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Nuestra derecha colombiana quiere más ganancias hechas con dineros públicos para sus grandes conglomerados económicos, pero le quitan la financiación al gobierno. Un absurdo mental total. Guillermo Alfonso sabe que aumentar los recursos para la salud aun más de lo que lo hemos hecho, que aunque la @lafm no lo diga, es el nivel más alto de la historia de Colombia, implica más financiación, y no debe salir de la gente trabajadora y productiva, sino de las rentas de la especulación. En esto me separo del ministro, creo que no hay que aumentar la carga tributaria general de las empresas, propusimos lo contrario en la ley de financiamiento, que los supuestos amigos del empresariado hundieron, propusimos disminuir el impuesto de renta a todas las empresas, y más, a las más pequeñas, de 35 a 30% Pero la amistad de algunos políticos con las mafias de los dueños de los juegos de los suertes y azar por internet, hundieron no solo el interés general, sino el interés empresarial, paradójicamente, con aplausos de gremios empresariales. He dado orden de priorizar el desmantelamiento de organizaciones y solicitar el procesamiento judicial de los evasores de recursos cuantiosos para la salud, que se apropian de decenas de billones de pesos que se mueven en los juegos de suerte y azar y que pertenecen a la Nación, pero que depredan. Jaramillo propone revisar la UPC a la luz de un nuevo financiamiento para la salud. Yo no iría a cargar más a las empresas en general, recuperando la antigua parafiscalidad de nómina, sino poniendo impuestos a los juegos de suerte y azar ilícitos para que sean lícitos, y con la sobretasa de renta a las extracciones fósiles, que como dice la ciencia, son hoy por hoy, la principal amenaza a la salud humana y a la vida en general. Desgraciadamente estos recursos no pudieron ser captados a través de la no deducibilidad de regalías en el impuesto de renta, que representaba la mitad de la reforma tributaria aprobada en el congreso en diciembre del 2022, pero que la corte constitucional tumbó. Estas nueva fuentes de financiación podrían ir al sistema preventivo y público a nivel nacional y podrían, como quiso la corte constitucional en reciente sentencia, dedicarse a la UPC exclusivamente para asistencia a enfermos, es decir para el sistema de referencia y contrareferencia que debe ser de carácter mixto, público y privado.