Decreto presidencial de militarización de parte del país: incumple estándar de DD.HH. ?

Gobierno de Colombia decreta asistencia militar para ocho departamentos y 13 ciudades

El decreto presidencial mediante el cual se militarizan 8 departamentos y 13 ciudades despertó preocupación inmediata en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos porque no se contempla la vía del diálogo ni se establecen normas de uso proporcional de la fuerza.

El presidente de Colombia, Iván Duque, expidió en la madrugada del 29 de mayo el decreto 575 de 2021, con el cual ordena la asistencia militar para ocho departamentos y 13 ciudades del país.

“El presidente de la República de Colombia […] decreta:

Coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”, se lee en el documento expedido por el Gobierno.

Los departamentos que tendrán a partir de este sábado asistencia militar son Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda.

Por su parte, las ciudades que entraron en el decreto son Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.

El decreto también ordena a los alcaldes y gobernadores de dichos lugares “adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la fuerza pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos [y] adoptar las medidas, e implementar los planes y acciones necesarias para reactivar la productividad y la movilidad en sus respectivas jurisdicciones, entre ellas, fortalecer los controles de seguridad en las vías y las caravanas”.

La noche del 28 de mayo, Duque anunció desde Cali que “a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y el departamento del Valle. Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento asegurando una asistencia en puntos neurálgicos”.

Varias ciudades de Colombia vivieron este viernes una jornada violenta durante las manifestaciones para conmemorar el primer mes del paro nacional. Al menos seis personas fallecieron en Cali, incluyendo un funcionario en descanso del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, “quien de acuerdo con la información recopilada hasta este momento, disparó a varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, indicó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa.


La Defensoría le comunicó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desde el inicio del paro, y hasta el 24 de mayo, ha trasladado a la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía 236 denuncias por abusos policiales que vulneraron los derechos humanos de la ciudadanía durante las jornadas de protesta. Además, indicó que ha registrado 1.049 policías heridos y 1.040 civiles lesionados.

La Defensoría afirmó, el 25 de mayo, ante la CIDH, que ha verificado “106 casos de violencia basadas en género en contra mujeres y personas OSIGD/LGBT por parte del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios)” y ha llevado a la Fiscalía 43 casos de supuestos asesinatos cometidos durante el paro nacional, de los cuales ha establecido que 17 sí fueron cometidos durante las protestas: 16 fallecidos eran civiles y uno era un policía.

Por su parte, la ONG Temblores informó que “entre las 6 a.m. del 28 de abril (cuando inició el paro) y las 12 p.m. del 27 de mayo de 2021 en Colombia [se registran]: 3.405 casos de violencia policial, 1.133 víctimas de violencia física por parte de la Policía, 43 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la Policía (27 casos de homicidio se encuentran en proceso de verificación de circunstancias de tiempo, modo, lugar, contexto social y presunto agresor), 1.445 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes [y] 47 víctimas de agresión en sus ojos”, según una infografía publicada en su perfil de Twitter el 28 de mayo.​​​​​​​

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