Cataluña. La triple tenaza de Madrid: económica, judicial y política para evitar la INDEPENDENCIA

1 – El traslado de Banc Sabadell y CaixaBank compromete al Govern, pero mantiene su estrategia

2 – El TC suspende el pleno que debía abordar el 1-O y la Audiencia Nacional interroga hoy a Trapero

3 – Rajoy rechaza mediaciones sin renuncia a la DUI mientras en el soberanismo aparecen las dudas

La formalización de la declaración de independencia en el Parlament sigue siendo una incógnita, pero la triple amenaza desplegada en las últimas horas por la vía económica, judicial y política sobre el Govern atenaza sus próximos pasos.

“La estrategia no varía”, sostienen oficialmente fuentes del Ejecutivo catalán, pero aparecen las dudas. El golpe que supuso ayer el anuncio traslado de Banc Sabadell a Alicante por la mañana y el de CaixaBank a Palma por la tarde puede tener consecuencias políticas todavía desconocidas.

El peso del relato gubernamental se trasladó ayer del Palau de la Generalitat a la Conselleria d’Economia, y el vicepresidente Oriol Junqueras, pocas horas antes de que se formalizara el adiós del banco que preside Josep Oliu, respondía con un “ya veremos”. “Vaticinios de este tipo se han hecho otras veces y de momento no han sucedido nunca”, indicó en televisión.

Tras dos semanas de campaña por el 1-O, las cargas policiales y los “paros de país”, los partidos independentistas mantuvieron un insólito silencio. El argumentario ­desplegado por el Departament d’Economia señalaba que los movimientos de sedes sociales de bancos no afectan al bolsillo de los ciudadanos. El impuesto de sociedades lo recauda el Estado y “estamos en una economía abierta y global, donde cualquier empresa trabaja con bancos de todo el mundo”, sostenía Junqueras en La Sexta. Es más, presumió de que Catalunya está en “récords históricos de inversión extranjera” y apostó por que “no va a haber una huida de empresas”.

Pero en la Conselleria d’Empresa i Coneixement, que dirige Santi ­Vila, optaron por pasar a la acción preventiva. El conseller desplegó a su gabinete, con el secretario general de Empresa, Pau Villòria; la directora general de Indústria, Maria Àngels Chacón, y el responsable de ACCIÓ, Joan Romero, en una maratón de reuniones con empresas preocupadas por las caídas de ventas y las iniciativas de boicot a productos catalanes que empezaron a recorrer las redes sociales. También se desplegaron para atender los requerimientos de información sobre la situación política de numerosas multinacionales instaladas en Catalunya y preocupadas por la situación de incertidumbre política.

El objetivo era trasladar un mensaje de “serenidad y tranquilidad” ante las decisiones “comprensibles y legítimas” de cada empresa para defender sus intereses.

Según fuentes del Govern, en un “momento muy tenso” el discurso del Rey borrando cualquier margen de negociación supuso un “punto de inflexión”, también en el terreno de las reacciones económicas. Además, a nadie se le escapa que la “estrategia del miedo” vinculada a los bolsillos de los ciudadanos puede tener efectos perversos en todos los sentidos. Así que “no se puede descartar ningún escenario”, confesaba un alto cargo de la Generalitat.

La presión de la olla catalana aumentó a mediodía más allá del Ibex y los índices comerciales. La decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente el pleno del Parlament previsto para el lunes en el que debía comparecer el presidente de la Generalitat para “valorar los resultados del referéndum del 1 de octubre y sus efectos” retornó el discurso independentista al campo de batalla de la defensa de derechos como la libertad de expresión. El tribunal atendía a una petición de amparo del PSC y declaraba “radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno” cualquier acuerdo que pudiera salir de esa sesión. Y la carta en la manga del soberanismo no era otra que una declaración unilateral de independencia. La presidenta de la Cámara y los miembros de la Mesa volvieron a ser apercibidos por el Alto Tribunal pero Carme Forcadell insistió en garantizar la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados.

El pleno no estaba formalmente convocado y la opinión de los letrados es diáfana sobre la vulneración de las resoluciones del TC. Pero una oportuna iniciativa de Catalunya Sí que es Pot acabará salvando el debate. La confluencia de izquierdas pidió ayer la comparecencia de Puigdemont para dar cuenta de la “situación política” después del 1-O y “proponer las medidas políticas que considere oportunas”. Sin referencias a la ley del Referéndum, se da por hecho que el Constitucional no actuará y dificultaría que se tomaran medidas directas contra la mayoría independentista de la Mesa similares a las multas inauguradas con la Sindicatura Electoral.

En ausencia de Sindicatura, previsiblemente hoy se proclamarán los resultados del 1-O y se agota el tiempo para que cristalicen las ofertas de mediación. Puigdemont se reunirá esta tarde con la comisión independiente liderada por el Col·legi d’Advocats de Barcelona, mientras desde los partidos socios en el Govern también se aceleran los contactos políticos en un intento desesperado de abrir canales de diálogo. De hecho, Santi Vila en un artículo en el ARA se desmarca de la vía unilateral y avisa que una DUI sólo conduce a la suspensión de la autonomía, posibles detenciones de sus impulsores y una “espiral de conflictos en la calle”. La única alternativa al diálogo, añade, es “el conflicto y las consecuencias económicas para Catalunya y España”.

Desde la Moncloa, Mariano Rajoy no acepta mediaciones y circunscribe el margen del diálogo al retorno del Govern “a la legalidad”. El siguiente paso en el frente catalán está en manos del president Puigdemont. El denominado Estado Mayor del proceso no mantiene una posición unánime y la defensa de la declaración unilateral de independencia no responde ya a criterios de partido. El dilema está entre “ponerlo todo en riesgo” con la declaración de independencia o recular y “perderlo todo”, sostienen quienes no ven más opción que la declaración de independencia. No se puede descartar “nada”. Más aún cuando hoy declaran el major Trapero y los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en la Audiencia Nacional investigados por un delito de sedición.