Justo a un mes de que los colombianos vayamos a las urnas a votar la Consulta Anticorrupción, una demanda le pide al Consejo de Estado que suspenda la convocatoria e impida que votemos el punto uno de la Consulta Anticorrupción, que busca bajarle el salario de 40 a 25 salarios mínimos a los 395 Congresistas y Altos Funcionarios del Estado, dentro de los cuales están los mismos Magistrados que van a decidir sobre la demanda.

La Consulta Anticorrupción es la iniciativa ciudadana de mayor respaldo en la historia de Colombia, más de cuatro millones de colombianos la solicitaron con su firma y han cumplido todos los requisitos legales, como lo ha certificado el CNE, la Registraduria Nacional, el Senado y la Presidencia de la República. La Consulta no modifica una Ley y mucho menos la Constitución, simplemente da un mandato político al Congreso para que aborde unos temas y tramite las normas que los desarrollen.

Tanto el Gobierno saliente del Presidente Santos como el entrante del Presidente electo Duque han manifestado su respaldo a la Consulta y su invitación a los ciudadanos para que la voten el 26 de Agosto. El Presidente electo Duque ha manifestado expresamente su voluntad de radicar los proyectos de Ley que requiere el cumplimiento de los mandatos de la Consulta.

“Ni la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado tienen la competencia de hacer control constitucional previo a las preguntas de una Consulta Popular Nacional. Son los ciudadanos con sus firmas válidas los que decidieron el contenido de las preguntas mediante las cuales le solicitan al Congreso ocuparse de unos temas. Y fue el Senado de la República con 84 votos a favor y cero en contra, el que con su aval permitió activar la convocatoria a las urnas de la Consulta. El Consejo de Estado no puede desconocer la voluntad de millones de colombianos ni las competencias de las demás instituciones del Estado, que han actuado en derecho en la convocatoria de la Consulta. Por lo tanto le solicitamos muy respetuosamente al Consejo de Estado que, por falta de competencia, se abstenga de admitir la demanda presentada y más aún sus pretensiones”, señaló Claudia López, Vocera del Comité Promotor de la Consulta.

A diferencia de lo que afirma erróneamente el demandante, no son las preguntas de la Consulta sino las normas radicadas por el Presidente de la República y tramitadas por el Congreso, en cumplimiento de lo votado en la Consulta, las que tendrán control constitucional posterior en la Corte Constitucional.

“Cómo es apenas lógico en un Estado de Derecho no son las firmas ni los votos las que determinan la constitucionalidad de un mandato político como los de la Consulta Anticorrupcion, sino el pronunciamiento que sobre las normas que desarrollan esos mandatos haga la Corte Constitucional”, señaló Luciano Sanin vocero de uno de los Comités Promotores del SÍ de la Consulta Anticorrupcion.

“En 1991 los salarios de los Congresistas equivalían a solo 14 salarios mínimos, hoy en día equivalen a más 40! Es claro que los Congresistas, los Magistrados de Altas Cortes y los 395 altos funcionarios del Estado que gozan de semejante privilegio no quieren renunciar al mismo, así como la mayoría de políticos no quieren renunciar a la mermelada, ni a la contratación a dedo ni a que les quiten el privilegios de casa por cárcel cuando  son condenados por corrupción. La clase política tradicional y privilegiada le teme a la Consulta Anticorrupción. La única manera que tenemos de lograr que se tramiten esas normas y se terminen esos privilegios y corrupción es que más de 12 millones de colombianos con su voto le ordenen al Congreso tramitar lo que siempre ha hundido” indicó la Senadora Angélica Lozano, otra de las promotoras de la Consulta.