Colombia. La reconfiguración de la violencia ensombrece las próximas elecciones regionales
Cada 36 horas se cometió un hecho de violencia contra algún candidato: asesinatos, persecuciones, secuestros, amenazas, desapariciones y atentados se cuentan en la lista de agresiones.
El próximo domingo 27 de octubre, más de 36,6 millones de colombianos acudirán a los centros de votación para elegir de entre más de 117.000 candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos municipales, asambleas departamentales y juntas administrativas locales.
Al margen del nuevo mapa electoral que surgirá, el proceso ha estado marcado por distintos hechos de violencia que exhiben la falta de garantías para la población, tras el histórico Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto armado con la guerrilla. A casi tres años de la firma, está latente el riesgo de que la reconfiguración de grupos armados determine la conformación política en las distintas regiones del país.
Durante el proceso electoral, el presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió que defenderían la democracia de las manos del crimen organizado. Para ello, su administración lanzó el “Plan Ágora“, que pretendía garantizar transparencia y la seguridad de los candidatos en riesgo, mediante medidas de protección como chalecos antibalas, vehículos blindados, escoltas, entre otras. Hasta ahora, el dispositivo brinda protección a 1074 aspirantes a cargos de elección pública.
Pero a pesar del plan del Gobierno colombiano, la Defensoría del Pueblo estimó que uno de cada tres municipios se encontraban en riesgo electoral por la presencia de grupos armados ilegales. En la Alerta Temprana 035-19, la instancia calificó a los departamentos con mayor peligro: Antioquia (noroeste), Chocó (noroeste), Bolívar (extremo norte), Sucre (extremo norte) y Nariño (suroeste).
La violencia electoral ha afectado a 230 víctimas en 28 de los 32 departamentos colombianos, según un recuento de todo el proceso realizado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hasta el 11 de octubre de 2019. En este lapso de 350 días, cada 36 horas se cometió un hecho de violencia contra algún candidato. Los crímenes van desde asesinatos, persecuciones, secuestros y amenazas hasta desapariciones y atentados.
Aunque se registraron hechos de violencia política en el 87,5 % de los departamentos, los que concentran más víctimas son: Valle del Cauca (suroeste), La Guajira (Caribe), Tolima (centro-oeste), Antioquia (noroeste) y Cauca (centro).
“[La violencia] se ha intensificado en algunas regiones de alguna forma muy crítica y las respuestas no parecen ser efectivas desde el Estado”, dice en entrevista Camilo Gómez Posso, presidente del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Para Daniela Gómez, coordinadora de Gobernabilidad y Democracia de PARES, la violencia electoral se está usando como un mecanismo de competencia política. El cuarto informe de la fundación documenta que principalmente ha afectado a actores locales y quelos sectores políticos más victimizados han sido la coalición de oposición y la coalición de Gobierno.
Impunidad
El Gobierno de Duque no ha podido contener la violencia perpetrada por grupos armados ilegales en varias regiones del país, que con total impunidad han asesinado a candidatos con protección estatal, como Karina García, quien a finales de agosto había denunciado amenazas por parte de hombres armados “que podrían tener consecuencias fatales”, según advirtió.
El 2 de septiembre, la candidata del Partido Liberal a la alcaldía de Suárez (Cauca) viajaba en una camioneta blindada por una zona rural, acompañada de su madre, del aspirante al Concejo, Yeison Obando, así como de dos personas más, cuando hombres armados los emboscaron y atacaron con dos granadas y ráfagas de fusil. Las autoridades responderían horas después, cuando solo quedaban los cadáveres calcinados de García y sus acompañantes.
Como Karina García y Yeison Obando, al menos otros cinco candidatos —PARES estima nueve, en total— a Concejos y alcaldías fueron asesinados durante el proceso electoral. La criminalidad no discrimina partido político.
A la violencia electoral durante el proceso regional, el Gobierno ha respondido con investigaciones lentas. Para el 71,7 % de las víctimas registradas en las bases de datos de PARES, “no figura un actor material o intelectual al cual pueda atribuírsele responsabilidad de los hechos”.
¿Qué ha cambiado?
El regreso a las armas de una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acaparó la atención nacional e internacional, aunque son apenas un pequeño grupo. La gran mayoría de los desmovilizados continúa en la vida civil y los peligros que corren no tienen la misma atención en los medios.
Desde la firma del acuerdo de paz, al menos 149 exguerrilleros quedejaron las armas para incorporarse a la vida civil han sido asesinados hasta la fecha, según la Defensoría del Pueblo.