Carles Puigdemont sopesa pedir asilo en Bélgica para eludir la acción de la Justicia española, que podría juzgarle por rebelión, sedición, malversación y otros delitos. El president destituido de la Generalitat se ha entrevistado esta tarde con un abogado especializado en derechos humanos que en el pasado ha defendido a miembros de la banda terrorista ETA para asesorarse sobre las posibilidades de recibir protección internacional en Bélgica. “Sí, soy el abogado de Carles Puigdemont”, ha confirmado Paul Bekaert, el abogado que consiguió evitar hace cuatro la extradición a España de la etarra Natividad Jauregui, localizada en Gante después de 34 años a la fuga. Fuentes cercanas al expresident confirmaron a este periódico que tenía intención de buscar asesoría jurídica en este entorno en Bélgica

“Si necesita defensa jurídica, seré yo quien le represente”, ha asegurado Bekaert. Se presenta como “un abogado pro Derechos Humanos” y dice “conocer bien España” y los “procesos políticos” que se practican en el país. “Pueden pedir asilo, pero no puedo predecir cuál será la decisión. En el pasado he defendido vascos y siempre hay sorpresas, es imposible predecir cómo va a acabar”, ha admitido Beckaert, que recalca que en Bélgica no es el Gobierno federal belga quien decide sobre estos casos sino una autoridad independiente, el comisario general de asilo, que debe aplicar la Convención de Ginebra. En caso de recurso, la decisión final estaría en manos de un juez federal especialista en asilo.

“Puigdemont viene ahora…”. Eran las 10.30 h, la ejecutiva del PDECat decidió arrancar la reunión, pero Carles Puigdemont no llegó a la sede del partido en la calle Provença. El president cesado y cinco de los miembros del que fue su Govern hasta el viernes estaban en Bruselas. Un viaje organizado en secreto del que sólo han transcendido sus contactos con el abogado Paul Beckaert, con despacho en Tielt, al oeste de Gante, conocido por las autoridades españolas por evitar la extradición de la etarra Natividad Jauregui. “Si necesita defensa jurídica, seré yo quien le represente”, confirmó a La Vanguardia.

El primer día laborable de la república catalana, el de la normalidad en el retorno al trabajo, acabó con los representantes del bloque independentista confesando su “desconcierto” y “perplejidad”. “Una pesadilla”, confesaban. “Una muestra de absoluta desesperación”, según el PP.

A la hora en la que el fiscal general del Estado anunciaba una querella contra el Govern cesado por los delitos de rebelión, sedición y malversación en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo contra la Mesa del Parlament, a Carles Puigdemont se le ubicaba en Bruselas acompañado por Joaquim Forn y Meritxell Borràs, del PDECat, y Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret, de ERC.

El primer día laborable de la república catalana, el de la normalidad en el retorno al trabajo, acabó con los representantes del bloque independentista confesando su “desconcierto” y “perplejidad

En Barcelona, Josep Rull se fotografió a primera hora de la mañana en su despacho de la Conselleria de Territori, con su colección de gadgets de Tintín intacta, y presumió de mantener la agenda. Después se trasladó hasta la sede del partido, ­pero fue el primero en abandonar la reunión. El líder de ERC aumentó incluso su actividad. Oriol Junqueras acudió a la reunión de la permanente del partido, después fue al Parlament a la reunión de Junts pel Sí y por la tarde acudió a la sede de la conselleria para recoger algunas pertenencias del despacho, según fuentes del Gobierno central. Por la noche, en TV3, confirmó que se había reunido con Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Carles Mundó.

No había relato conjunto, ni argumento, ni justificación en el movimiento de Puigdemont. En la CUP confesaban en público el desconcierto y reclamaban “transparencia”, la misma que en el partido del president cesado, aunque no en público. “No sabemos ni sabíamos nada”, subrayaban en el PDECat intentando encontrar la salida del laberinto. La solución puede estar en una comparecencia pública anunciada para hoy en la capital comunitaria.

El president cesado había pedido “paciencia, perseverancia y perspectiva” en un mensaje institucional el sábado, pero ayer lo que suscitó su actuación fue nerviosismo

Puigdemont se paseó el sábado por Girona con su esposa y amigos, el domingo almorzó con su abogado, Jaime Alonso-Cuevillas, y dejó abierta la posibilidad de asistir al partido entre el Girona y el Real Madrid hasta el último momento. Pudo ser una estrategia de despiste porque la escolta que mantiene lo dejó en casa y el siguiente rastro lo sitúa en un vehículo Mercedes y sin escoltas en un rocambolesco trayecto con paso por Marsella, Mulhouse y destino Bruselas.

El president cesado había pedido “paciencia, perseverancia y perspectiva” en un mensaje institucional el sábado, pero ayer lo que suscitó su actuación fue nerviosismo. Su abogado desconocía el viaje a Bruselas y también si Puigdemont pensaba volver. Hace una semana se estudió la posibilidad del exilio belga, pero nadie le dio pábulo como salida al conflicto con el Estado. La huida llega además cuando el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, insta a que se cite de manera urgente al Govern cesado para tomarles declaración como investigados y espera que se tomen medidas cautelares.

El fiscal reclama una fianza o el embargo de bienes por más de 6,2 millones de euros por la celebración del referéndum del 1-O, pero, sobre todo, da pistas de la voluntad de ­pedir la prisión preventiva para los exconsellers por “la gravedad de los hechos, los delitos imputados, la ­flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas”. El mismo tratamiento reclamado y concedido por la juez Carmen Lamela – la misma que recibió ayer la querella– para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que llevan dos semanas en Soto del Real.

El fiscal reclama una fianza o el embargo de bienes por más de 6,2 millones de euros por la celebración del referéndum del 1-O, pero, sobre todo, da pistas de la voluntad de ­pedir la prisión preventiva para los exconsellers

Según la querella, el 1-O constituyó una “insurrección, un levantamiento violento alentado por los querellados, en el que el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes (…) mostró públicamente su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”. Y la declaración de independencia votada en el Parlament es “una imposición violenta” de los independentistas. El documento remitido desde la Fiscalía llevaba por nombre “Más dura será la caída”.

Sin president ni Govern, el traspaso de la gestión autonómica se puso en marcha en la segunda línea de la Administración. Secretarios y directores generales mantuvieron contactos fluidos con los responsables de cada ministerio. El único que se hizo público fue la reunión entre el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, y el nuevo jefe de los Mossos, Ferran López. Una imagen que buscaba dar normalidad al relevo al frente de la policía catalana mientras que el resto de ministerios optaba por la discreción. El personal eventual cesado junto al Govern accedió a sus despachos para recoger sus efectos personales con la advertencia de que cualquier acto administrativo podía ser comunicado a la autoridad judicial. No hubo problemas. Se diferenció entre el “sentirse” cesado y el “estarlo”.

La prueba de que se acataba la intervención de la Generalitat también pasaba por los partidos. El PDECat formalizó su propósito de concurrir a las elecciones convocadas por Mariano Rajoy para el 21-D y ERC garantizó que participará, aunque sin querer comprometer la fórmula. Ni siquiera los cuperos descartan su presencia en unos comicios que los dos partidos de izquierda califican de “trampa”.

El PDECat formalizó su propósito de concurrir a las elecciones convocadas por Mariano Rajoy para el 21-D y ERC garantizó que participará

Entre los herederos de CDC se asumió de manera unánime la participación en las elecciones, y sólo las intervenciones de Josep Rull, Lluís Corominas o Francesc Homs defendieron la conveniencia de una lista conjunta. La exconsellera Neus Munté señaló que debería tenerse en cuenta esa posibilidad. El partido tiene un póquer de candidatos –Santi Vila, Rull, Munté o Mercè Conesa– pero las estrategias que lideren pueden ser contradictorias. Vila, tras cesar en el Govern, sostiene que irá a las elecciones bajo el paraguas del PDEcat o con una plataforma propia, lo que acabaría por romper el partido. No obstante, también se asume que la posición de Puigdemont y de los Jordis desde la prisión puede ser clave para determinar la fórmula electoral final.

ERC mantiene las cartas ocultas, pero con las encuestas con viento a favor podría imponer su posición y aprovechar para arrastrar a su órbita nuevos elementos como la facción catalana de Podemos con Albano- Dante Fachin. El tipo de candidatura, sostienen fuentes del bloque independentista, deberá tener en cuenta que “Rajoy ha planteado las elecciones como plebiscitarias”, así que la clave que quieren imponer en Esquerra es la defensa de la república y huir del cálculo de los partidos tradicionales.

El Consejo de Ministros lanzará hoy el proceso electoral, aunque ahora lo que preocupa es una crisis con Bélgica si Puigdemont acaba por pedir asilo. No había orden de detención, así que no se podía impedir su viaje. En la Moncloa sostienen que no se dan los supuestos que permitan dotar al president cesado de esa condición, pero la primera decisión estaría en manos del comisariado de Refugiados y Apátridas.

Puigdemont se asesora con el abogado de ETA en Bélgica para pedir asilo

“Sí, soy el abogado de Carles Puigdemont”, ha confirmado Paul Bekaert, el abogado que consiguió evitar hace cuatro la extradición a España de la etarra Natividad Jauregui, localizada en Gante después de 34 años a la fuga. Fuentes cercanas al expresident confirmaron a este periódico que tenía intención de buscar asesoría jurídica en este entorno en Bélgica

El abogado flamenco, que lleva 30 años defendiendo a miembros de ETA que buscaron refugio en Bélgica, ha evitado precisar si el expresident de la Generalitat ha acudido a su despacho, situado en Tielt, al oeste de Gante o si lo ha hecho solo o acompañado de los cinco exconsellers con los que se cree que ha llegado hoy a Bélgica. De acuerdo con fuentes próximas al Govern consultadas por este diario, se trataría de Joaquim Forn (PDeCAT), Meritxell Borràs (PDeCAT), Antoni Comín (independiente), Dolors Bassa (ERC) y Meritxell Serret (ERC). Según estas fuentes, habrían salido de Catalunya de madrugada para viajar en coche hasta Marsella y, desde allí, viajar a Bruselas en avión.

El viaje de Puigdemont y sus exconsellers a Bruselas se produce un día después de que el secretario de Estado de Asilo, el soberanista flamenco Theo Francken, dijera que “no era irrealista” pensar que hubiera políticos catalanes que buscaran asilo en Bélgica, uno de los pocos países de la Unión Europea que “en casos excepcionales” ofrece asilo a los ciudadanos comunitarios. El primer ministro belga, Charles Michel, le llamó de inmediato al orden, al igual que hicieron sus otros dos socios de coalición. El líder de la oposición socialista francófona, Elio Di Rupo, ha pedido a Michel que dé explicaciones sobre la visita de Puigdemont. “Está en juego la credibilidad del país”, ha advertido.