La Cicig rompe el silencio tras su abrupta expulsión de Guatemala por el gobierno de Jimmy Morales
El largo silencio de la Cicig ha terminado.
Por primera vez desde su abrupta expulsión a inicios de esta semana, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se pronunció oficialmente este viernes para desmentir la avalancha de acusaciones que ha recibido en los últimos tiempos de parte del gobierno de Jimmy Morales.
Y lo hizo a través de una carta que envió su comisionado, Iván Velásquez, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien ha defendido a capa y espada la permanencia de la Cicig en el país centroamericano pese a las negativas del Ejecutivo.
En la carta, a la que tuvo acceso BBC Mundo, Velásquez refuta en 14 puntos las principales denuncias que ha recibido la Cicig por parte del oficialismo guatemalteco y que, en criterio del gobierno, justificaron su expulsión.
Al anunciar su salida, el mandatario acusó al organismo de violar leyes internas y convenios internacionales, especialmente durante el mandato de Velásquez.
“Puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala“, dijo Morales.
Al inicio de la misiva, el comisionado resalta el trabajo que ha realizado la Cicig para “la identificación y desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos”, que han llevado a más de 100 casos ante los tribunales e identificado decenas de “estructuras criminales complejas”.
“No obstante, con mayor intensidad desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder, las campañas de desprestigio, difamación y amenazas se han incrementado“, señala la nota.
De acuerdo con el comisionado, se trata de una situación previsible dado que su ente “tiene por finalidad la persecución de estructuras que cooptan el Estado para lucrarse y se niegan a perder sus privilegios obtenidos de forma ilegal e ilegítima”.
Críticos del gobierno de Morales aseguran que la Cicig, que era respaldada en sus inicios por el actual gobierno, perdió su lugar de gracia luego de que comenzara a investigar al hermano y a un hijo del presidente.
Luego, el mismo Morales sería investigado por presunto financiamiento ilícito durante su campaña, aunque luego el proceso que llevaría a su destitución no prosperó ante el congreso.
El presidente anunció en septiembre pasado que no renovaría el mandato de la Cicig y que, por tanto, la comisión tendría un año para abandonar el país.
Posteriormente, declaró a Velásquez persona non grata y le impidió el acceso al país, aunque la Corte de Constitucionalidad falló a favor de la entrada del funcionario.
Posteriormente, el gobierno canceló las visas de otros investigadores de la Cicig y el fin de semana, impidió la entrada de uno de ellos, lo que fue revertido nuevamente por la CC ( tras lo cual, tres de sus magistrados enfrentan ahora la posibilidad de ser desaforados).
Los argumentos
En la carta, Velásquez niega la acusación de que la Cicig se ha inmiscuido en asuntos internos del país al promover reformas constitucionales (como asegura el gobierno), pues, en su criterio, esto forma parte de los acuerdos constitutivos de la organización de los que ambas partes son signatarios.
“Lamentablemente, la falta de voluntad política ha frenado la aprobación de unas reformas que son fundamentales para el fortalecimiento del sector justicia y la consolidación de los logros alcanzados en la lucha contra la corrupción”, señala el texto.
En sus argumentos para expulsar la Cicig Morales aseguró que esta se había excedido en sus funciones y que había practicado violaciones a los derechos humanos de algunos acusados.
El comisionado intentar refutar en ese sentido que la Comisión haya realizado allanamientos ilegales, abusado de los derechos de algunos acusados con el tiempo de prisión preventiva o con la presunción de inocencia.
Según Velásquez, aunque la Comisión acompaña a la policía y al Ministerio Público (Fiscalía) son estos y los jueces los encargados de capturar y garantizar el debido proceso a los acusados.
Otras dos frecuentes acusaciones de presuntas irregularidades de la Cicig también tienen lugar en la misiva: el abuso físico de unos trabajadores de la Comisión contra un joven en un partido de fútbol y el polémico caso de una familia rusa, condenada por adquirir documentación falsa.
De acuerdo con Morales, el incidente en el partido tuvo lugar mientras los funcionarios de la Cicig se encontraban fuera de su horario laboral y en circunstancias no relacionadas con su empleo, mientras refirió que las acusaciones contra la familia rusa -que alega persecución política- han sido suficientemente documentas ante los tribunales.
En criterio de Velásquez, las denuncias contra la Comisión forman parte de “campañas de desprestigio bien financiadas” y que tienen como objetivo “intimidar al personal, desprestigiar su labor y obstaculizar el avance de los casos”.