Colombia 2018: silencio y exterminio
La campaña electoral avanza con grandes dudas sobre la existencia de plenas garantías para el ejercicio político. Sin embargo, la comunidad internacional y los conglomerados mediáticos concentrados –aliados de las grandes fortunas del país– mantienen el tupido velo de impunidad y exterminio que cumple, este 9 de abril, 70 años de cotidianidad.
El próximo 27 de mayo tendrá lugar la primera vuelta de unas elecciones históricas para Colombia. Por primera vez, después de más de medio siglo de conflicto armado con las FARC-EP, hoy constituidas en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, los colombianos y colombianas elegirán al jefe del Ejecutivo.
La campaña, cubierta por un halo de normalidad, que reflejan medios nacionales e internacionales, está marcada por el incremento de la persecución y asesinatos a líderes políticos y sociales, una constante en la historia colombiana irresoluta e invisibilizada, incluso en “tiempos de paz”.
Esta desalentadora situación fue recientemente expuesta por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (2017) se registraron 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyeron a 84 defensores 
de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales.
ONU Derechos Humanos también registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no solicitada de fotografías y el robo de información); cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista. A marzo de 2018, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) estimaba en un total del 22 los líderes sociales asesinados en el año en curso.
La mayor parte de los actos violentos fueron llevados a cabo por estructuras derivadas del paramilitarismo y, en menor medida, por el ELN y grupos disidentes de FARC. Así, los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos criminales, exmiembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares (54 casos); grupos armados ilegales ELN (4 casos), ex FARC-EP (3 casos), el Ejército Popular de Liberación (EPL) (1 caso); individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros de la fuerza pública (3 casos)
La sistematicidad de estos asesinatos y amenazas a la líderes políticos y sociales –negada por el Gobierno de Santos en reiteradas ocasiones– ya se saldó con la candidatura presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionara del Común, cuyos líderes señalaron que la falta de garantías para el ejercicio político les impedía continuar la carrera presidencial. Una situación que coincidió con la afección cardiaca que sufrió Rodrigo Londoño, durante una campaña plagada de tensiones.
La falta de garantías para el ejercicio político no solo supuso la salida de la carrera presidencial del partido político fundado por la antigua guerrilla, sino que también ha dificultado el desarrollo con normalidad de la campaña del candidato Gustavo Petro, víctima de un atentado en la ciudad de Cúcuta que no se saldó con heridos, pero sí reflejó las enormes falencias y brechas existentes para que el candidato progresista –puntero en las encuestas preelectorales– pueda desarrollar con libertad su campaña.
En Colombia se sigue imponiendo la política del exterminio de la diversidad y del sujeto “que sobra”. Esta se exacerba en momentos de alta tensión y polarización política y lleva 70 años acabando liderazgos divergentes que amenazan a las elites y familias enquistadas en el poder: desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, hasta el exterminio sistemático de la Unión Patriótica.
A pesar de que los Acuerdos de Paz, parecían ser una vía para garantizar el ejercicio democrático de la ciudadanía colombiana, las barreras continúan y el ciclo de la violencia, así como la represión son latentes. Esto se debe a la falta de respuesta institucional, la corrupción y la impunidad, que se conjugan con la permanencia de grupos provenientes del paramilitarismo y de asesinos a sueldo que, de la mano con la fuerza pública, cuidan los intereses de los grandes capitales y las grandes fortunas del país.
Desplazan a los campesinos y ocupan sus tierras, asesinan a líderes reclamantes y amenazan la carrera presidencial de las candidaturas progresistas, que se convierten en la piedra en el zapato de terratenientes y empresas vinculadas al extractivismo minero y a la agroindustria
La campaña electoral avanza con grandes dudas sobre la existencia de plenas garantías para el ejercicio político. Sin embargo, la comunidad internacional y los conglomerados mediáticos concentrados –aliados de las grandes fortunas del país– mantienen el tupido velo de impunidad y exterminio que cumple, este 9 de abril, 70 años de cotidianidad.
