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Richard Aguilar dirigió una organización que cometió delitos: Fiscalía
Luego de que renunciara al Senado, el expediente en contra del exgobernador Richard Aguilar pasó de estar en la Corte Suprema a la Fiscalía. En menos de tres meses, el ente investigador elaboró un escrito de acusación en donde dejó en firme todo lo que había encontrado el alto tribunal.
El clan político de la familia Aguilar fue construyendo su poder como un castillo de naipes. Su jefe, el coronel (r) de la Policía Hugo Aguilar, montó las bases de la estructura con el respaldo que tenía su trayectoria en el servicio,
Diez años después fue elegido como gobernador de Santander, cargo que le permitió controlar gran parte de la administración departamental y local. El siguiente nivel de cartas se montó en 2012, cuando su hijo, Richard Aguilar, llegó al puesto en la Gobernación que ya había ocupado su padre, iniciando una exitosa carrera política que lo llevó hasta el Senado.
Richard Aguilar habría conformado una “una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares” mientras fue gobernador de Santander, entre 2012 y 2015. Así dio a conocer la Fiscalía este miércoles al anunciar que radicó el escrito de acusación con el que va a llamar a juicio al exsenador por el Partido de La U por los posibles delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El escrito de acusación ya fue radicado en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema y en el documento detalla cómo, supuestamente, Richard Aguilar entregaba contratos a su círculo cercano a cambio de que le dieran una cuota de cada uno: el 10%. Las presuntas irregularidades se presentaron en al menos seis contratos, según la investigación de la Sala de Instrucción del alto tribunal. Esa instancia, sin embargo, tuvo que entregar el proceso a la Fiscalía cuando Aguilar renunció al Senado, pues los hechos por los que es investigado no tienen relación con sus funciones de congresista.
Fue mientras fue gobernador de Santander que Richard Aguilar acudió a supuestas maniobras para asegurarse de que los contratos quedaran en mano de sus cercanos. Por ejemplo, dice la Fiscalía, creó un comité asesor para justificar sus decisiones. “Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura (Claudia Toledo) y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba”, dijo el ente investigador en un comunicado.
El primer caso que documentó la Sala de Instrucción de la Corte se trata de un contrato que buscaba el reforzamiento de una parte del estadio Alfonso López, en Bucaramanga, a finales de 2014. Lo que dice la investigación es que el entonces gobernador debía recibir una coima del 10% del negocio. El porcentaje, supuestamente, fue definido por Richard Aguilar luego de recomendar a la organización que sería la contratista para adelantar dicha obra. En este caso, el convenio empezó costando $24.000 millones de pesos. También se investiga el contrato de interventoría de esta obra.