Amazonia . “Denunciamos que el Gobierno Bolsonaro tiene en marcha un proyecto político de genocidio, etnocidio y ecocidio”: líderes indígenas

Casi 40 años han transcurrido desde la última vez que líderes indígenas de Brasil se reunieron en una cumbre de esta magnitud.

Fue en los ochenta para asegurarse de que eran incluidos en el proceso constituyente tras la dictadura.

Ahora más de 500 representantes de los diversos pueblos que viven en la selva tropical se han reunido durante cuatro días en una reserva de la Amazonia para acordar estrategias y organizar un movimiento de resistencia a los planes del Gobierno de Jair Bolsonaro de asimilarlos y autorizar la explotación comercial de sus tierras.

“Denunciamos que el Gobierno Bolsonaro tiene en marcha un proyeccto político de genocidio, etnocidio y ecocidio”, afirman en el documento final acordado el viernes por la noche.

Añaden que los derechos de sus comunidades están amparados por la Constitución y  que “las amenazas y el discurso de odio del Gobierno actual están promoviendo la violencia contra los pueblos indígenas”. La versión definitiva del texto, negociado durante horas, tiene cuatro páginas y está escrita en portugués, segunda lengua y única común de los reunidos.

“Este encuentro no es para planear una guerra, un conflicto. Estamos aquí para defender a nuestro pueblo, nuestra causa y nuestra tierra”, proclamó en la apertura el veterano Raoni Metuktire, de unos 89 años, convocante del encuentro y quien popularizó en los noventa de la mano de Sting la necesidad de preservar la Amazonia.

Los indígenas buscan unidad porque el desafío que afrontan es mayúsculo. A los estragos de la crisis climática, que se siente en sus tierras como en otros rincones del mundo, se une un presidente que, por encima de consideraciones ambientales para asegurar la preservación de la Amazonia, quiere promover el desarrollo económico en reservas indígenas. El Gobierno que dirige ultima un proyecto de ley para autorizar en ellas la minería, la extracción de petróleo y gas y la construcción de hidroeléctricas, según un borrador publicado por el diario O’Globo.

Bolsonaro considera a estas comunidades rehenes de ONG que los mantienen anclados en la pobreza, sin aprovechar las inmensas riquezas naturales que atesoran sus tierras. El ultraderechista declaró hace seis años que los indígenas brasileños –unos 800.000 (el 0,6% de la población), repartidos en 225 grupos– “tienen que ser integrados en la sociedad, no criados en zoológicos millonarios”, dijo, en referencia quizá a las reservas indígenas que hoy suman más de 400.

La reunión pretende relanzar la alianza de los pueblos de la selva tropical que el activista Chico Mendes ideó en los ochenta para promover el desarrollo sostenible de la región. Mendes, que se dedicaba a la extracción de caucho, fue asesinado en 1988 tras sobrevivir a varios atentados. Se convirtió en uno de los mártires ecologistas más conocidos del mundo.

A la cumbre que concluyó este viernes en la tierra Capoto-Jarina, en el centro de Brasil, a orillas del río Xingú, ha acudido también su hija Angela Mendes. “Mi padre solía decir que el bosque nos une ante el peligro común, pero hoy es el Gobierno el que nos trata como si fuéramos un enemigo. Intentamos entrar en contacto con el Gobierno en cuando tomaron posesión, como hicimos con los anteriores, pero los órganos que eran nuestros interlocutores están cerrando sus puertas”, afirmó.

El ultraderechista ha desmantelado o debilitado buena parte del entramado institucional que protegía el medio ambiente y a sus compatriotas indígenas además de que, en cumplimiento de una promesa electoral, no ha demarcado en su primer año ni un solo centímetro de tierra indígena. Las reservas donde viven grupos aborígenes suponen el 14% del territorio de Brasil.

La presión sobre los indígenas, como sobre otras minorías, se ha acrecentado con la llegada de Bolsonaro al poder. En el último mes, cinco de ellos han sido asesinados en Brasil. Y, en este primer año de mandato, han aumentado significativamente la deforestación y los incendios intencionados en la Amazonia para convertir la selva en pastos y cultivos, y han caído las multas por delitos ambientales.

Otra de las fuentes de preocupación para quienes luchan por la preservación de la Amazonia y de los indígenas, que, con su modo de vida tradicional son los que mejor la conservan, es el proyecto de ley para autorizar la explotación de las reservas indígenas. El borrador publicado señala que las comunidades indígenas deberán ser consultadas por las autoridades antes de dar permiso a cualquier proyecto, pero no tendrán poder de veto.

Permitir la explotación minera en reservas indígenas es una promesa de campaña del presidente, pero el Gobierno es consciente de las enormes reticencias y críticas que genera dentro y fuera de Brasil. Sabedor de que el asunto es muy sensible en Europa, con una Comisión Europea que se acaba de estrenar y ha colocado el medio ambiente en el centro de su agenda política, el Ministerio de Minas y Energía brasileño organizó una reunión para presentar el proyecto a todos los embajadores europeos en Brasilia.

“El Gobierno sabe que va a ser un tema complicado y, desde la perspectiva de la negociación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, añade otra dificultad, sobre todo si hay una gran contestación de los indígenas y de las diferentes fuerzas políticas, pero sí valoro que tuvieran la deferencia de convocarnos para explicarnos el proyecto”, explica una fuente diplomática europea en Brasil que recalca que el ministro, Bento Albuquerque, se mostró abierto al diálogo con el Congreso y las comunidades indígenas. La cuestión ambiental va a ser un factor clave en el proceso de ratificación en los países europeos del acuerdo comercial entre los dos bloques porque la ciudadanía de la UE es cada vez más sensible al asunto. Los incendios de Amazonia llevaron a Brasil a su peor crisis diplomática del último año con el presidente francés, Emmanuel Macron, a la cabeza de las críticas.

El documento final será entergado al Congreso y a la Fiscalía. Uno de sus potenciales aliados es el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, que tiene el poder de decidir cuándo se debate cada iniciativa legislativa y que ya ha advertido de que en cuanto le llegue una propuesta en esa línea la archivará. “No porque tengamos minería ilegal vamos a legalizarla. Tenemos que combatir lo que es ilegal y debatir el tema, que es complejo”, dijo en una entrevista.