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La Ley 2437 de 2024, sancionada el pasado 12 de diciembre por el Presidente, Gustavo Petro, establece un régimen permanente de insolvencia empresarial basado en los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, promulgados durante la emergencia económica por la pandemia. 
Esta norma fue objetada por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia por el Gobierno nacional, observaciones que fueron aceptadas por el Congreso de la República, lo que dio vía libre para su sanción. 
En este sentido, el Gobierno encontró que en el cuerpo de la iniciativa se vinculaban contenidos normativos que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional y, la inconveniencia, el proyecto no contemplaba, de manera adecuada, la protección de las garantías laborales de los trabajadores frente a procesos de insolvencia de empresas.
Así, el Congreso aceptó las objeciones y se eliminó el parágrafo 3° de los artículos 18 y 19, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.
De la misma manera, incluyó un parágrafo que refuerza la protección de derechos laborales y prioriza el pago de acreencias laborales.
La nueva Ley busca preservar empresas viables, reorganizarlas o facilitar su liquidación cuando no sea posible su recuperación, otorgando especial protección a los derechos laborales y fomentando la estabilidad empresarial.

Aspectos principales de la Ley 2437 de 2024

1. Acceso expedito a mecanismos de reorganización y liquidación:
Se agilizan los trámites para que las empresas accedan rápidamente a estos procesos. La responsabilidad sobre la información financiera recae en el deudor y su contador o revisor fiscal, garantizando mayor rapidez administrativa.
2. Protección de los derechos laborales:
Las acreencias laborales serán preferenciales en los términos del Código Civil, bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades. Esto asegura que los trabajadores tengan prioridad en los pagos durante procesos concursales.
3. Mecanismos de alivio financiero:
Se incluyen medidas como la capitalización de pasivos, descarga de deudas que excedan la valoración del deudor como empresa en marcha y pactos de deuda sostenible con reestructuración o reperfilamiento de obligaciones financieras.
4. Uso de tecnología e inteligencia artificial:
Para optimizar los procesos, la Superintendencia de Sociedades implementará herramientas digitales y de inteligencia artificial, garantizando acceso a los deudores sin recursos tecnológicos.
5. Reorganización abreviada y liquidación simplificada para pequeñas insolvencias:
Se crean procedimientos específicos para empresas con activos inferiores a 5.000 SMMLV, con procesos más rápidos y menos costosos, destinados a pequeñas empresas.
6. Rescate de empresas en liquidación inminente:
Acreedores pueden evitar la liquidación judicial aportando capital, siempre que se demuestre un patrimonio negativo y se asegure el cumplimiento de las obligaciones prioritarias.

Impacto en la economía nacional

La Ley 2437 no solo busca proteger el empleo y fortalecer el tejido empresarial, sino también fomentar la confianza entre acreedores y deudores. La inclusión de medidas como el estímulo a la financiación durante la negociación de acuerdos y los procedimientos de mediación a través de las cámaras de comercio prometen una recuperación más ágil para las empresas en crisis.
Esta legislación posiciona a Colombia como un referente en la región en términos de manejo de insolvencias, con un equilibrio entre sostenibilidad empresarial y justicia social.