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A 19 años de cárcel fue condenado el expresidente de la Corte Suprema de Justicia MAGISTRADO URIBISTA: Francisco Ricaurte Gómez por su responsabilidad en el escándalo de corrupción judicial conocido como el ‘Cartel de la Toga’.
El juez décimo de Bogotá señaló que Ricaurte deberá pagar su condena en prisión ya que considera que el exmagistrado no puede ser objeto de casa por cárcel. Asimismo, lo sentenció a pagar una multa de 485 salarios mínimos y además, permanecerá inhabilitado para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo de la condena.
El funcionario judicial indicó que Ricaurte estuvo vinculado a tres casos puntuales en los que se registraron irregularidades para beneficiar a políticos que eran investigados por la Corte Suprema cuando él era el presidente de ese alto tribunal.
En ese sentido, fue encontrado responsable de los delitos de cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada por ser uno de los cerebros de esta organización criminal que ofrecía favores con decisiones judiciales a cambio de millonarias sumas.
De igual manera, el juez rechazó una nulidad presentada por la defensa del exmagistrado que argumentaba que no se había permitido escuchar en el juicio a testigos que favorecían al procesado y agregó que la Fiscalía presentó material probatorio suficiente la evidenciar la vinculación de Ricaurte con estas irregularidades.
“Evidentemente, la Fiscalía logró cumplir lo que prometió en su teoría del caso, es decir, demostrar la existencia de las conductas punibles como fuere concierto para delinquir agravado en condición de autor a título de dolo. También, igualmente, pudo demostrar tres cohechos”, resaltó.
Por su parte, la defensa del exmagistrado, que escuchó la lectura de su sentencia desde la cárcel La Picota donde permanece privado de la libertad, anunció que presentará recurso de apelación del fallo por lo que el caso llegará a revisión en el Tribunal Superior de Bogotá.
Cabe recordar que el juez había tomado la determinación de condenar a Ricaurte el pasado el pasado 9 de marzo pero hasta el jueves 25 de marzo se conoció el tiempo de la sentencia para el señalado.
Tras analizar el material probatorio presentado por la Fiscalía y escuchar varios testimonios en este caso, el funcionario judicial señaló que se pudo comprobar que existió, efectivamente, una organización criminal dedicada a beneficiar a procesados o investigados y lo hacían a través de actos de corrupción liderados por Ricaurte.
“Como estrategia diseñada por la organización criminal, concierto para delinquir, con los mal llamados clientes de dicha organización bajo el manto protector de su líder, el doctor Francisco Javier Ricaurte o a quienes se acercarán a dicha organización criminal”, señaló el juez.
A su vez, aseguró que quedó en evidencia la participación de otros funcionarios judiciales a través, no solamente en el testimonio directo de uno de los integrantes de esa banda, Luis Gustavo Moreno, sino las declaraciones de otros testigos de cargo ya analizados.
El abogado Luis Gustavo Moreno se encargaba de acercarse a los denominados ‘clientes’ para pedirles dinero a cambio de la mediación ilegal. Cuando las personas contactadas accedían a pagar, la suma era distribuida entre Ricaurte Gómez y los otros señalados integrantes de la estructura, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones.
En ese sentido, el funcionario judicial dijo que Francisco Javier Ricaurte, José Leonidas Bustos, Gustavo Malo Fernández, Luis Gustavo Moreno Rivera y ocasionalmente Luis Ignacio, Camilo Tarquino y Alfredo Betín, se concertaron para delinquir con fallos de la justicia a cambio de coimas.
Casos en los que estuvo involucrado Ricaurte
Dos de estos cohechos se presentaron en casos que se seguían en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández. En uno, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría entregado $1.200 millones para dilatar o archivar la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. Aquí Ricaurte Gómez recibió $400 millones.
En otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó $2.000 millones para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron dos pagos por $250 y $290 millones.
Un tercer evento está relacionado con un pago que, al parecer, hizo el exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía para presuntamente demorar un proceso por corrupción.
