Parque Nacional del Chicamocha. Fiscalía imputó delitos a 3 exdirectores de AGUILAR

Si hay algo que deja claro la revisoría fiscal sobre las cuentas de 2016 de la Corporación Panachi es que no hay como soportar si las cifras reportadas son reales o tuvieron alguna alteración.

Las razones son varias. La más alarmante está en que toda la parte financiera estaba concentrada en una sola persona que manejaba un software tan vulnerable, que si en algún momento hubiera querido maquillar todas las cifras del recaudo y la inversión lo hubiera podido hacer.

Esa sola persona -Diana Bretón Reina-, quien es la contadora de la Corporación, tenía tanto poder que además de que tenía como tarea registrar en el software de la entidad los movimientos financieros de los parques (recaudo y pagos), también era la única persona que lo administraba y que podía modificarlo. Es decir, era juez y parte en el manejo de la plata y no había nadie que vigilara si lo estaba haciendo bien o mal.

Aunque en la Corporación hay dos maneras de recaudar dinero: las taquillas y los parqueaderos, solo el primero está sistematizado y es de baja seguridad porque ni siquiera está conectado con el de los torniquetes y se puede modificar fácilmente (en archivos de excel y sin ninguna auditoría los empleados hacían el registro), y el segundo funciona con recibos hechos a mano.

Lo de los parqueaderos tiene una particularidad adicional, el 1 de julio 2015 fueron concesionados a Aparcamos SAS, una firma que fue creada  6 días antes de que le entregaran el contrato, y cuyos propietarios son muy allegados a Carlos Fernando Sánchez, quien fue el director de la corporación desde su creación hasta octubre de 2014, cuando renunció para lanzarse a la Gobernación de Santander con el respaldo del parapolítico Hugo Aguilar.

Se encontró que, por ejemplo, Sánchez asistió a la boda de Anna Smith, la gerente de esa empresa.

Adicionalmente, y pese a que lo común en cualquier firma es que los movimientos financieros se manejen a través de bancos, porque, entre otros beneficios, así queda soporte de lo que se pagó o se recibió y la contabilidad adquiere transparencia, la revisoría encontró que solo entre enero y septiembre de 2016 se pagaron $712 millones en efectivo a proveedores y empleados. Esos pagos  también fueron avalados por la poderosa contadora.

El movimiento en efectivo llegó hasta el punto de que una persona natural le hizo un préstamo  de $290 millones a la Corporación, a una tasa de interés tan alta que de esa deuda se han pagado $140 millones solo en intereses y solo $150 millones de abono al capital.

Ese préstamo se efectuó en septiembre de 2014- un mes antes de que Sánchez renunciara a la Corporación para lanzarse a la Gobernación de Santander-  y quien lo hizo fue Javier Fernando Vargas Peñuela, el esposo de la asistente de gerencia de la Corporación, María Eva Bermúdez Mateus, quien según dijo el mismo Sánchez cuando anunció su candidatura, lo ha acompañado durante los últimos 27 años.

Según las explicaciones que dio el saliente director Daniel Valencia a la Junta sobre el manejo en efectivo, las transacciones se hacían así porque las cuentas estaban bloqueadas por errores en una resolución y por las deudas que tienen con los bancos.

La Silla intentó conocer la versión de Sánchez pero no respondió los mensajes ni las peticiones de entrevista que le hicimos a través de allegados.

Todos esos hechos sumados, son los que refuerzan la idea de que la posibilidad de fraude era muy alta y de que pese a que la Corporación Panachi era una organización que administraba proyectos a los que les metieron miles de millones en recursos públicos, manejaba su contabilidad como un mini-negocio particular.

Si bien la Corporación Panachi era rentable (no se sabe qué tanto porque esos registros no han sido auditados y publicados) cuando solo tenía bajo su ala la administración del Parque Nacional del Chicamocha, y precisamente por eso empezó a meterle plata al Ecoparque Cerro del Santísimo y el Acuaparque del Chicamocha, fueron precisamente esos proyectos los que dieron al traste con su liquidez.

La inversión la hicieron con la expectativa de que los proyectos serían rentables y de que verían retorno rápidamente; pero la realidad fue otra, y desde 2014 Corpanachi empezó a caer en una espiral de desastre financiero que lo tiene con $11 mil millones de deudas en los bancos, y otros $4 mil millones -entre proveedores y acreedores-.

De ese total, los $4 mil millones tendría que pagarlos en 2017 y habría otra partida -la correspondiente a los intereses y el capital de bancos- que tendría que asumir este año sino renegocian las deudas y las tasas. Además de eso debe pagar la operación de todos los parques que cuesta $1.000 millones mensuales.

La caída financiera de Panachi llegó hasta tal punto, que según el acta de la Junta Directiva del 27 de diciembre de 2016, el exdirector Daniel Valencia le reconoció a los socios que había pedido créditos para pagar otros créditos.

Es decir, entró en la dinámica de tapar un hueco con otro hueco para no ahogarse financieramente, y como ya la banca no le daba espacio, intentó pedirle al Idesan -el banco de la Gobernación- un préstamo de $1.500 millones para hacer lo mismo.

La falta de liquidez es tanta que en la Corporación no han mandado a hacer el lavado de un hongo que tiene el monumento del Santísimo, y además hay quejas por falta de mantenimiento en los otros dos parques.

Meter a Corpanachi en proceso de salvamento financiero es una oportunidad, el problema está en que a excepción de Panachi, el Santísimo y el Acuaparque no están cumpliendo con las proyecciones de recaudo y sin eso les queda muy difícil sobrevivir a menos de que la Gobernación o alguno de los socios le inyecten plata.

Los globos que inflaron con los proyectos empezaron a estallar

Con el antecedente de Panachi, que desde 2004 estaba funcionando y que a 10 años de su construcción había atraído a 2,4 millones de visitantes, así como con el espaldarazo de empresarios que veían en el proyecto un nuevo empujón al crecimiento de los indicadores económicos de Santander, en junio de 2015 se inauguró el Cerro del Santísimo con bombos y platillos.

Aunque el Cerro del Santísimo arrancó con pie derecho y según las cifras reportadas por la Corporación Panachi, en los primeros seis meses de funcionamiento (junio a diciembre de 2015) atrajo a 177 mil turistas, las metas para 2016 a corte de octubre de ese año iban muy por debajo de lo proyectado, y en el Acuaparque Chicamocha la situación era similar, por lo que quedó en evidencia que la tan prometida cadena Desde ese entonces empresarios empezaron a desertar del proyecto y a cerrar sus locales porque ya no podían soportar las pérdidas. Ahora además de los tres que ya cerraron -Mar Azul, El Vagón, Alma Accesorios-, otros dos -La Cervecería Cláusen y Puerta del Sol-, como lo anticipamos, también van a cerrar sus restaurantes.

“Yo me metí en este proyecto porque las expectativas que nos vendieron fueron muy altas, hablaron de que esto iba a ser la panacea, de que el Cristo iba a atraer a todo el mundo, y mejor dicho, que ahora sí había llegado la hora de Santander”, le dijo a La Silla el dueño de uno de los restaurantes del Santísimo en septiembre. “Yo me lo creí porque con esa inversión no era posible que dejaran al azar si funcionaría o no el Santísimo. Hoy llevo $90 millones en pérdidas e hice una inversión de más de $400 millones”.

Con la salida de más empresarios del proyecto, queda claro que no solo los globos que se inflaron sobre su rentabilidad empezaron a estallar, sino que también la cadena económica sigue dormida.

Era tierra de nadie

Con la inmersión inicial a Corpanachi también empezó a quedar en evidencia que además de que el manejo financiero era cuestionable, el administrativo también estaba en entredicho.

En la Corporación no existen ni manuales de funciones, ni de perfiles, no hay políticas de gestión de calidad y las metas de mercadeo no incluyen estrategias para destrabar la debacle de los proyectos

“Es como si no tuviera norte”, fue como le describió a La Silla una fuente de la Junta el manejo administrativo de Panachi.

Uno de los hallazgos más sonados de la revisoría, además de la concentración de toda la actividad financiera en una sola persona, fue la de las bonificaciones que el director recibía y que por mucho tiempo no estuvieron contabilizadas como parte de su salario y que por eso no tuvieron los descuentos de ley.

Pese a que el salario del director era de $12 millones, por otro lado se contabilizaban $10 millones más.  La Junta aún no ha encontrado el acta con la que le aprobaban ese tipo de incentivos.

Si bien la auditoría que fue publicada por la Gobernación de Santander solo es de 2016 y en principio solo le competen a la administración de Daniel Valencia, varios hechos de los que se enumeran en ese informe como potenciales irregularidades vienen de más atrás.

Tres miembros que estuvieron en la Junta Directiva de la Corporación Panachi el cuatrienio pasado, le dijeron a La Silla que jamás encendieron las alarmas porque los reportes siempre fueron favorables.

De hecho, Richard Aguilar, exgobernador de Santander y quien fue miembro además de la Junta, de la Asamblea de Corpanachi (el máximo órgano de esa entidad integrado además de la Gobernación de Santander, por Sociedad de Mejoras Públicas de San Gil en cabeza de Franklin Quiroz, la Fundación Cardio Vascular con el cacao Víctor Raúl Castillo y la Cámara de Comercio de Bucaramanga con Juan Camilo Beltrán), le contó a La Silla que “los informes de revisoría siempre fueron revisados por el Consejo y aprobados por unanimidad (por los tres miembros más de la Asamblea)… Nunca se habló de irregularidades”

Los otros dos miembros de la entonces Junta Directiva le dieron a La Silla una versión similar y, además, le atribuyeron los nuevos hallazgos al hecho de que “la revisoría fiscal cambió”.

“No sé si nos estaban ocultando información. Pero antes nada de eso se reportó. En las pocas reuniones que hubo se hablaba del avance de los proyectos y de su ejecución”, contó una de esas fuentes.

Sin embargo, La Silla conoció un informe que hizo la antigua revisoría sobre el manejo de la Corporación en 2015, que fue entregado en 2016 a la Gobernación -ya en manos de Didier Tavera- y en él se hablaba también (aunque no tan a profundidad) de varias deficiencias en el manejo financiero de Panachi, como la falta de conciliación de bancos y el arbitrario manejo de la caja.

Esa misma revisoría en septiembre del año pasado, tres meses antes de que contratara la nueva revisoría, emitió un informe que esta vez habló de fondo de los mismos hallazgos que fueron entregados a inicios de este año.

Además, la deuda con los bancos ya había sido socializada desde que Tavera inició la administración, por lo que ese dato, tampoco era nuevo.

Como con todo lo que se encontró en el manejo de Panachi en 2016, la Contraloría de Santander anunció que hará una auditoría especial, y, además, Tavera ordenó que la revisoría nueva también audite todo el movimiento de la Corporación, falta ver si sobre los cuatro años de Richard, los de Horacio Serpa y los de Hugo Aguilar entregan resultados similares.

Dependiendo de eso, también se sabrá si hubo omisiones por parte de los socios y de la junta al no revisar a fondo todos los estados financieros de la Corporación; o si fueron engañados con reportes incompletos o maquillados.

Además, se conocerá qué tan profundas fueron las auditorías de la Contraloría de Santander a esa entidad, que adicional a que hacía seguimiento anual a las cuentas de Corpanachi anualmente, enfrentó cuestionamientos en la administración de Argemiro Castro Granados, quien fue contralor el mismo cuatrienio de la Gobernación de Richard Aguilar, por hacer caso omiso a denuncias sobre presuntas irregularidades en esa entidad.

Con la publicación de la revisoría, la renuncia de Daniel Valencia como director de la Corporación Panachi, y la desnudada parcial de las cuentas de esa organización, Tavera hizo una jugada a varias bandas.

Por una parte, empezó a cumplir con una de sus principales promesas de campaña; por otra, amplió su margen para moverse políticamente en un año preelectoral metiéndose de frente con el que hasta ahora había sido el principal fortín de los Aguilar; y además, le dio juego al sector privado dejando que los empresarios asumieran técnicamente la revisión de las cuentas de la corporación.

De esos tres movimientos, dos le dejan réditos adicionales.

La movida política no solo le saca la espinita de campaña con los Aguilar, sino que también revive el debate sobre la decisión de Richard Aguilar de meterle $42 mil millones de regalías (plata que se debe invertir en las principales necesidades de la población más vulnerable) a un proyecto turístico que hoy está arrojando pérdidas.

Eso, en momentos en los que, como hemos contado en La Silla, Aguilar está pensando en empezar a mover su imagen para definirse bien sea para las legislativas de 2018 o las locales de 2019, lo pone a sortear un escándalo en un momento inoportuno.

La movida con los empresarios, quienes con el nombramiento de César Hernández, el director de Invest in Santander (un proyecto dirigido por privados que busca atraer inversión al departamento), se apersonan de la nueva era en Panachi,  también le funciona y mucho.

El hecho de que él mismo se desmarque de la intervención a esa corporación y la deje en manos de los empresarios, le quita el tinte político a toda la etapa de mostrar cuentas y papeles que se viene, y eso le da más credibilidad al proceso que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos tres meses, tiempo en el que esperan dar resultados definitivos sobre lo que encuentren.