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Óscar Villamizar Meneses, representante a la Cámara por el Centro Democrático, y sus dos hermanos, Íngrid y Danny, deberá devolver a una familia campesina una propiedad que ha sido despojada, según la justicia, de forma “muy curiosa”. 

Así lo ordenó la Sala de Restitución de Tierras del Juzgado de Cúcuta, al anular los contratos y expedientes que llevaron, desde 2008, a los hijos del exsenador convicto Alirio Villamizar a quedarse con una inmensa propiedad ubicada en el municipio de Girón. Sin embargo, aunque ya hay sentencia, hay varias cuestiones sin resolver en este caso que involucra al conflicto armado, a una poderosa familia santanderina e incluso a la multinacional Exxon.

Los cabos sueltos de esta historia llevaron a que se certificaran copias a la Fiscalía para investigar lo sucedido. Mientras tanto, los hermanos Villamizar deben devolver la propiedad a Martha Capacho, una mujer que tierras y su esposo ya fueron arrebatados por la guerra. Si bien el congresista uribista y sus hermanos intentaron una y otra vez defenderse diciendo que la mujer no era víctima del conflicto armado y que el negocio había sido transparente, la justicia les cuestionó que nunca hicieron la debida diligencia para adquirir un inmueble ubicado. en un lugar que durante años fue un enclave guerrillero y paramilitar.

Hombres armados llegaron a la casa de Martha Capacho, una campesina de Girón (Santander) en octubre de 1997. Se identificaron como guerrilleros. “Agarraron los portones, preguntaron quién era mi esposo, nos dijeron que teníanmos que desalojar la finca, que nuestras vidas estaban en peligro, que los vecinos nos informaron mal porque teníanmos un radioteléfono en la finca. Que, según ellos, les dimos información [al Ejército]. Inmediatamente dejamos la finca tirada. En ese momento operaban las FARC, pero también empezaban a entrar los paramilitares ”, dijo Capacho a la justicia.

El esposo de Capacho, Óscar Duarte, había comprado nueve años antes, en 1988, la finca, denominada Puerto Rico, ubicada en la vereda Marta del municipio de Girón. La propiedad tiene casi 1,73 kilómetros cuadrados – el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, tiene 1,13 kilómetros cuadrados – y está colindante con dos fuentes de agua: el río Sucio al norte y el río Sogamoso al sur. Tras el ultimátum de la guerrilla, empacaron sus cosas ya la mañana siguiente se dirigieron a Bucaramanga en la camioneta que repartía la leche. De camino a la ciudad se toparon con un retén paramilitar que les obligó a bajar del vehículo, pero no les hicieron daño porque Capacho tenía ocho meses de embarazo.

A partir de ese momento, la tierra quedó deshabitada. Años después del desplazamiento, los hermanos Villamizar aparecieron en el radar de una manera, en palabras de JUEZ de Cúcuta, “muy curiosa”. 

Tras abandonar sus tierras, la familia se refugió en un hogar de confianza en Bucaramanga. Allí fueron contactados por Jairo Mantilla, quien les propuso un permuta: cambiar la propiedad por una casa hipotecada que el empresario tenía en la capital santanderina. “La casa fue embargada, pero como dice el dicho: ‘el sombrero ahogado’. Yo dije: ‘vendemos la casa, pagamos lo que le deben al banco y nos quedamos parte de ella’, detallado Capacho en el proceso.

El negocio se resolvió finalmente el 17 de junio de 1999 con la firma de la escritura. Pero como titular en los papeles no aparecía Jairo Mantilla, que hacía el negocio, sino su cuñada: Luisa Castellanos Rodríguez. El valor al que se tasó la finca para realizar este canje, según las escrituras, fue de 49 millones de dólares. Sin embargo, un peritaje del Instituto Agustín Codazzi mostró al Juzgado de Cúcuta que para ese momento la propiedad podría rondar los $ 226 millones. Más de cuatro veces el valor. Las aventuras no terminan ahí. 

Castellanos, cuñada de Mantilla, era el mismo profesional del Gobierno de Santander que el 21 de abril de 1998, en Bucaramanga, recibió la denuncia de Capacho y su familia por el desplazamiento forzado que los había sacado de Puerto Rico. “Sí queríamos venderlo”, reconoció Martha Capacho en su declaración sobre su voluntad de hacer el negocio, “porque no queríamos volver allí. En la casa apareció un señor, Jairo Mantilla, ofreciéndonos que si queríamos venderla, ya que tenía un posible comprador. No sé cómo se enteraría de que teníamos una finca en venta ”.

En 2001, el esposo de Capacho fue asesinado en el distrito de San Rafael de Lebrija (Santander), al parecer por grupos paramilitares. Fue esta sucesión de hechos violentos y “curiosos” que vivieron Martha y sus hijos lo que llevó al Juez a concluir: “El intercambio [propuesta por Jairo Mantilla] fue el resultado de la interferencia de hechos propios del conflicto, porque pudieron no regresar debido a los hechos que los victimizaron, que se agravaron aún más con el posterior asesinato de Óscar Duarte ”. Volviendo a la historia de la propiedad, el 4 de octubre de 2002, la finca de Puerto Rico cambió de dueño y, en el lugar de ser Luisa Castellanos, pasó a ser dueña Nancy Mantilla, hermana de Jairo Mantilla.

Esta última, a su vez, fue la que el 22 de febrero de 2008 vendió la finca a los hermanos Villamizar Meneses. Sin embargo, según los testimonios recabados por el Juez, la negociación la realizó directamente Jairo Mantilla con los hijos del exsenador Alirio Villamizar. “Se podía concluir razonablemente que todos ellos, por su parentesco y la cercanía admitida de su relación, debían estar al tanto del desplazamiento de Óscar Duarte”, advirtió la Sala de Restitución de Tierras. Los Villamizar, en su defensa, se distanciaron de toda la situación de violencia que rodeaba la región.

Óscar Villamizar y sus hermanos explicaron al juzgado que no estaban relacionados con la situación de violencia en Girón en la década de los noventa. Pero en los procesos de restitución de tierras hay que probar algo más: la buena fe sin culpa. En otras palabras, los compradores deben demostrar que han agotado todas las consultas para garantizar que la propiedad no esté relacionada con un acto violento o corrupto. Danny Villamizar, hermano del congresista, detallado al juzgado: “Le preguntamos [a Jairo Mantilla] Le preguntamos a los seres vivos, en cada una de las fincas que estábamos, en ese sector y en otras zonas, si eran fincas con un problema legal ”. Y, aclara Villamizar, siempre decían que no.

Además, los hermanos entregaron un informe confidencial de inteligencia de la Quinta Brigada del Ejército que dice: “En la vereda La Marta, municipio de Girón, en Santander, no se encontró registro de presencia de grupos ilegales, que podrían desestabilizar la seguridad ciudadana en el región para los años 2006 y 2007 ”. Sin embargo, lel Juez rechazó dicha prueba por tres razones: era un documento confidencial; porque se refiere a la situación a casi diez años del desplazamiento de la familia Duarte Capacho; y porque se emitió en 2009, un año después de que el inmueble pasara a ser propiedad de la familia Villamizar.

Por otro lado, los Villamizar advirtieron durante el proceso de restitución que el socio de Capacho, Óscar Duarte, usó la propiedad de Puerto Rico para desguazar autos robados. El Juez tampoco tomó en cuenta este argumento de la defensa, pues si bien el hombre fue condenado por el delito de encubrimiento, los hechos ni siquiera ocurrieron en la finca de Girón y ocurrieron tiempo después del desplazamiento. Asimismo, los hermanos cuestionaron durante la investigación que Martha Capacho fue víctima de desplazamiento, ya que, según dijeron, interpuso la denuncia por desplazamiento años después de ocurrido y porque la Unidad de Víctimas no tenía constancia de lo sucedido.

Pero estaban equivocados. El Juzgado pudo demostrar que la denuncia se había presentado algún tiempo después del desplazamiento y que, por eso mismo, registrados en la unidad. Durante el proceso de restitución de tierras, también quedó claro lo que sucedió con la propiedad cuando pasó a manos de los hermanos: montaron una plantación de caucho que, a la fecha, estaba rindiendo dividendos millonarios. Además de este negocio, también se registró en el proceso que la otra empresa afectada es la multinacional Exxon Mobil. Para las empresas a las que no se refiere a la sentencia, tienen derecho a explorar el 18,8% de la finca para buscar yacimientos de hidrocarburos.

A pesar de los intereses de los empleadores, el Tribunal siguió adelante con la restitución. Hubo una feroz oposición de la Fiscalía General de la Nación, que afirmó que no se debía creer a Capacho, ya que su relato contenía inconsistencias. “Lamentablemente, está claro que en Colombia hay personas que se registran como desplazadas para obtener beneficios de salud o subsidios económicos que brinda el Estado”, escribió el abogado del caso, Juan David Gómez Rubio. Y terminó preguntándose: “Cómo hablar de despojo (será para empresa privada) en la situación de los señores Duarte y Capacho en la venta de su propiedad, cuando se tiene claro que el negocio se realizó de manera voluntaria y gratuita. ¿Manera? “

El Juez respondió en la sentencia: “Martha Capacho recordó, una y otra vez, fueron los hechos concretos que llevaron al abandono de la propiedad, de los que siempre habló con fluidez y espontánea, sin vacilaciones, desganas ni contradicciones trascendentes, lo que confiere lo dicho, suficiente aptitud demostrativa ”. Asimismo, aprovechó para recordar a la Fiscalía del caso que en estos procesos, que ya han realizado un trámite previo de verificación en la Unidad de Restitución de Tierras, se presume que la víctima está diciendo la verdad; Y no perdió la oportunidad de regañarlo por entregar su concepto tarde y fuera del horario comercial.

Por el contrario, toda la evidencia estaba a favor de Capacho. En documentos de la Consultoría en Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes) se muestra que entre 1996 y 1999 en esa región se registró el desplazamiento de 368 personas, luego de enfrentamientos entre el Eln, las Auc y las Farc. Un testigo también afirmó que en 1997 “la guerrilla estaba al mando”. Otro testigo, residente en Puerto Rico desde hace veinte años, dijo: “Ese año que mataron a mi hermano Esteban fue muy terrible. Ese mismo año fue que Doña Martha se fue [Capacho], y que mataron al esposo de Doña Elvia y Don Juan Julio. Luego un niño en Las Delicias, y luego cuatro niños más ”.

Así: El Juez protegió el derecho a la restitución de tierras de Martha Capacho. En menos de un mes, las entidades registradoras de la propiedad deben realizar los trámites para que ella y sus hijos aparezcan nuevamente como los únicos propietarios de Puerto Rico. Asimismo, el proyecto cauchero de los hermanos Villamizar será entregado a la Unidad de Restitución de Tierras para ser explotado a través de terceros y lo recaudado se destinará a reparar víctimas del desplazamiento. Además, el SENA de Santander debe integrarse a la familia, de forma gratuita y si lo desea, en sus programas de formación técnica.

El Juez tomó esta decisión, pues también consideró que la subsistencia de los hermanos Villamizar no depende de esta gigantesca propiedad. Ingrid Villamizar, por ejemplo, tiene otras cinco propiedades que generan ingresos considerables; mientras que Danny y Óscar tienen cada uno tres propiedades más. Esto, sin contar con los recursos que reciben por su labor, uno de ellos como congresista. Aunque a esta poderosa familia santanderina le quedan algunas cartas, como ir al Tribunal Supremo, su destino está, en cierta medida, escrito en esta sentencia. La multinacional Exxon puede contar otra historia.

Si bien tiene derecho a iniciar trabajos de exploración, hasta la fecha no lo ha hecho, con lo cual el Juzgado de Cúcuta ordenó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos “que si en el futuro se ocasiona algún tipo de intervención en la propiedad, debe contar con el expreso y previa autorización del devuelto [Capacho y sus hijos] ”. Además, la Sala de Restitución de Tierras ordenó a la Fiscalía investigar las maniobras de Jairo Mantilla y su familia para quedarse con la propiedad y luego venderla a la familia Villamizar.

El Espectador se puso en contacto con el congresista Óscar Villamizar, quien manifestó que prefería no pronunciarse hasta conocer la sentencia en su totalidad.