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“Le pedimos a la Comisión que le solicite al Gobierno Nacional la adopción del preacuerdo de garantías al que llegamos el 24 de mayo con los delegados del presidente Iván Duque y que la Comisión intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial”, advirtió Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 

Adicionalmente, el sindicalista dijo que el Gobierno debe cumplir con las sentencias que piden que se reglamente el derecho de la protesta social en el país.

Por otro lado, pide que se cree una comisión de investigadores, que sea independiente, para que “investigue los hechos de violencia contra los que protestamos pacíficamente desde el 28 de abril”, agregó. 

En detalle, en el informe presentado por el Comité Nacional del Paro a la CIDH, también le piden: 

– Recomendar al gobierno colombiano que adopte de inmediato el preacuerdo de garantías para el ejercicio de la protesta logrado el 24 de mayo, y de prioridad a un abordaje democrático de las protestas desarrollando diálogos y negociaciones efectivas que lleven a adoptar medidas sociales de emergencia para proteger los derechos sociales y económicos.

– Enfatizar al gobierno nacional para que cese de inmediato la violencia policial contra los manifestantes, y que para ello ordene que cese el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.

El mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana en el marco de las protestas deben estar reservados a la Policía Nacional

– Llamar al gobierno colombiano para que cumpla las sentencias judiciales sobre ejercicio de la protesta y en particular las órdenes de la sentencia de tutela decidan por la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre de 2020.

– Establecer una comisión de expertos para documentar detalladamente los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas iniciadas en el pasado 28 de abril de 2021 y hacer seguimiento a las investigaciones que adelanten las autoridades.

– Reiterar los estándares relacionados con los límites del uso del derecho penal frente a la protesta, a fin de evitar la judicialización de quienes ejercen derechos reconocidos en la convención americana de derechos humanos.

– Reafirmar que, de conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana en el marco de las protestas deben estar reservados a la Policía Nacional y que las fuerzas militares no deben involucrarse en el manejo de las protestas y en tal sentido recomendar la derogatoria del Decreto 575 de 2021 sobre “asistencia militar”.

– Recomendar la implementación de los instrumentos del Acuerdo de Paz dirigidos a garantizar los derechos de participación y protesta, esto es, los previstos en los puntos, 2.2.1 Garantías para los movimientos y organizaciones sociales, 2.2.2. Garantías para la movilización y la protesta pacífica, 2.2.6. Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa y 2.2.4. Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización.

– Reconocer los acuerdos logrados entre autoridades local y organizaciones sociales y ciudadanía involucradas en las protestas, así, como reafirmar que, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, el diálogo y los acuerdos son el camino para la solución de los conflictos sociales.

En otro aspecto, el Comité anunció que en las próximas horas dará a conocer si el paro continuará con manifestaciones, o cuáles serán las nuevas tácticas.