CATALUÑA. Puigdemont se entregará a la justicia belga y buscará evitar la extradición

«Exijo la liberación de los consejeros y el fin de la represión política». Carles Puigdemont respondió de esta forma desde Bruselas a la encarcelación de buena parte de su Gobierno.

En su intervención a través de TV-3, afirmó que la decisión de la juez Carmen Lamela supone «un golpe contra las elecciones del próximo 21 de diciembre». Y fue más allá. «La furia con que el Estado español ha embestido contra lo que nos ha hecho una vieja nación de Europa es desbocada y lo amenaza todo». Frente al Gobierno central, reivindicó el pacifismo de los catalanes. Y para concluir, aseguró que «entre rejas, el Govern legítimo de Cataluña es infinitamente más digno que sus ilusos encarceladores».

El expresident pronunció este discurso mientras Lamela ultima los detalles de su orden de busca y captura. Porque el hecho de que no acudiera a declarar ayer ante la Audiencia Nacional suponía de facto la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega, la también llamada euroorden, que anoche aún no se había emitido. Salvo sorpresa será hoy y será entonces cuando comience un proceso que acabará con el ‘expresident’ ante un juez de Bélgica, quien deberá decidir sobre su extradición a España. Aquí es donde se juega la gran partida, donde el veterano abogado flamenco que le defiende, Paul Bekaert, cree que puede volver a salirse con la suya, tal y como ya ha logrado en ocasiones anteriores defendiendo a miembros de ETA y alegando que los derechos humanos y fundamentales de sus clientes no serían respetados en España. Habrá lío, todo está abierto.

En esta misma situación se encuentran los cuatro ‘exconsellers’ huidos, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. Todos han decidido seguir los pasos de Puigdemont para «internacionalizar el 155» creando una suerte de Govern en el exilio en Bélgica. No es para nada descabellado y, de hecho, es probable que vivan las elecciones catalanas desde Bruselas ya que el procedimiento podría demorarse entre dos y tres meses en un escenario más o menos lógico.

Sin arresto

De momento, la maquinaria se ha puesto en marcha y Paul Bekaert confirmó anoche que ya está en contacto con la Fiscalía del país para tramitar la entrega de los querellados ante el juez competente en el caso. La idea es que la Policía belga ni siquiera se vea obligada a proceder a su localización y arresto. Es aquí donde se enmarcan las declaraciones de días pasados en las que aseguraban que no escapaban de la justicia, que querían comparecer ante ella pero de una manera «justa, con todas las garantías», algo que a su juicio no se puede hacer en España por «la politización de la justicia».

Aunque quizá haya también algo de esto en la estrategia de defensa de Bekaert. Escuchen: «En España aún no se han librado de él. Y si lo detienen, lo convertirán en un mártir», recalcó ayer a la televisión holandesa HLN. «No me fío ni un pelo de la justicia española», zanjó este veterano abogado especializado en derechos humanos. Respecto al asilo político, otra de las figuras que se barajaron en un principio, insistió en que «no está encima de la mesa por ahora». Por ahora… Ojo con estas coletillas porque que las carga el diablo, sobre todo después de que el secretario de Estado de Inmigración, el nacionalista Theo Francken, deslizó el domingo esta posibilidad.

De momento, el paradero de Puigdemont y los cuatro exconsellers es una incógnita después de que el martes a última hora de la tarde dejasen su hotel una noche antes de lo previsto para burlar a los periodistas y cámaras de televisión que siguen rastreando la capital comunitaria con escaso éxito de momento. Su entorno asegura que siguen en Bruselas, pero su única imagen, publicada por RNE, fue en una cafetería en la que sus empleados negaron luego que hubiera estado allí.

¿Qué pasará una vez sea tramitada la euroorden? ¿Ingresará Puigdemont en una cárcel belga? Nada está descartado. Dependerá de la decisión del juez que asuma el caso. La Fiscalía, por su parte, de limitó a señalar que «nos limitaremos a acatar la ley». Una vez el caso ya esté judicializado en Bélgica, el magistrado de instrucción deberá decidir si procede o no la entrega a las autoridades españolas. En el hipotético caso de que la aceptase, la decisión es recurrible a una instancia superior y luego, finalmente ante el Tribunal de Casación (algo así como el Tribunal Supremo).