A tan solo dos semanas del traspaso de mando, tres anuncios sentaron las bases de los retrocesos por venir:

1. La modificación el reglamento para la aplicación de la ley de aborto en tres causales (violación, inviabilidad fetal y peligro de muerte materna). La modificación consiste en la eliminación del artículo que impedía que las instituciones que se declararan objetoras de conciencia mantuvieran convenios con el Estado. Esta modificación asegura, entre otras cosas, la posibilidad de que el Estado realice transacciones comerciales con instituciones como la Red de Salud de la Universidad Católica de Chile -que funciona en asociación con Christus Health-ⁱ y que se traduce en jugosas ganancias para la derecha. Más allá de facilitar la objeción de conciencia (que se puede presentar por instituciones completas, a diferencia de otros países en los que la objeción es una opción meramente individual), esta decisión busca la no afectación económica del sistema privado de salud.

2. El decreto de inconstitucionalidad del artículo 63 de la ley que reforma la educación superior y que prohíbe la presencia de personas jurídicas que persigan fines de lucro en directorios de universidades privadas. El mensaje es claro y no amerita mayor explicación: la educación seguirá siendo un negocio rentable en Chile.

3. El 1 de abril el presidente manifestó su postura ante la Ley de Identidad de Género que ya se encontraba en trámites dentro del Congreso. Unos días después el ministro de la Secretaria General de la Presidencia declararía que se otorgaría prioridad a 12 iniciativas consideradas con carácter de urgencia, entre las que no se incluía la Ley de Identidad.ⁱⁱ La misma había representado una fractura en el interior del oficialismo, especialmente en cuanto al derecho de los menores de edad.

Entrando a la segunda quincena de gobierno, se presentó la modificación de la Ley de migraciones, que contempla nuevas regulaciones para “combatir el tráfico de migrantes” y la revisión de la situación de los extranjeros en el país, con regulaciones especiales para ciudadanos haitianos y venezolanos. Además, simplifica el proceso de expulsión para quienes se considere hayan infringido la Ley Migratoria. La ley facilita la migración de venezolanos, con una “visa de responsabilidad democrática”, una acción que reafirma el enfrentamiento que Piñera ha planteado con Venezuela. El presidente anunció que no reconocerá los resultados de las elecciones, a realizarse este 20 de mayo en el país caribeño, por considerarlas fraudulentas, y una manifestación del deseo de Nicolás Maduro de perpetuarse en el poder.ⁱⁱⁱ Sumado a esto, el 23 de abril, Chile anunció que suspendería su participación en la UNASUR, argumentando que “no conduce a nada, no ayuda a la integración y no es capaz de resolver los temas relacionados con la región”.

Unos días después, en medio de un escándalo ocasionado por la decisión del presidente de nombrar como embajador en Buenos Aires a su hermano (polémica que concluyó en el retiro de la designación),^iv Piñera realiza su primera visita oficial como presidente. El país elegido: Argentina. En una declaración conjunta desde la Casa Rosada, ambos mandatarios anunciaron que buscarán liberalizar el comercio entre Argentina y Chile. El segundo país elegido para esta primera gira fue nada menos que Brasil -en una apuesta por legitimar el Gobierno de Temer- con el que acordó avanzar en un tratado de libre comercio.

Además, la decisión de nombrar como responsable del Ministerio de Educación a un frontal opositor a la gratuidad educativa reactivó al movimiento estudiantil, que convocó a una protesta que tuvo más de 200.000 asistentes y que terminó con violentos episodios de represión. También se han movilizado trabajadores -en contra de las precarias condiciones laborales que ofrece el Estado chileno-, organizaciones sociales -enfrentadas al sistema privado de pensiones- y comunidades campesinas y pueblos originarios en contra de la privatización del agua. El pasado 1° de mayo cerró entonces con una masiva movilización en contra de un Gobierno con manifiesta afinidad hacia la extrema derecha, como quedo claro tras la decisión de incluir a personajes abiertamente pinochetistas en su cartera de Gobierno.

¿Quién es quién en el Gabinete de Piñera?

Las decisiones en torno a su gabinete no han estado exentas de polémica. Para los ministerios que se suponen menos estratégicos ha designado personas con nula o escasa experiencia en las áreas de las que pasan a ser responsables (es el caso de los ministerios de Cultura, las artes y el patrimonio, Mujer y la Equidad de Género -cuya titular, además, ha sido históricamente una férrea opositora al aborto-, Deporte y Bienes Nacionales). De los escasos seis ministerios coordinados por mujeres, cuatro responden a perfiles técnicos: son los casos de la Secretaría General de la Presidencia, Transportes y Telecomunicaciones, Energía, y Medio Ambiente, aunque en este último caso destaca que la titular, Marcela Cubillos, proviene de una familia de vínculos directos con la dictadura (su padre fue el ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet). En los ministerios vinculados a las áreas productivas del país ha primado el criterio de seleccionar empresarios exitosos. Para los ministerios considerados estratégicos detallamos el perfil de los responsables:

Ministerio de Interior y Seguridad Pública. El titular es Andrés Chadwick Piñera quien, tras un breve paso por la militancia de izquierda en el partido MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria), ejerció durante veinte años labores en el Congreso Nacional. Durante el primer período presidencial de Piñera asumió la vocería del Palacio de Gobierno y luego el Ministerio de Interior. Con un entorno familiar pinochetista (su padre, Herman Chadwick Valdés, fue Conservador de Bienes Raíces de Santiago entre 1977 y 1997, cargo asignado por el mismo Pinochet, y su hermano, Herman Chadwick Piñera, fue alcalde de Providencia, también designado por el dictador).^v Durante esta segunda gestión ha resaltado su resistencia a las reformas constitucionales propuestas por la oposición al Gobierno de Piñera. En el foro empresarial ¿Cómo se viene el 2018?, el ministro declaró: “hay ciertas cosas que queremos que no avancen, no queremos que avance el proyecto de una Nueva Constitución que presentó la Presidenta Bachelet al terminar su período”.^vi

Ministerio de Relaciones Exteriores. Al igual que su homólogo en Interior y Justicia, el ministro Roberto Ampuero deriva de una militancia de izquierda: perteneció a las Juventudes Comunistas de Chile y, en 1973, emigró a la RDA con una beca de estudio para la Universidad Karl Marx. Posteriormente, se trasladó a Cuba, donde estudió literatura latinoamericana. Ampuero construyó cierta visibilidad como escritor que, en el año 2009, aprovechó para impulsar la campaña de Piñera. Participó en un acto público junto con otros escritores de derecha (Mario Vargas Llosa y Jorge Edwards) y en 2011 fue designado como embajador en México para luego, en 2013, asumir el Ministerio de Cultura hasta marzo del 2014. Durante la campaña presidencial, Ampuero protagonizó un pequeño escándalo virtual al difundir en redes sociales un posteo en el que aseguraba que el presidente Nicolás Maduro apoyaba la candidatura de Guillier. Al retractarse, dejó de manifiesto su postura ante la política regional: “este supuesto mensaje del dictador Nicolás Maduro no corresponde a la realidad y lo incluí en el fragor del debate twitteriano”.^vii A pesar de los países en los que realizó su formación académica, en la interpretación personal del ministro sobre la dicotomía dictadura/democracia el factor “elección realizada por el pueblo” no parece entrar en juego. El ahora canciller ha recurrido a todas las instancias comunicacionales posibles para legitimar al Gobierno de Temer, como se puede observar en sus redes sociales.

Ministerio de Defensa Nacional. A diferencia de los dos casos anteriores, el único acercamiento que tuvo hacia la izquierda el ministro Alberto Espina Otero fue como opositor activo al Gobierno de la Unidad Popular (como presidente del centro de estudios en The Grange School). Fue presidente del Movimiento de Unión Nacional, un partido político fundado en 1983 y disuelto en 1987, abiertamente pinochetista. Además, es uno de los fundadores -y también presidente- del partido Renovación Nacional, que inició como un movimiento para unificar a la derecha en 1987 y que llamó a votar por el Sí en el plebiscito de 1989 (Sí a la continuidad de la dictadura). Una de sus primeras y más promocionadas acciones ha sido la firma de un convenio con la Contraloría General para “perfeccionar los procedimientos institucionales detectados en procesos de fiscalización, llevados a cabo por la Contraloría, en las siguientes áreas críticas: remuneraciones, proveedores, adquisiciones, compras públicas, rendición de cuentas, pensiones y Ley del Cobre”.^viii No es de extrañar que el nuevo ministro se concentre en limpiar la imagen de las FF.AA. en cuanto a la malversación de fondos del Estado.^ix Recordemos que las acusaciones de corrupción contra el dictador Pinochet conmocionaron a la derecha mucho más que las denuncias por atropellos a los derechos humanos. La postura de Espina sobre el tema de los derechos ha sido clara en las declaraciones realizadas cuando aún era senador. Durante el debate para la despenalización del aborto en tres causales, el flamante ministro argumentó: “Cuando se trata de una mujer mayor de 18 años, la ley establece que ella no está obligada a denunciar para una violación común y corriente, me refiero a una violación normal”.^x

Ministerio de Hacienda. Sin vinculación a ningún partido político, Felipe Larraín repite como ministro de Hacienda. Durante la gestión anterior de Piñera, las cifras de la economía chilena calzaron bien en un ámbito tradicional de evaluación: crecimiento sostenido del PIB, disminución de la pobreza y del desempleo. Sin embargo, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el crecimiento económico no se tradujo en una disminución de la desigualdad.^xi En esta nueva gestión, Larraín apuesta, como una de las primeras acciones, a transformar el sistema tributario (incluyendo la rebaja del impuesto a las empresas).^xii

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El nuevo ministro, José Ramón Valente, es conocido por su experiencia como director de Econsult, una empresa que presta servicios financieros y administra fondos de inversión. En el año 2003, esta empresa administró el fondo Halcón.^xiii En el año 2016 la Contraloría General de la República realizó una auditoria a los fondos de capital de riesgo y como resultado emitió un cuestionamiento del aporte al fondo Halcón, pero no se instruyeron sanciones, por lo que la única consecuencia de esta “hábil” jugada trajo al actual ministro fueron ganancias económicas.

Ministerio de Educación. Por ser el derecho a la educación el mayor motor de las movilizaciones y protestas sociales en Chile durante los últimos años, la designación del responsable para este ministerio estuvo rodeada de expectativas. Finalmente, la persona designada para esta labor cumple con el perfil de la mayor parte del gabinete de Piñera: cuenta con una exitosa carrera empresarial, que incluye vínculos con compañías radicadas en paraísos fiscales.^xiv Gerardo Varela inició su gestión declarando que “el tiempo de las marchas ya pasó, hoy se quiere ver a los estudiantes en las aulas”.^xv Se ha manifestado en contra la gratuidad y, aunque no la declara “reversible”, si ha sido claro en puntualizar que la meta del 100% de gratuidad no se alcanzará en el corto plazo.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, en el escandaloso currículo de Hernán Larraín en materia de derechos humanos, resalta su membresía en la Corporación de Amigos de Colonia Dignidad, un asentamiento de nazis fundando en 1961. En la Colonia se estableció una suerte de secta que incluía entre sus prácticas el abuso sexual a menores de edad y torturas. Además, el espacio funcionó durante la dictadura militar como centro de detención y tortura. El flamante ministro se pronunció para defender al director de la colonia, Paul Schaeffer.^xvi A su cartera le corresponde coordinar, a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos,^xvii aprobado por la expresidenta Bachelet, que incluye más de 600 acciones a implementar entre el 2018 y el 2021. El plan incluye quince temas, entre los que se cuenta Dictadura y Memoria, lo que se espera garantice la continuidad de las políticas de reparación vinculadas a los atropellos a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, por encima de las cuestionables posturas del actual ministro sobre el tema.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El ministro, Nicolás Monckeberg, se suma a la lista de militantes del partido de derecha Renovación Nacional que conforman el gabinete de Piñera. Ejerció como diputado desde el año 2002 hasta el año 2014. Entre marzo de 2012 hasta abril de 2013 fue presidente de la Cámara de Diputados. Durante sus labores como diputado se opuso a la titularidad sindical, hecho que ha sido ampliamente citado por voceros del mundo sindical luego de su nombramiento.^xviii

Ministerio de Salud. El primero de los ministros de Piñera que es interpelado por la Cámara de Diputados, Emilio Santelices, no cuenta con un historial de militancia en la derecha, sin embargo, el médico asumió la primera arremetida conservadora del nuevo Gobierno (contra la Ley de aborto). Esto le valió la mencionada interpelación, que fue interpretada por la derecha como “un motivo político de pegarle al Gobierno”, según la intervención del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya.^xix Accionista de una de las más grandes clínicas privadas del país (Clínica Las Condes) es un claro defensor de la mercantilización de la salud. Durante su gestión como presidente de la Corporación Médicos por Chile abogó por los intereses del sistema privado.