CATALUÑA. JxCat y ERC se reorganizan para formar Govern y evitar nuevas elecciones
Un mensaje llegaba ayer desde la cárcel de Estremera: “Hay que formar Govern ya”. Mientras el independentismo pasaba una jornada de duelo en el Parlament, los políticos presos volvían a fijar el rumbo aprovechando la visita de sus abogados. El plan C pasó oficialmente a la historia con el candidato a la presidencia Jordi Turull en prisión y una sui géneris suspensión del pleno de investidura que cerró una puerta y abrió nuevas posibilidades de colaboración del independentismo junto a Catalunya en Comú.
Ya hay nuevos escenarios sobre la mesa que permitirían cumplir con el mandato de Estremera, pero Junts per Catalunya y ERC deben hacer previamente balance de daños tras el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena.
Lo que se escenificó ayer en la Cámara catalana fue lo más parecido a un funeral
Las dificultades a las que se enfrentan comienzan en Bruselas, aunque el paradero de Carles Puigdemont fue ayer durante horas una incógnita tras dejar Finlandia al conocer la solicitud de extradición del Tribunal Supremo, y acaban en el débil equilibrio de fuerzas entre JxCat y los republicanos en el Parlament. Por el camino quedan tres candidatos fallidos a la presidencia y desde el jueves una cuenta atrás hasta el 22 de mayo, fecha límite para la convocatoria automática de elecciones. De momento, ambos grupos se han conjurado para evitar volver a las urnas.
Mientras, lo que se escenificó ayer en la Cámara catalana fue lo más parecido a un funeral. Conversaciones en voz baja, abrazos entre los diputados del bloque independentista y la fortaleza de las familias de Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Cuixart… presentes en el hemiciclo. La convocatoria de la segunda sesión del pleno de investidura llegaba con la amenaza del Gobierno central de que adoptaría medidas contra Roger Torrent si se procedía a la votación del candidato encarcelado y acabó con el embrión de un frente “en defensa de la democracia y los derechos fundamentales” impulsado por el propio presidente del Parlament desde el auditorio de la Cámara.
El grupo de Puigdemont y ERC deben poner sobre la mesa un nuevo plan de investidura
Torrent se puso al frente de la iniciativa consensuada entre JxCat, ERC, Catalunya en Comú y la CUP pero que ayer ya fue avalada por CC.OO., UGT y la Cecot, entre otras entidades que, tras la suspensión del pleno, quisieron estar presentes en el acto, al igual que el expresident Artur Mas y los expresidentes del Parlament. En los próximos días se abrirá una ronda de contactos con partidos y representantes de la sociedad civil para articular esta “alianza de demócratas” que tiene como objetivo la defensa de los derechos civiles y políticos de los procesados por el proceso.
En paralelo, el grupo de Puigdemont y ERC deben poner sobre la mesa un nuevo plan de investidura, ahora conscientes de que, más allá del frente por los presos, los cuatro votos de la CUP no son ninguna garantía de futuro. Se suma además, la amenaza de la suspensión de los diputados procesados en cuanto el auto sea firme, lo que dejaría a la mayoría independentista con tres votos menos si Turull, Rull y Romeva no renuncian a su escaño. En cualquier caso, la clave para una investidura en segunda vuelta sin dependencia de los anticapitalistas sigue estando en Bruselas con los escaños de Puigdemont y Comín, con suspensión o sin ella.
JxCat se conjuró para evitar elecciones la semana pasada en la Casa de la República y Puigdemont lo tiene en sus manos. Desde ERC, Gabriel Rufián, tiene claro que debería dimitir, mientras que Comín rechaza la idea. De momento, cada grupo trabaja por separado. Tras la marcha a Suiza de Marta Rovira, ERC se ha reorganizado alrededor de Pere Aragonés, como adjunto a la presidencia y con Marta Vilalta como portavoz, ya que Sergi Sabrià ha tomado las riendas del grupo parlamentario, que ya ha cubierto las bajas de Marta Rovira, Carme Forcadell y Dolors Bassa. Y el mensaje sigue siendo firme: urge formar Govern.
Dentro de JxCat, el PDECat se mueve con el mismo objetivo. El partido invitó ayer a los diputados del grupo a su consejo nacional, con Elsa Artadi –exmilitante– al frente, donde pudieron oír a Marta Pascal reclamando un ejecutivo “lo más rápido posible”. De hecho, ayer mismo, además de confirmar a Maria Senserrich como portavoz, nombraron a Marc Solsona y Lluís Font como sustitutos de Turull y Rull en las mesas de negociación en el Parlament y Lluís Guinó como enlace del grupo parlamentario. No habrá debate público sobre un nuevo candidato mientras el auto de procesamiento de los encarcelados no sea firme y Turull sea suspendido y, por tanto, descartado como presidenciable oficialmente. No obstante, el PDECat mantiene que cualquier propuesta de JxCat debe contar con el beneplácito del partido. En esta línea, aunque públicamente se había señalado a Artadi como el relevo natural de Turull en la presidencia, el PDECat no ha escondido nunca su predilección por una apuesta municipalista como la de Solsona, alcalde de Mollerussa.
La reanudación de los contactos del independentismo con los comunes también dibuja otros escenarios incipientes. Pascal defendió ayer la necesidad de “volver a la política de construcción” y de trabajar desde espacios transversales. Y ahí entra en juego Xavier Domènech, que se ha sumado a la “respuesta unitaria, transversal y democrática” al encarcelamiento de los políticos independentistas y, de paso, ha recuperado la propuesta que hizo durante la campaña de forjar una mayoría alternativa en el Parlament si JxCat y ERC no son capaces de formar Govern en las próximas semanas.
En esta línea los condicionantes son mayores. Los comunes no apoyarían ni se abstendrían ante un candidato de JxCat, por lo que la condición pasa por que ERC, una vez descartados Puigdemont, Jordi Sànchez y Turull, ponga sobre la mesa un nombre con carga partidista limitada o “autoridad moral” suficiente para que fuera aceptado por JxCat. Las miradas se vuelven entonces sobre Roger Torrent, el único cargo electo de la legislatura y para cuya designación los comunes se abstuvieron. Aunque en ERC repiten que el acuerdo de Govern con JxCat deja en manos del grupo de Puigdemont la presidencia de la Generalitat
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha imputado a 25 independentistas catalanes por el procés. No todos correrán la misma suerte. Los que han huido al extranjero serán reclamados por la justicia española. Los encarcelados, entre los que se encuentran desde ayer Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell, podrían permanecer en prisión provisional hasta que se celebre el juicio. El resto, los que desmarcaron de la política se enfrentan a condenas menores.
Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat, es el máximo responsable del procés. El juez le acusa de los presuntos delitos de rebelión y malversación que pueden comportar penas de prisión de hasta 30 años y de inhabilitación durante 20 años. Puigdemont promovió la declaración de la república catalana el 27 de octubre del año pasado en el Parlament. Era un viernes. El lunes, huyó a Bruselas. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que instruía entonces el caso, dictó una euroorden contra él.
Pero la legislación belga es más laxa que la española en la regulación del delito de rebelión. Así que cuando el asunto fue a parar a manos del Supremo, Llarena decidió retirar esa euroorden a la espera de que Puigdemont regresase de un modo u otro a España para poder imputarle la rebelión española. El ex president ha vivido casi cinco meses en Bélgica, ha alquilado una casa e incluso ha viajado por otros países de Europa.
Ayer, tras dictar los autos de procesamiento y de ingreso en prisión de Forcadell, Turull y el resto de ex consellers, Llarena ha reactivado esa eoroorden. También ha dictado una orden de detención internacional por si el ex president viaja fuera de Europa. Esa decisión pondrá de nuevo en marcha un proceso, que ya se había iniciado en Bélgica y que quedó parado en su momento, para acordar la extradición de Puigdemont. La justicia belga decidirá pues cuándo y cómo lo devuelve a España. La misma suerte correrán los ex consellers que le acompañan en esa aventura a las afueras de Bruselas, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.
Clara Ponsatí, que también se marchó con ellos, está ahora en Escocia, pues tiene una plaza de profesora en la Universidad de Saint Andrews. En su caso, será la justicia británica quien acuerde su extradición. Y Marta Rovira, secretaria general de ERC, que ayer dio la campanada al no presentarse a su cita con el juez, pues ha optado por marcharse a Suiza, también será extraditada. La orden de detención internacional pesa sobre ella. No ocurre lo mismo con la ex dirigente de la CUP Anna Gabriel, que también se refugió en Suiza. A Gabriel la detendrán si vuelve a España. Se la acusa de un delito de desobediencia, que solo está penado con multa e inhabilitación. Es lo mismo que le ocurre a su compañera de filas de la CUP Mireia Boya, que permanece en España.
Jordi Cuixart y Jordi Sànchez ingresaron en la prisión de Soto del real el 16 de octubre octubre. Han presentado diversos recursos solicitando la excarcelación, pero no han prosperado. La legislación española prevé que las personas puedan permanecer en prisión provisional previa al juicio cuando hay peligro de reiteración del delito o de destrucción de pruebas o riesgo de fuga. El plazo máximo para mantener esa situación es de dos años, prorrogables en algunos casos.
Llarena considera que en el caso de los Jordis se producen las dos primeras circunstancias, reiteración del delito y riesgo de fuga, por lo que es poco probable que los libere antes del juicio, que podría celebrarse en otoño, quizá, si la cosa se alarga como suele ocurrir en la justicia española, a principios del año que viene. Eso implicaría que los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural permaneciesen en prisión hasta la condena definitiva. Se les acusa de presunta rebelión, penada con hasta 30 años de cárcel.
En una situación muy parecida se hallan el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el ex conseller de Interior Joaquim Forn. Ingresaron en la cárcel de Estremera el 2 de noviembre, están acusados de rebelión y malversación y el Supremo ha rechazado excarcelarlos. En el caso de Forn incluso contra el criterio de la Fiscalía. Ayer Rull, Turull y Romeva fueron encarcelados en el mismo centro penitenciario. La ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consellera Dolors Bassa, en Alcalá Meco.
Los ex consellers están acusados de rebelión y malversación, Forcadell, solo de rebelión. Todos ellos se enfrentan a 30 años de prisión y, vistos los antecedentes que ha ido marcando el Tribunal, podrían permanecer privados de libertad hasta que se celebre el juicio. El resto de los ex miembros de la Mesa del Parlament, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, pueden respirar más tranquilos. Solo se les acusa de desobediencia y están en libertad por lo que se enfrentan, como mucho, a multas e inhabilitaciones.
En cambio, el resto del antiguo gabinete de Puigdemont, formado pr Meritxell Borrás. Lluís Puig y Meritxell Serret (que sigue en Bélgica), Carles Mundó y Santi Vila, que se apeó del procés justo antes de la declaración de la república catalana del 27 de octubre, están imputados por desobediencia y por malversación. De momento, están en libertad y podrían seguir así hasta el juicio, pero, de probarse la malversación, su condena podría elevarse a ocho años de prisión.
El juez decidió ayer no procesar a Artur Mas, antecesor de Puigdemont, quien, no obstante, se enfrenta a un juicio de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas por la organización del referéndum independentista del 9 de noviembre de 2012. También han quedado libres de cargos la líder del PDeCAT, Marta Pascal, y la ex dirigente de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.