70 mil millones de razones de desproporcionalidad
En Colombia la justicia da: 1- a los ladrones de cuello blanco casa por cárcel o 2- como a los Aguilar: batallones con todas las comodidades y seguridad.
Pero en el caso del día: más 5 años de prisión, prohibición de usar las redes sociales y una millonaria multa a EPA COLOMBIA por romper un tablero de Transmilenio en Bogotá
Se han conocido tras la condena del Tribunal Superior de Bogotá a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, a 5 años y 15 días de prisión por los delitos en daño en bien ajeno, “perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas”.
Catherine Miranda, senadora del partido Verde, María José Pizarro y el senador Gustavo Petro fueron algunos que criticaron la decisión judicial. “Pobre mujer, esos son los motivos que llevan a una estrafalaria condena a Epa Colombia mientras poderosos corruptos quedan en la impunidad: el caso Odebrecht; o tienen penas irrisorias: Pulgar y Lyons. La justicia es para los de ruana”, afirmó Petro.
Epa Colombia es más peligrosa según las leyes colombianas que un narcotraficante, un corrupto que se roba la comida de los niños y de Andrés Escobar que disparó a plena luz del día contra ciudadanos.
la ladrona de blusa blanca
La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, cohonestó y es cómplice de un desfalco multimillonario al Erario.
Todo inició en diciembre de 2020 por cuenta de la adjudicación de un contrato otorgado a la firma Unión Temporal Centros Poblados por un valor de $1.07 billones, a través del cual la empresa se encargaría de instalar centros digitales para la conexión a internet en zonas rurales apartadas del país.
Se ha conocido, ahora, que la sociedad presentó una garantía falsa que supuestamente había otorgado el Banco Itaú, sin embargo, fue la misma entidad bancaria la que confirmó que no se les había expedido ningún documento de esa índole.
El 10 de febrero de 2021 se le entregó a dicha compañía un primer anticipo de poco más de $70.000 millones de pesos, que equivalían al 6,5% del contrato. Además, desde la firma del contrato hasta abril de 2021 solo se había ejecutado el 1% del contrato.
La ministra Abudinen habría sido informada de estas irregularidades el pasado 25 de junio, mientras que un juez de Zipaquirá falló una acción de tutela que le ordenó a MinTIC suspender este proceso. De tal manera que el pasado 29 de julio Abudinen declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, de la Unión Temporal Centros Poblados. Por cuenta de esta acción, algunos especialistas afirman que esos más de $70.000 millones de pesos se perderán.
“No es posible que cada semana comencemos con más y más detalles de esa adjudicación de internet para colegios en zonas apartadas que ha resultado ser un desastre y una vergüenza para este país. No es posible que la señora ministra de comunicaciones no logre dar las explicaciones que toca ante una situación que es verdaderamente aberrante“, comentó el periodista Gustavo Gómez, director de ‘6 AM Hoy por hoy’.