La diligencia, pedida por la defensa del exmandatario para solicitar la libertad de su prohijado, estaba citada a las 9:00 a.m. y, por reparto aleatorio en los juzgados de Paloquemao, correspondió a la juez 30 de Control de Garantías.

Ante la juez se presentaron dos solicitudes: el abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda – constituido como víctima en el proceso -, solicitó que el proceso se siga llevando bajo la Ley 600, con la que venía en la Corte Suprema de Justicia, mientras que la defensa del expresidente Uribe, en cabeza del penalista Jaime Granados, solicitó que se revoque la medida de aseguramiento contra su cliente.

En la audiencia de este miércoles, que se extendió hasta aproximadamente la 1:00 p.m., únicamente se dio trámite a la solicitud del abogado de Cepeda. La Fiscalía ya estableció que el proceso se llevará bajo la Ley 906 de 2004, es decir, el sistema penal acusatorio, sin embargo, Villalba argumentó que si bien la Corte Suprema de Justicia estableció su pérdida de competencia esto no implica un cambio de legislación, sino de investigador. En ese sentido, pidió a la juez que declare que el proceso debe seguir bajo Ley 600, por lo que la audiencia no debería continuar, en cuanto ella no sería competente bajo ese sistema.

Terminada esa intervención, la juez explicó que acreditó como víctimas al exfiscal Eduardo Montealegre y al exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes expresaron su acuerdo con el abogado Villalba y solicitaron que el proceso siga bajo la Ley 600.

La Fiscalía, como era de esperarse teniendo en cuenta que ya se había pronunciado al respecto, se opuso al argumento de las víctimas. En ese sentido, dijo que la Ley 906 es más garantista que la Ley 600, no solo con el procesado sino también con las víctimas, por lo que solicitó a la juez descartar la solicitud presentada por Villalba y que mantenga la competencia.

Por su parte la delegada del Ministerio Público, María Lourdes Hernández, se alineó con la Fiscalía al señalar que el proceso debe continuar bajo la Ley 906, sin embargo, advirtió que eso no implica una anulación de lo actuado hasta este momento bajo el otro sistema. A su vez Jaime Granados, actuando en nombre del expresidente, manifestó estar de acuerdo con la postura de la Fiscalía y la Procuraduría, sobre la ley que debe regir el proceso.

La juez Clara Ximena Salcedo, tras oír a todas las partes, suspendió la audiencia para estudiar los argumentos presentados por cada una. En la diligencia, que se reanudará el próximo 22 de septiembre a las 9:00 a.m., la juez deberá determinar si es competente para decidir sobre la libertad del expresidente (que no se discutió hoy), y bajo qué sistema penal se regirá el proceso.

El pasado fin de semana, el exmandatario explicó algunos de los elementos que se han conocido de su expediente en los medios de comunicación y afirmó que “la honorabilidad” era su “gran afán”.

“Espero que las autoridades puedan aclarar este entramado”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.

El senador por el Polo Iván Cepeda, quien es parte civil del proceso sobre el exmandatario y contradictor político de Uribe, ha dicho que desde que se ordenó su detención domiciliaria, el exsenador “no ha dejado de conspirar y atentar contra la administración de justicia”.

El senador por el Polo Iván Cepeda

“Se dice que contra el investigado Uribe Vélez no hay ‘una sola prueba reina’. La realidad es que en su contra pesan toda clase de indicios, evidencias y pruebas, que configuran un acervo que debe conducirlo a juicio y a condena”, escribió Cepeda en su Twitter.

Lo cierto del caso es que este miércoles debe definirse si Uribe sigue enfrentando su proceso bajo detención domiciliaria o si obtiene la libertad, como lo viene reclamando su partido, el Centro Democrático.

Corte remite a Fiscalía indagación contra Uribe por masacres en Antioquia

El alto tribunal indicó que tomó la determinación por la renuncia del expresidente al Congreso.

La Corte Suprema de Justicia informó este martes que envió a la Fiscalía el proceso que le seguía al expresidente Álvaro Uribe por tres masacres en Antioquia y el crimen de un defensor de Derechos Humanos en esa región.

“Por efecto de renuncia al Congreso, #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ remite a @FiscaliaCol indagación previa contra exsenador Álvaro Uribe @AlvaroUribeVel respecto a hechos de masacres de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de #DDHH Jesús María Valle”, reportó el alto tribunal en su cuenta de Twitter.

El proceso inició en la década de los noventas y el 28 de diciembre de 2000, finalmente, se dictó resolución inhibitoria a favor de Uribe durante la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez.Lea también…

La Comisión de Acusaciones de la Cámara, a su vez, investigó al expresidente en 2008 tras la declaración del extinto exparamilitar Francisco Villalba pero no encontró mérito para seguir con el caso.

El 2 de enero de 2013, con los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, recolectados por el senador Iván Cepeda, del Polo, la Fiscalía de Luis Eduardo Montealegre revocó el inhibitorio y retomó la pesquisa.

En noviembre de 2014, tras la posesión de Uribe Vélez como senador, la Fiscalía remitió el expediente ante la Corte.

En mayo de 2018 el máximo tribunal de la justicia ordinaria declaró como crímenes de lesa humanidad los cometidos en las masacres de El Aro, San Roque y La Granja, y el perpetrado contra el defensor de DD.HH., Jesús María Valle, por denunciar que la Gobernación de Antioquia, a finales de los noventas, bajo el mando de Uribe, omitió sus deberes en torno a estas matanzas.

Agrega el documento que “dicho asunto, no está de más anotarlo, inició con ocasión de la denuncia del señor Jesús María Valle Jaramillo (QEPD) por las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento La Granja en 1996 y posteriormente, con ocasión de la denuncia presentada por el doctor Iván Cepeda Castro y las entrevistas tomadas a Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve”.

El proceso preliminar contra el expresidente es por el delito de concierto para delinquir por la presunta promoción de grupos armados ilegales.