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Laura Raggio, Silvia Reyes -ambas de 19 años- y Diana Maidanik, de 22, fueron acribilladas por las Fuerzas Conjuntas del gobierno de facto en 1974 y pasaron a ser conocidas como las “pibas o muchachas de abril”.
Los vecinos lo describieron como una ráfaga de balas.
En la madrugada del 21 de abril de 1974, un grupo de las Fuerzas Conjuntas de Uruguay, que incluía a efectivos del ejército y la policía, abrió fuego en un pequeño apartamento en el barrio Brazo Oriental, una zona residencial cerca del centro de Montevideo.
En el interior había tres mujeres: la dueña de casa, Silvia Reyes, de 19 años, y dos amigas, Laura Raggio y Diana Maidanik, ambas estudiantes de psicología —Maidanik además, maestra jardinera—, quienes se habrían quedado a estudiar y dormir.
Las tres eran compañeras de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), una guerrilla urbana de izquierda surgida en los años ’60, en la que —según sus familiares— se dedicaban a tareas como repartir volantes y “no habían agarrado un arma”.
“Abran, abran que tiramos”, recuerdan haber oído los vecinos, a eso de las tres de la mañana.
Lo que siguió fue una balacera ensordecedora, con más de 200 proyectiles disparados en el interior de la residencia.
Luego, los cuerpos de las tres jóvenes fueron retirados en bolsas, cada uno con decenas de balazos, según descubrirían más tarde sus familiares.
La búsqueda de Justicia
Recién este año, en febrero pasado, se pidió el procesamiento de tres militares retirados acusados de la matanza: Juan Rebollo, José Gavazzo (que falleció este sábado 26 de junio) y Eduardo Klastornick.
Los tres declararon que abrieron fuego solo después de haber sido atacados desde el interior de la vivienda.
Rebollo, quien estaba al mando del operativo, sufrió una herida de bala en un brazo y el capitán Julio César Gutiérrez murió abatido.
Pero el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, considera que “la versión proporcionada por los indagados no concuerda con lo informado por los peritos, ni con el testimonio de los vecinos”.
Según estos últimos, cuando los primeros efectivos entraron a la casa, luego de romper la puerta de entrada y acceder a un patio abierto, fueron recibidos por disparos que provenían de otros efectivos militares apostados en las azoteas que daban al fondo de la propiedad, quienes, al ver entrar gente, pensaron que era Barrios y abrieron fuego.
“Más allá de si las jóvenes se resistieron o no al allanamiento (realizado sin orden judicial y en horas de la noche) lo real es que estas fueron ejecutadas, si se quiere masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna”, señaló en su pedido de procesamiento Perciballe.
Corte Interamericana
Cansados por la lenta respuesta que ha tenido la Justicia uruguaya, los familiares de las víctimas han acudido a otro órgano judicial fuera de ese país: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El pasado 16 y 17 de junio, el tribunal autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó audiencias para analizar las “presuntas ejecuciones extrajudiciales“ de las “muchachas de abril”.
El órgano también recogió testimonios relacionados con otros dos crímenes del último gobierno cívico-militar uruguayo: las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Osear Tassino Asteazu.
No es la primera vez que este organismo investiga los abusos cometidos durante este oscuro período de la historia reciente uruguaya.
Se cree que el operativo tenía como objetivo detener al marido de Reyes, Washington Barrios, también militante del MLN-T, quien había logrado huir a Argentina (donde luego sería detenido, en 1974, y aún permanece desaparecido).
Reyes esperaba al primer hijo de ambos cuando fue acribillada.
La matanza de las tres jóvenes, que pasaron a ser conocidas como las “muchachas de abril” o las “pibas de abril” fue una de las más cruentas ocurridas durante el último régimen cívico-militar uruguayo, instaurado tras un golpe de Estado el 27 de junio de 1973, hace 48 años.
Pero aunque ha pasado casi medio siglo y Uruguay ya lleva más de 36 años de democracia —incluyendo tres gobiernos de izquierda, uno liderado por el exlíder guerrillero tupamaro José “Pepe” Mujica— estas muertes siguen impunes.
Una de sus sentencias más destacadas de los últimos años fue la del llamado “Caso Gelman”, en 2011, relacionado con la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, quien dio a luz durante su cautiverio a una bebé que fue secuestrada y entregada a la familia de un policía.
Por ese caso, la Corte IDH condenó a Uruguay a investigar todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período militar.
¿Cómo se explica entonces que una década más tarde siga habiendo casos de lesa humanidad sin juzgar, incluyendo una de las matanzas más infames de esa época?
Ley de Caducidad
La respuesta está relacionada con la reticencia que ha tenido Uruguay a juzgar la violencia política del pasado.
Cuando se restauró la democracia, después de casi 12 años de gobierno cívico-militar, en 1985, el presidente Julio María Sanguinetti propuso una amnistía tanto para la guerrilla como para las fuerzas de seguridad.
Todos los presos políticos, la mayoría tupamaros, fueron liberados. En tanto, Sanguinetti envió al Parlamento una ley que frenaba los juicios contra militares, policías y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto.
La “Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado” fue aprobada en 1986.
Dos años más tarde, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) avaló la constitucionalidad de la norma.
De esta forma, la amnistía recibió el respaldo de los tres poderes del Estado.
En 1989, la ciudadanía también se expresó a favor de poner punto final a los crímenes del pasado, ratificando la ley a través de un referéndum.
El 55,9% de quienes participaron eligieron que siga vigente la Ley de Caducidad, contra el 41,3% que pidió anular el perdón y juzgar a quienes cometieron crímenes.
Los primeros juicios
Pasarían 15 años antes de que hubiera un cambio de postura que permitiera llevar ante los tribunales a quienes cometieron abusos.
La elección de Tabaré Vázquez en 2004 le dio por primera vez el poder a una fuerza política de izquierda en Uruguay: el Frente Amplio, una coalición que incluía a los tupamaros, quienes habían abandonado las armas tras el retorno de la democracia.
Amparado en una facultad que la Ley de Caducidad le otorgaba al Poder Ejecutivo para decidir en qué casos debía aplicarse la norma, Vázquez logró que se llevara ante la Justicia a varios de los líderes del gobierno cívico-militar.
El primer caso que el presidente excluyó de la Ley de Caducidad fue el de Washington Barrios, el esposo de Silvia Reyes, a quien presuntamente habían ido a buscar en el operativo que terminó con las muertes de esta, Raggio y Maidanik.
Estas investigaciones, habilitadas por las exclusiones, eventualmente llevaron a que se condenara, entre otros, al primer presidente de facto, Juan María Bordaberry, y al último, Gregorio Álvarez.
También fueron sentenciados a penas de cárcel el excanciller Juan Carlos Blanco y varias figuras militares, entre ellas el fallecido José Gavazzo, imputado por el caso de las “muchachas de abril”.
Vázquez, además, ordenó a las Fuerzas Armadas recabar toda información existente sobre el paradero de los casi 200 uruguayos que fueron detenidos y desaparecidos durante el régimen militar, la mayoría de ellos en la vecina Argentina, en el marco del Plan Cóndor.
E impulsó la creación del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), que logró empezar a hallar e identificar a los primeros desaparecidos, que habían sido enterrados principalmente en predios militares.
También la Suprema Corte dio un paso inédito: el 19 de octubre de 2009, dos décadas después del retorno de la democracia, falló por primera vez —y por unanimidad— que la Ley de Caducidad era inconstitucional.
La sentencia aplicó únicamente al caso de Nibia Sabalsagaray, una profesora de Literatura, activista social y militante comunista que había sido detenida, torturada y asesinada en un cuartel militar en 1974.
Pero el fallo sentó un precedente que abrió las puertas a muchos otros juicios que habían sido frenados por la Ley de Caducidad.
Otra vez “no”
No obstante, la ciudadanía no acompañó este cambio de rumbo.
Seis días después del histórico fallo de la Corte, los uruguayos volvieron a votar sobre la vigencia de la Ley de Caducidad en un plebiscito que se realizó a la par de las elecciones generales del 25 de octubre de 2009.
Otra vez, la mayoría eligió mantener el perdón a quienes cometieron abusos durante el gobierno cívico-militar y rechazaron derogar la norma.
Los detractores de la amnistía lograron un apoyo un poco mayor al de 1989, con el 48% de los votos, pero nuevamente fue insuficiente para dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
Irónicamente, la misma elección que decidió mantener la amnistía para las fuerzas de seguridad del gobierno cívico-militar, también terminó llevando a la presidencia a uno de los presos políticos encarcelados por ese régimen: el exguerrillero tupamaro José “Pepe” Mujica.
Mujica estaba convencido de que el plebiscito sobre la Ley de Caducidad tuvo ese resultado porque, al haberse realizado junto con las elecciones nacionales, contabilizó todo voto que no se pronunció sobre la amnistía como un voto en contra de la anulación.
“Esto era como mezclar zapallos con chicharrones“, criticó en su típico estilo campechano.
El presidente propuso realizar otro plebiscito para subsanar este “error” y ver realmente cuánto respaldo popular tenía la Ley de Caducidad.
“Yo quisiera que el hombre de la calle decidiera esto, ¿nos vamos a pasar 40 años discutiendo?”, declaró al diario La República.
Nueva ley
Sin embargo, la mayoría de su partido rechazó esta idea. En vez de eso, el Frente Amplio decidió impulsar una “ley interpretativa de la Caducidad”, para dejar sin efecto la amnistía.
Los partidarios de esta propuesta señalaban que urgía aprobar la legislación por dos motivos: primero, porque la mayoría de los crímenes cometidos durante el gobierno de facto eran considerados hasta ese momento delitos comunes y prescribirían a finales de 2011.
Pero además, porque se esperaba el fallo de la Corte IDH por el caso Gelman, que —se anticipaba—, no solo declararía que la Ley de Caducidad era incompatible con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, sino que también abriría las puertas a una ola de denuncias contra el Estado uruguayo por acatar esa ley.
No obstante, varios referentes del Frente Amplio —entre ellos Mujica y Vázquez— se opusieron a dejar sin validez una norma que había sido respaldada dos veces por el pueblo uruguayo.
Los desacuerdos llevaron a que el primer intento de legisladores oficialistas de aprobar la ley interpretativa fracasara a último momento, en mayo de 2011, debido a la abstención de uno de sus propios diputados, Víctor Semproni.
Tras ese revés, el presidente Mujica, firmó, en junio, un decreto para permitir que se continuaran investigando más de 80 casos de violaciones que habían sido frenados por gobiernos previos bajo el amparo de la Ley de Caducidad.
Finalmente, el 27 de octubre de 2011, cinco días antes de que prescribieran los delitos del período militar, el Parlamento uruguayo aprobó una ley que restableció la “pretensión punitiva del Estado”.
La norma declaró que esos crímenes eran de lesa humanidad y, por tanto, no prescribían.
Un largo camino
Sin embargo, esto no puso fin a las idas y vueltas que ha tenido Uruguay en relación a cómo encarar los abusos del pasado.
En 2013, la Suprema Corte declaró que la ley interpretativa de la caducidad era inconstitucional y que los delitos investigados eran comunes y, por tanto, prescribieron el 1 de noviembre de 2011.
El máximo tribunal señaló que podían continuar las causas en las que ya había militares o policías procesados, pero ordenó archivar el resto, que eran la mayoría de las investigaciones.
Todo esto explica por qué, casi medio siglo después del golpe de Estado que instauró al gobierno cívico-militar, los crímenes cometidos durante ese período siguen siendo una herida abierta en Uruguay.
Los retrasos y obstáculos también explican por qué hasta ahora han sido identificados los restos de apenas seis de las decenas de detenidos que fueron desaparecidos en territorio uruguayo entre 1973 y 1985, según los datos de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Otros 34 han sido hallados en excavaciones en Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay.
La controversia en torno al pasado sigue muy vigente en el país: en agosto de 2020 el senador Guido Manini Ríos, quien fue jefe del Ejército entre 2015 y 2019, presentó un proyecto legislativo para reinstalar la Ley de Caducidad.
El líder del partido Cabildo Abierto, que forma parte de la actual coalición gobernante, criticó a los jueces que siguen investigando delitos del período militar sobre la base del dictamen de la Corte IDH, que sentó una “jurisprudencia internacional”.
En declaraciones al diario El País, Manini Ríos afirmó que quería “volver a ese clima de pacificación que quiso crear la Ley de Caducidad”.
Sin embargo, el presidente, Luis Lacalle Pou, discrepó con su socio político, que a mediados de junio terminó renunciando a su proyecto.
“Uno entiende que Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas“, afirmó el mandatario a la prensa.
“Tenemos que salir en paz y hacia adelante”, reiteró.