLOS RODRIGUEZ CELIS y el dirigente HERNAN VARGAS, militantes de la UP.
En esa misma fecha el MAS amenazó a todo el comité ejecutivo de la Unión de Trabajadores de Santander (USITRAS).
Hernán y otros dirigentes de la UP habían sido amenazados un año antes por medio de intimidaciones realizadas telefónicamente por los paramilitares al radio-noticiero Todelar de Santander, agregando que si no abandonaban la región y el país serían asesinados.
A este se le atribuyó el asesinato del parlamentario Leonardo Posada cometido en Barrancabermeja, por el grupo paramilitar denominado MAS
Manuel Motta Motta fue Alcalde de Bucaramanga
En 1982, el doctor Iván Motta Motta le dijo a la revista SEMANA:
LA CENICIENTA DEL PAÍS ES LA JUSTICIA
“En Colombia, la justicia es la cenicienta del Estado. Hace 34 años se está hablando de carrera judicial y todavía no hay nada. Cuando matan a un policía hasta el Presidente le rinde justo homenaje, pero cuando matan a juez ni se inmuta”.
Con estas afirmaciones, el Secretario General de la Asociación Nacional Judicial (ASONAL), Iván Motta Motta introduce la posición de la organización sobre el problema de la inseguridad.
El dirigente dé ASONAL, entidad que aglutina 15.000 empleados de la rama jurisdiccional, es muy enfático en señalar la necesidad de una reforma, como una de las medidas que pueden contribuir a evitar que se continúe deteriorando el sistema democrático. Sin embargo, y a pesar de que son partidarios de ella, históricamente ninguna reforma ha consultado la opinión de magistrados,jueces o abogados.
“El país la necesita. Pero estamos en contra de la reforma que pretendió implantar este gobierno, porque no responde a las necesidades de la justicia, porque no hay una policía judicial capacitada, porque es represiva e introduce la politización en los nombramientos”.
La situación de violencia e inseguridad que vive el país y que tiene sus más profundas ralces en los desajustes sociales y el desequilibrio económico, no se elimina, según Motta Motta con el aumento de penas, ni tampóco con la posible vigencia del Código de Alta Policia que será presentado para su estudio en las próximas sesiones parlamentarias. “Ese código no es otra cosa que la recopilación de las medidas represivas que contempla el Estado de Sitio y el Estatuto de Seguridad. Nosotros lo combatimos, porque defendemos un estado de derecho democrático. Esa no es la solución al analfabetismo y el desempleo”. El inhumano sistema carcelario, las malas condiciones locativas de los juzgados, la ineficiencia en el aporte de pruebas, la poca profesionalidad de la investigación que, muchas veces, lleva a la violación de los procedimientos y el hecho de que sólo hay un Instituto de Medicina Legal en el país, son apenas un reflejo de la poca preocupación del Estado por la justicia y la demostración palpable de que el sistema es obsoleto. Por eso, Motta Motta coincide con las ideas expresadas por el magistrado Enrique Gutiérrez Lacouture sobre la eliminación del Ministerio de Justicia, debido a que su actual función se limita a la administración de un presupuesto, sin ingerencia alguna en el nombramiento de jueces, la designación de magistrados, la elección de agentes del Ministerio Público.