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A esta conclusión se llegó luego del debate realizado en la plenaria de la Asamblea Departamental y que fue liderado por el diputado Jonathan Duarte Rojas, quien desde la vigencia anterior venía preparando toda una artillería de argumentos para demostrar que la maquinaria pesada adquirida por el gobierno seccional en 2013, fue un mal negocio para los santandereanos.

Según los términos usados por el mismo corporado y quien participó de manera virtual, esta sesión de control político a las finanzas, recursos y patrimonio del departamento, era necesaria para dar a conocer varias inconsistencias en la ejecución del contrato 3083 de 2013, firmado entre la Gobernación y la Unión Temporal Equipos y Mantenimiento vial de Santander.

“No desconocemos la importancia que en su momento el Gobierno departamental haya tenido la iniciativa de constituir un banco de maquinaria para la región; sin embargo las incidencias y las consecuencias que este tuvo, sumado a lo que está pasando sucediendo con los comodatos a los municipios beneficiarios, se prenden las alarmas para que la institucionalidad realmente empiece a operar y dar los resultados que se necesitan”, apuntó el también segundo vicepresidente de la Duma.

De acuerdo con la información presentada, de los recursos de los santandereanos se invirtieron poco más de $54 mil millones en la compra de maquinaria pesada supuestamente de reconocidas marcas comerciales y que luego de pocos años de uso, fueron a parar bajo la figura de comodato a 26 municipios del departamento, sin que hasta hoy, se tenga conocimiento de su estado, ubicación o grado de operatividad.

Otros datos que se conocieron en el debate sobre el contrato 3083 de 2013, cuyo objeto fue el de “Contrato de Suministro, Consultoría y Obra Pública de Prevención y Atención de Emergencias y Mantenimiento Periódico de Malla Vial del Departamento de Santander”, fueron los siguientes:

Originalmente, el presupuesto para la ejecución era de $37.325.493.295, pero terminó sumando $54.543.048.403. Y a pesar de este valor, al final de la licitación se presentó Un solo proponente, “como si los estudios se fueran efectuado previos amarrados a un particular”.

Existen indicios que una de las empresas que conformaban la Unión Temporal, se haya ganado por este proyecto una suma cercana a los $46 mil millones debido a que, además de tener una real participación de más del 80% en la conformación de la UT, 2 personas vinculadas a una misma familia, estaban contratados en cargos directivos en la Unión temporal. Y que además, el lote donde funcionaba la UT era de propiedad de ellos mismos y que cobraban una suma superior a los 10 millones de pesos mensuales como canon de arriendo.

En los estudios previos al contrato y en la propuesta presentada por el contratista, se estableció el compromiso de brindar una garantía de mantenimiento por diez años al finalizar el convenio, sin embargo, al momento de firmar el acta de inicio y al revisar la liquidación del contrato, se nota que jamás fue allegada dicha garantía.

Una vez firmada el acta de inicio, la Gobernación giró a la UT una suma superior a los $18 mil millones; sin embargo, con este giro de dineros, no cumplió con el plazo para entregar las primeras máquinas, teniendo un atraso inicial de hasta 6 meses, sin que el supervisor ni el interventor hicieran las advertencias para declarar la caducidad por incumplimiento.

Al contrario, para facilitarle las cosas al contratista, el Departamento decidió, sin estudios, ni fundamentos, extender el plazo inicial pactado en el contrato, y además, usar los equipos de la Unidad de Gestión de Riesgo, para poder, presuntamente, justificar sus cuentas de cobro.

Lo pagado a favor del contratista hasta el 12 de Diciembre de 2013 es muy superior al valor de los gastos de las máquinas entregadas y verificadas por Almacén; más aún, el contratista no había entregado ningún lote de máquinas en Octubre de 2013.

Se observó que en el contrato, lo que hubo fue pagos anticipados por servicios que no fueron entregados en el tiempo acordado. En un momento, llegó a pagarse hasta el 60% del valor del contrato, pero habiendo apenas recibido el 22% del servicio contratado.