Venezuela . Elecciones. Un nuevo escenario partidista en la mira y cerco internacional
Dichos actores, caracterizados por intereses materiales y geopolíticos que chocan con los del Gobierno venezolano, se han dedicado a difundir ante la opinión pública mundial un determinado sentido común sobre la democracia, la libertad y los derechos humanos (DDHH). Se repiten experiencias previas, se repite la respuesta desde el sector público-privado estadounidense y los intereses vinculados a las élites locales: cualquier proceso que trate de cuestionar el statu quo, que ponga límites a su funcionamiento o que intente formas de democracia distintas a las de la democracia liberal procedimental hegemónica, es presentado como fallido y/o antidemocrático, de tal manera que arraigue la idea de que “no hay alternativa” al sistema económico y político existente.
En el caso concreto de Venezuela, desde el inicio de la Revolución Bolivariana y especialmente en los últimos años, se viene construyendo y sedimentando la noción de que es un Estado fallido o una dictadura que vulnera los DDHH y la democracia procedimental, y que ha procurado aislarse del mundo. En los últimos tiempos, está cobrando fuerza también la idea de Venezuela como país que padece una crisis humanitaria que hace urgente la intervención de la comunidad internacional.1 A continuación se exponen algunos de los actores que participan en la construcción/manipulación de esta realidad, sus acciones en los últimos meses y su comportamiento prospectivo ante un escenario electoral con el que no contaban:
Los medios de comunicación y redes sociales.
Procuran manufacturar el consenso negativo en torno a Venezuela a través de un poder blando que incide en la opinión pública mundial. El poder blando se basa en elementos culturales e ideológicos para cooptar y seducir a la población hacia los valores de quien lo ejerce. A diferencia del poder duro, que utiliza métodos coercitivos, el poder blando es sutil y puede resultar imperceptible.
Desde hace varios meses, los medios de comunicación internacionales destacan la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela2 (con paralelismos al caso de Siria), presionando para la intervención de gobiernos u organismos internacionales para solucionarla. En el marco de este escenario, se exacerban las advertencias sobre el problema migratorio, presentando la emigración venezolana como un éxodo producto de la grave crisis humanitaria que afecta a la seguridad hemisférica y que es, única y exclusivamente, producto de los errores del gobierno venezolano,3 quitando relevancia a las medidas económicas, políticas y diplomáticas de gobiernos y organismos internacionales que han empujado a esta situación.
Otra herramienta usual en la manufacturación del consenso negativo es la difusión de rumores vía redes sociales, sea Twitter o Facebook. Por ejemplo, un columnista reconocido como voz experta difundía el 27 de abril una supuesta “reforma constitucional para abolir el sufragio en Venezuela”4, basándose en declaraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Algo similar sucedió hacia fines de mayo de 2016, cuando el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, difundió en redes sociales que era un hecho la aplicación de la Carta Democrática al caso de Venezuela (cuando en realidad, se necesitaba de varias instancias para aplicarla), provocando un grave escenario de tensión a nivel regional5.
Su papel es crucial a la hora de influenciar a la opinión pública mundial, incluso con el propósito de condicionarla en procesos electorales propios, con la asociación de candidatos que no son del agrado del establishmentcon Venezuela (caso de México, con Manuel López Obrador, o Colombia, con Gustavo Petro), tengan o no vínculos con dicho país. Es de prever que los medios hegemónicos y redes sociales exacerben en las próximas semanas esta construcción de consenso negativo sobre Venezuela, descalificando y deslegitimando el proceso eleccionario.
Think tanks y “opiniones expertas”.
Son organismos que elaboran la opinión experta para moldear la opinión pública difundida o impuesta por medios y redes sociales, o bien por artículos académicos que frecuentemente presentan como verdad objetiva hechos cuestionables (carentes de fundamentos sólidos) e interpretaciones tendenciosas y repletas de omisiones. Un ejemplo son los múltiples informes sobre la inflación venezolana, el desabastecimiento, la (supuesta) miseria estructural venezolana, que evitan hacer referencia el contexto internacional, las tensiones y los factores y actores políticos internos y externos que inducen o presionan para la desestabilización permanente.6
Los think tanks han ayudado a respaldar, a través de sus analistas y voceros, la idea de la crisis humanitaria en Venezuela, procurando asociarla al caso de Siria,7 asociación que –como hemos mencionado– es reproducida por la prensa hegemónica. En efecto, los medios de comunicación con mayor audiencia recurren a estas voces expertas para elaborar artículos o presentarlos en columnas de opinión. Se suman a esta dinámica conferencias y eventos realizados sobre Venezuela, orientados a consolidar la necesidad de un urgente cambio de régimen.8 En este rubro, se incluye a los miembros de la oposición al Gobierno, invitados como voces informadas y particularmente legítimas.9 También abarca a los expertos que actúan, supuestamente, a título individual con declaraciones off the record10 o en espacios públicos, expresando directamente los intereses de Estados Unidos (EEUU) en su calidad de funcionarios o ex funcionarios empujando en la línea del ‘cambio de régimen’.11
Es probable que las opiniones expertas confluyan con mayor énfasis en la construcción/sedimentación de la noción de crisis humanitaria que justifique una intervención humanitaria al uso de las que EEUU ha realizado en los últimos años en la ex Yugoslavia o Irak.
Diplomacia.
En este rubro se incluye tanto el accionar de gobiernos como el de organismos regionales e internacionales que avalan la idea de Venezuela como supuesto Estado fallido sumido en una crisis humanitaria. Con sus acciones mantienen un orden internacional asimétrico, donde las potencias occidentales se arrogan la potestad de establecer no sólo las reglas del juego en el ámbito internacional sino también al interior de los países, reproduciendo las relaciones centro-periferia que apuntalan el orden neoliberal12.
La presión diplomática hacia Venezuela ha ido in crescendo en los últimos meses. En el hemisferio y en el ámbito multilateral, destaca la labor de la OEA que se ha dedicado a articular un frente al servicio del “cambio de régimen” en Venezuela insistiendo en la crisis humanitaria.13 Ante la imposibilidad de lograr un consenso dentro de la OEA, se creó el Grupo de Lima, alianza de 12 países conocidos por su afinidad con la política estadounidense (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica), a los que se han sumado EEUU, Guyana y Santa Lucía, para presionar al Gobierno Maduro. Sus declaraciones sobre la ilegalidad de las elecciones presidenciales14 se han tomado como prueba de dicha ilegalidad, sin siquiera considerar lo que la legislación venezolana establece al respecto. El Grupo de Lima pretende aplicar unilateralmente la Carta Interamericana de la OEA a Venezuela.15
El actual escenario político latinoamericano, con una correlación de fuerzas más favorable a la derecha regional, pone en una situación delicada a Venezuela. El anuncio de varios países de suspender su participación en UNASUR16 muestra una tendencia a acomodarse (nuevamente) a los lineamientos económicos, políticos y para la seguridad planteados desde EEUU, en detrimento de las iniciativas latinoamericanistas que favorecían la resolución de conflictos desde América Latina y para América Latina.
Este escenario hemisférico más adverso reduce la capacidad de maniobra de Venezuela ante las reiteradas declaraciones de los funcionarios estadounidenses. En los últimos días, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, ha pedido desconocer las elecciones del 20 de mayo y suspender a Venezuela como miembro de la OEA.17 Mientras que el recién nombrado secretario de Estado, Mike Pompeo, ha resaltado el conflicto en torno al éxodo de millones de venezolanos que supuestamente huyen del país por culpa de la crisis y el régimen corrupto al que calificó de dictadura.18 En este escenario, no debe descartarse la instalación de un gobierno paralelo en el exilio al que EEUU podría proporcionar ayuda material y sobre todo brindarle legitimación, tanto de manera bilateral como a través de organismos multilaterales como la OEA.
Las declaraciones van acompañadas de otras medidas de presión diplomática como las sanciones económicas, principalmente hacia funcionarios venezolanos19iniciadas bajo la administración Obama, pero continuadas y profundizadas bajo la de Trump. Como algunos analistas observan, las sanciones se mantienen de manera bilateral pese a su ineficacia para lograr el cambio de régimen, para lo cual son más útiles las estrategias multilaterales.20 De hecho, EEUU ha buscado aliados para sus sanciones, que también han aplicado los países de la Unión Europea21, sumándose recientemente Suiza22 y Panamá.23 Las sanciones también buscan evitar que Venezuela desarrolle alternativas al bloqueo financiero que padece de facto, como la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que prohíbe el uso del petro, la criptomoneda venezolana.24
A pesar de la presión, algunos países cuyas relaciones diplomáticas con Venezuela se han deteriorado en los últimos meses (caso de España) vienen dando muestras de intento de restablecer el trabajo conjunto, lo que parecería mostrar que ciertos intereses económicos están por encima de los escrúpulos democráticos. El regreso de los respectivos embajadores, no obstante, no supone que los motivos que originaron las fricciones hayan desaparecido ni que el Gobierno de España haya dejado de ser uno de los que mayor apoyo da a la oposición venezolana.
El fin último de estas dinámicas y mecanismos es crear/consolidar un escenario que convenza a la opinión internacional de que Venezuela está aislada (por decisión del gobierno) justificando una eventual intervención humanitaria que incluya la variante militar en caso de ser insuficientes las acciones de poder blando. Desde esta perspectiva, es clave el rol que vienen asumiendo las Fuerzas Armadas (FFAA) que, de momento, se limitan a realizar declaraciones y operativos conjuntos con las FFAA latinoamericanas.25
Las FFAA y organismos directamente vinculados a las fuerzas de seguridad.
Son, en última instancia, el respaldo duro de las acciones de poder blando, sin el cual las declaraciones políticas o las posturas mediáticas no podrían ejercer una auténtica presión.
En los últimos meses, tanto desde el gobierno de EEUU26 como de parte de la oposición venezolana se ha insinuado la necesidad/posibilidad de una intervención militar en Venezuela, procurando establecer paralelismos con otros escenarios de crisis a nivel internacional.27 Estas declaraciones pretenden apelar a lo establecido por EEUU en su Estrategia de Seguridad Nacional que concibe a Venezuela como país enemigo y modelo autoritario al que hay que aislar.28 De hecho, ya en 2017 el comandante del Comando Sur, Kurt Tidd, había declarado ante el Congreso: “La creciente crisis humanitaria en Venezuela puede obligar a una respuesta regional”.29
Por último, es importante destacar que el cerco internacional, además de procurar aislar a Venezuela, cumple la función de apoyar a diversos actores y sectores de oposición internos y parece adquirir mayor relevancia frente a una oposición que se ha mostrado débil y desunida no sólo a lo largo del proceso de cambio en Venezuela, sino en coyunturas electorales. En este sentido, el cuestionamiento a la actual legalidad venezolana por parte de los actores internacionales es indispensable para asentar la idea de que lo que sucede en Venezuela está fuera de la ley o es contrario a ella. Se pretende, por tanto, abortar desde el exterior toda posibilidad de resolución de un conflicto que debería pasar exclusivamente por la negociación de los actores internos y la legalidad venezolana.
Conclusión
El escenario postelectoral no será sencillo para Venezuela, que cuenta con menos aliados entre los países de América Latina y el Caribe que sus opositores internos e internacionales para poder desmontar sus argumentos. Si bien la opción de votar para aislar a Venezuela en los organismos multilaterales -como la OEA- ha sido desechada por sus propios impulsores porque todavía la correlación de fuerzas es favorable al chavismo, otras instancias multilaterales pueden ser utilizadas para escenificar el supuesto aislamiento internacional venezolano.
En términos generales, puede preverse que los resultados electorales del 20 de mayo no cambien -si son favorables al chavismo- los planes establecidos previamente por estos actores de asentar la idea de una crisis humanitaria en Venezuela para forzar una intervención. Este sería el último recurso frente a la imposibilidad de socavar el chavismo desde adentro. Para frenar cualquier conato de intervención que se pudiera llegar a plantear en organismos multilaterales como Naciones Unidas, Venezuela depende de sus aliados extracontinentales, especialmente de Rusia y China, cuyo respaldo puede ejercer una función hasta cierto punto disuasoria para EEUU, aunque siempre relativa como se ha visto en el reciente caso de Siria.
Otra opción que se atisba es la legitimación de un Gobierno venezolano en el exilio por parte de la comunidad internacional, fórmula que ha sido ya ensayada en otros conflictos previos (Consejo Nacional Sirio, por ejemplo). De momento, ya existe un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que ha propuesto enjuiciar al presidente Maduro y no se descarta que se den más pasos en la lógica de desconocer a las autoridades e instituciones venezolanas. El papel de la comunidad internacional para validar dichos pasos será clave para lograr el consenso de la opinión pública mundial.
Los escenarios están abiertos y la volatilidad presentada por la administración Trump en su toma de decisiones, así como su inestabilidad interna fruto de los continuos cambios en el Gabinete, no permite apuntar a líneas de resolución claras en un sentido u otro. El nombramiento de un nuevo secretario de Estado procedente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y militar de carrera podría dar algunas pistas, pero él es solamente un actor más en la toma de decisiones. Distintas maneras de volver a poner a Venezuela en el “redil de los buenos” entran en pugna, incluso dentro de EEUU, y la retórica beligerante no necesariamente ayuda al pragmatismo necesario para seguir haciendo negocios con el país que tiene las principales reservas probadas de petróleo del mundo.
Analizada con perspectiva, la estrategia actual de la derecha es coherente con lo que ha sido su trayectoria desde que Hugo Chávez ganara sus primeras elecciones
El pasado 7 de febrero, José Luis Rodríguez Zapatero comparecía ante los medios de comunicación en Santo Domingo. La sorpresa del expresidente del Gobierno español era visible. Aún más su enfado. Con gesto adusto y voz firme, Zapatero realizaba unas declaraciones inusualmente duras para los modos de la diplomacia, mucho más si se tiene en cuenta su papel de mediador en las negociaciones entre el Gobierno presidido por Nicolás Maduro y la derecha venezolana que se llevaban a cabo en República Dominicana desde hacía varios meses.
“Nadie, nadie, nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela ha puesto un plan alternativo a un acuerdo razonable para ir a un proceso electoral y para respetar la convivencia democrática”. Con estas palabras, Rodríguez Zapatero cuestionaba duramente la decisión en el último momento, y en contra del clima que había reinado en las últimas rondas negociadoras, de la delegación de la derecha de no firmar el acuerdo. El documento2 contemplaba, entre otros puntos, un cronograma y una metodología electoral, la constitución de organismos conjuntos para abordar la crisis económica y el esclarecimiento del ciclo de violencia política acaecido en 2017.
Era evidente que la negativa de la derecha a suscribir el acuerdo comprometía las elecciones presidenciales, que en ese momento estaban programadas para el 22 de abril –posteriormente se fijarían para el próximo 20 de mayo- pero que el calendario establecía que debían llevarse a cabo a lo largo de 2018, año en el que expira el mandato de Maduro, iniciado en 2013.
La celebración de los comicios no era una cuestión menor. El chavismo ha pivotado su discurso en la legitimación electoral: 27 citas con las urnas –entre elecciones y diferentes referendos- desde 1998. Es el pueblo venezolano quien en última instancia elige al presidente y al resto de cargos electos. Y, aunque la derecha utiliza de forma recurrente las acusaciones de fraude, nunca ha puesto sobre la mesa pruebas concluyentes al respecto. Más parece una estrategia propagandística que una denuncia real.
La derecha, por tanto, renunciaba a la vía electoral para conseguir su objetivo de derrocar a Maduro. No era la primera vez que optaba por el absentismo electoral. En 2005, boicoteó las elecciones parlamentarias y hace menos de un año tampoco concurrió a los comicios para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. En ambos casos, sus previsiones de que una postura de fuerza conllevaría un escenario negativo para el chavismo fracasaron. Ya había precedentes. De 2005 a 2010 una Asamblea compuesta tan sólo por diputados chavistas legisló durante todo el periodo completo y lo mismo está haciendo ahora la Asamblea Constituyente.
Misma estrategia, iguales resultados
Analizada con perspectiva, la estrategia actual de la derecha es coherente con lo que ha sido su trayectoria desde que Hugo Chávez ganara sus primeras elecciones en 1998. Más allá de la eficacia de sus decisiones, lo cierto es que el abandono de la vía legal y la opción por caminos alegales o, incluso, abiertamente ilegales ha sido recurrente. El golpe de Estado de 2002 o el sabotaje a la industria petrolera entre ese mismo año y el siguiente -con unas pérdidas por la paralización de la venta de crudo estimadas en más de 3.500 millones de dólares y una contracción del PIB del 9,2%, según cifras del Banco Central de Venezuela-3, fueron las primeras acciones en este sentido. Los movimientos de desestabilización callejera de 2014 y 2017 –las denominadas “guarimbas”, en la jerga local- y su corolario de asesinatos eran una continuación de las mismas acciones alegales/ilegales, ahora bajo la Presidencia de Nicolás Maduro. El boicot a los comicios del 20 de mayo es el último peldaño de una misma escalera estratégica.
Ahora bien, si lo acertado de una propuesta estratégica se mide por sus resultados, no cabe duda que las decisiones de la derecha no han cumplido las metas previstas. Veinte años después, no han logrado su objetivo declarado, que no es otro que desalojar al chavismo del poder.
Quizás sea por su extracción de clase –los líderes derechistas pertenecen a los estratos medios altos o directamente altos- o por haber asumido por completo el marco de la polarización extrema, lo cierto es que tradicionalmente la élite dirigente de la derecha ha tenido muchas dificultades para leer el momento histórico del país. Diríase que la realidad social va por un lado y su estrategia por otro. Los episodios de altercados callejeros promovidos desde la derecha son un buen ejemplo. Ya en 2014, la violencia fue ampliamente repudiada por los venezolanos. Hasta un 80% rechazaba las denominadas “guarimbas”, según una encuesta de GISXXI. Las movilizaciones de 2017 generaron aún más repulsa, si cabe. El linchamiento y la quema de personas vivas por la mera sospecha de ser chavistas impactaron sobremanera en la opinión pública. Buena parte del país, no necesariamente simpatizante del chavismo, se preguntaba hasta qué punto se había llegado. De nuevo, una inmensa mayoría se mostraba disconforme con la estrategia de la derecha.4
Si la mayor parte de los venezolanos está en contra de la violencia como instrumento de cambio, entonces sólo caben dos opciones. O la negociación entre las partes enfrentadas o dar la voz al pueblo para que decida mediante el voto. La primera de las posibilidades fue cercenada súbitamente por la derecha, como se relató al principio de este artículo. De nuevo, el liderazgo derechista tomaba un camino diferente al que marcaba la calle. Hasta un 84% cree que es necesario el diálogo entre Gobierno y oposición5, según un sondeo de opinión de la consultora Hinterlaces.
La disociación entre las decisiones opositoras y el sentir de la ciudadanía se vuelven a poner de manifiesto en la vía electoral. Según una encuesta de Datincorp6 del pasado mes de abril, un 68% entiende que un cambio en Venezuela debe darse a través de unos comicios. Incluso entre los opositores declarados, de acuerdo a este informe, la tendencia mayoritaria –más del 50%- es la de acudir a las urnas, mientras que tan sólo un 20% de los simpatizantes de la derecha apuestan por derribar al Gobierno por la fuerza.
A pesar de los datos demoscópicos sobre la percepción generalizada de la conveniencia de acudir a la vía electoral, y del diálogo y la negociación como forma de afrontar la crisis, la derecha decidió optar por el boicot a los comicios. En el fondo, la decisión es coherente con el objetivo que persigue desde aquel primigenio triunfo de Chávez de 1998. Si su meta fuera desalojar al chavismo del poder, algo sumamente legítimo en el juego democrático, entonces no se entendería su ausencia electoral. Sería una estrategia suicida.
Sin embargo, la trayectoria que la derecha venezolana sigue desde aquel golpe de Estado de abril de 2002, dista mucho de buscar un relevo en el poder. Su verdadero objetivo es eliminar por completo al chavismo, hacerlo desaparecer como movimiento y como identidad política, y reconstruir el escenario partidista sin la presencia de quien lo ha hegemonizado durante casi dos décadas.
Se puede argüir que tal pretensión es una quimera. El chavismo concita a una base fiel de votantes que, en los peores momentos, como en las elecciones legislativas de 2015 celebradas en el contexto de la gravísima crisis económica actual, superó los cinco millones de votos –más del 40% de los sufragios- y que con facilidad se dispara hasta los siete u ocho millones. Además, presenta una sólida implantación territorial con una capilaridad que llega hasta la última aldea del interior del país.
Parece difícil erradicar esta fuerza política de la noche a la mañana. Aun así, todos los pasos que viene dando la derecha demuestran su perseverancia en un empeño que sólo el tiempo dirá si fue fútil o no. Es en este marco donde cobran sentido los anatemas de sus dirigentes, que no sólo se centran en vaticinar una cárcel segura para el liderazgo rival en un supuesto escenario postchavista, sino que sus amenazas se extienden hasta las bases por el mero hecho de trabajar para la administración pública o pertenecer a un consejo comunal o a un colectivo. Dicho afán revanchista llegó al extremo de proponer invalidar todas las titulaciones emitidas por universidades creadas en el chavismo, privando así de su calificación académica a decenas de miles de jóvenes7.
Un nuevo escenario político
Más allá de la factibilidad de esta estrategia, lo cierto es que se ha vuelto a cumplir el axioma de que en política no hay espacios libres. El lugar que abandona una fuerza, de inmediato es ocupado por otra. La arena electoral no ha quedado vacía, como planeaba la derecha para así poder denunciar la ilegitimidad de los comicios.
El primero en dar un paso adelante fue Henri Falcón. Era el tipo de candidatura más temida por la derecha, puesto que golpeaba en toda la línea de flotación de su estrategia. Falcón no es un candidato menor. Tras hacer su tránsito de las filas del chavismo a la derecha, y firmemente asentado en el que fuera su feudo del estado de Lara –donde fue gobernador desde 2008 hasta 2017, año en el que fue vencido por la candidata chavista Carmen Meléndez-, escaló posiciones en la intrincada maraña de intereses contrapuestos que es la frágil alianza opositora. Alcanzó su cumbre cuando fue designado jefe de campaña de Henrique Capriles en las elecciones
presidenciales de abril de 2013, ganadas por Nicolás Maduro. Sucedía en el puesto al mismísimo Leopoldo López. Incluso, tras la derrota de Capriles, se llegó a hablar del entonces gobernador de Lara como nuevo cabeza de cartel del conglomerado opositor.
Prueba de cómo su candidatura ha supuesto un auténtico aldabonazo para los planes de la derecha es que tiene que dedicar más tiempo a defenderse de los ataques de sus antiguos correligionarios que a criticar a su oponente
Maduro. De hecho, buena parte de las preguntas de los entrevistadores tanto a Falcón como a los dirigentes derechistas giran en torno a este enfrentamiento.
Un segundo actor inesperado ha contribuido a profundizar aún más el previsible fracaso del boicot electoral. La candidatura del pastor evangélico Javier Bertucci, recibida en un principio como algo anecdótico y sin mayor trascendencia, ha ido ganando aceptación hasta el punto de que muchas encuestas le otorgan un 10% de los votos y una tendencia ascendente. Con un mensaje conciliador y de unidad, y evitando las proclamas de tierra quemada y venganza en caso de victoria, este líder neopentecostal ha ido encontrando su hueco. Las candidaturas rivales, tanto la de Nicolás Maduro como la de Falcón, se mantienen a la expectativa acerca de a cuál de ellas puede quitarle más votos.
Con un tablero compuesto por tres candidatos de relevancia, con independencia de la intención de voto de cada uno –más otros dos contendientes, estos sí, totalmente testimoniales- es difícil sostener que las elecciones están viciadas de origen. No parece previsible tampoco una abstención mayoritaria. Todas las encuestas señalan una participación superior al 60%. Cuando en países como Colombia y Chile a duras penas vota algo más del 40% del electorado, el argumento de la abstención cae por su propio peso.
Ante este escenario imprevisto, la derecha ha reaccionado de forma cuando menos desconcertante para sus simpatizantes. Con una política comunicacional confusa, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la concertación que ha vehiculado la oposición estos años, daba paso a un autodenominado Frente Amplio que engloba a un supuesto chavismo disidente. Los vaivenes orgánicos han terminado por despistar a buena parte de la base opositora. Este pasado viernes, 27 de abril, el Frente Amplio convocó una jornada de protesta que pasó completamente inadvertida.
Un sector de la derecha sigue confiando en la presión exterior. Con el dirigente de Primero Justicia Julio Borges como cabeza más visible, las apelaciones a la acción internacional aparentan ser el último recurso de la oposición tradicional. Sin embargo, el contexto interior y el exterior cada vez parecen más divergentes.
El escenario electoral
La campaña electoral, con su dinámica de intensificación de la comunicación política, juega en contra de los planes de la derecha. La inercia lleva a los medios –con independencia de su alineamiento partidista- a centrar el foco en los tres principales candidatos en liza. La imagen de Maduro, Falcón y Bertucci se cuela día a día en los hogares venezolanos. El debate público gira en torno a la confianza que inspiran los contendientes o la viabilidad de sus propuestas. Las calles se llenan de cartelería con los rostros electorales. Es el gota a gota que construye, de forma imperceptible pero imparable, la hegemonía. Los actores extraelectorales quedan arrinconados y su mensaje pasa a ser una nota a pie de página.
Es simplista pensar que la oposición tradicional va a desaparecer. Mantiene todavía un sólido apoyo y, sobre todo, una inagotable financiación, tanto a partir de recursos propios acumulados durante décadas como fuentes externas. Pero lo cierto es que las elecciones del 20 de mayo van a reconfigurar el escenario partidista. Nuevos protagonistas se han asentado en el flanco de la derecha. Con un discurso menos beligerante, pero con una agenda socioeconómica que en último término resultará funcional al neoliberalismo, estos actores pareen decididos a quedarse.
Está por ver cuál será el camino que tome esa oposición tradicional. La tentación de volver a agitar la calle siempre está presente, a pesar del masivo rechazo de los venezolanos a la violencia, como demuestran las encuestas. En cualquier caso y sea cuál sea el resultado electoral, el juego partidista en Venezuela experimentará un cambio radical con respecto al de los últimos 20 años.