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El estado social de derecho que propuso la constitución del 91, fue reemplazado en la práctica, por la gobernanza paramilitar. Esa operación se hizo gracias a 200.000 muertos y 100.000 desaparecidos civiles y una guerra brutal que aun perdura en algunas regiones.

El proceso de paz del 2016 propone restablecer el estado social de derecho en el campo y la provincia colombiana y eso implica priorizar durante al menos una década la inversión pública en esos territorios. Ese pacto de paz con esas consecuencias fue elevado a declaración unilateral de estado por el gobierno Santos ante la ONU.

Implica que todo el estado y la sociedad colombiana están obligados a hacerlo porque es un compromiso jurídico vinculante con el mundo entero.

Por eso invite a algunos ex jefes paramilitares a ser gestores de paz.

Verificar su propio acuerdo de paz con Uribe, lograr que la JEP sea el verdadero tribunal de cierre de la verdad, como establece el acuerdo de paz del 2016 y ayudar a cumplir el objetivo del acuerdo de paz del 2016 que es lograr que el campo colombiano viva la paz y que el campesinado pueda vivir con mayor bienestar económico y en plenitud de sus derechos garantizados como ciudadanos y ciudadanas de Colombia.