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El Senado aprobó en último debate el proyecto de ley contra el ruido, liderado por el representante Daniel Carvalho. La medida fue celebrada por diversos sectores del país, dada la cada vez más creciente evidencia de los efectos nocivos que tiene el exceso de ruido en el ambiente y la salud. Por solo mencionar alguno, la Organización Mundial de la Salud ha subrayado que la contaminación acústica tiene impactos graves en la salud, por ejemplo, a través del estrés, el insomnio, la ansiedad y la baja productividad laboral.

Qué establece esta ley?

Entre sus principales componentes, la ley incluye diversas medidas para abordar la problemática del ruido de manera integral.

En primer lugar, se busca definir principios y competencias que permitan gestionar, mitigar y controlar los impactos negativos del ruido en la población y el ambiente.

Esto implica establecer un marco claro que oriente las acciones de las diferentes entidades responsables.

Además, la ley fija lineamientos específicos para la formulación de una Política de Calidad Acústica, asignando responsabilidades claras a las instituciones competentes.

Esto permitirá que las acciones y normativas en torno al manejo del ruido se coordinen de manera efectiva y se orienten a lograr objetivos comunes


Esta ley, que aún está pendiente de conciliación con la Cámara antes de pasar a sanción presidencial, promete ser un paso significativo en la lucha contra un problema que afecta la salud y la convivencia de los colombianos.

La contaminación auditiva ha sido señalada como un problema de salud pública. Según datos del Ministerio del Interior, el 70 % de los encuestados en Colombia ha tenido conflictos con vecinos debido al ruido excesivo. Este fenómeno no solo genera estrés y afecta el bienestar de las personas, sino que también tiene un impacto negativo en los ecosistemas urbanos.

Antes de la aprobación de esta ley, las infracciones por ruido eran castigadas con una multa tipo 3, equivalente a 16 salarios mínimos legales vigentes, aproximadamente $20,8 millones.

Ahora la nueva Ley contra el Ruido endurece estas sanciones, elevando las multas hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, cerca de $52 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Esta ley, que aún está pendiente de conciliación con la Cámara antes de pasar a sanción presidencial, promete ser un paso significativo en la lucha contra un problema que afecta la salud y la convivencia de los colombianos.

La contaminación auditiva ha sido señalada como un problema de salud pública. Según datos del Ministerio del Interior, el 70 % de los encuestados en Colombia ha tenido conflictos con vecinos debido al ruido excesivo. Este fenómeno no solo genera estrés y afecta el bienestar de las personas, sino que también tiene un impacto negativo en los ecosistemas urbanos.

Antes de la aprobación de esta ley, las infracciones por ruido eran castigadas con una multa tipo 3, equivalente a 16 salarios mínimos legales vigentes, aproximadamente $20,8 millones.

Ahora la nueva Ley contra el Ruido endurece estas sanciones, elevando las multas hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, cerca de $52 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción.

“La ley del ruido es una realidad. (…) Sigue lo más difícil que es implementarla, pero vamos a hacer pedagogía, vamos a estar en las calles dándole a los ciudadanos y a las autoridades las herramientas y el conocimiento para que esta ley sea una realidad”, señaló el representante a la Cámara de Verde Oxígeno, Daniel Carvalho, autor de la iniciativa.

Dentro del documento aprobado quedó establecido que los responsables de la política de calidad acústica en Colombia serán el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y sus institutos y entidades adscritas, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transporte.

Según la Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV), Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena son las ciudades más ruidosas del país. En Bogotá, el 61 % de los habitantes expresan insatisfacción con los niveles de ruido, mientras que en Medellín y el Valle de Aburrá, el 48 % considera que este es un problema ambiental prioritario. La Organización Mundial de la Salud establece que el nivel recomendado es de 55 decibelios, que es el máximo permisible en la ley colombiana para las zonas residenciales en horario nocturno.

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