El dinero público malgastado en América Latina bastaría para acabar con la pobreza extrema

Cada año, la ineficiencia en el gasto de los Gobiernos de América Latina y el Caribe genera un despilfarro total de 220.000 millones de dólares, el equivalente a un 4,4% del PIB. “Esa cifra, bien invertida, sería suficiente para acabar con la pobreza extrema en la región”, asegura Alejandro Izquierdo, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La institución acaba de publicar un estudio de más de 400 páginas en el que analiza los presupuestos de los países de la región y sus potencialidades de mejora. Su principal conclusión: en tiempos de estrecheces presupuestarias, en los que el margen fiscal es estrecho, se puede (y se debe) hacer más con menos. De no asignar bien el gasto público, se estará hipotecando el futuro de los latinoamericanos.

Dedicar a esta problemática el libro insignia que el BID publica cada año no es casual. “La mayoría de los países de América Latina y el Caribe hace poco han pasado o están a punto de pasar a la categoría de ingresos medios. En consecuencia, sus ciudadanos están exigiendo más y mejores servicios por parte de sus gobiernos”, señala Luis Alberto Moreno, presidente del organismo financiero con sede en Washington y ex ministro de Desarrollo Económico de Colombia. La tan necesaria eficiencia del gasto público será, en su opinión, “crucial” para que los países vayan por la senda del desarrollo y eviten conflictos sociales. “Este desafío es aún mayor ante la amenaza de tasas de interés internacionales más altas, precios más bajos en las materias primas y menor crecimiento mundial”.

El Banco Interamericano de Desarrollo identifica tres grandes fuentes de ineficiencia presentes, en mayor o menor grado, en todos los países de Latinoamérica y el Caribe: compras públicas -bien por problemas en las licitaciones, bien por ineficiencias en selección de proyectos de inversión adecuados o corrupción, elevando la eficiencia se podría ahorrar el equivalente 1,5% del PIB de la región-, transferencias monetarias a los ciudadanos -muchas veces los receptores no son los que más las necesitan, con lo que se fomenta la desigualdad y se despilfarra aproximadamente el 1,7% del PIB- y los salarios públicos -los sueldos de los funcionarios representan un porcentaje mayor del presupuesto público total en América Latina y el Caribe (29%) que en la media de la la OCDE (poco más del 24%)-. “Es un asunto muy difícil de resolver”, anticipa el economista jefe del BID, Alejandro Izquierdo, en referencia a este último punto, uno de los más sensibles. “Pero si se comparan los salarios en el empleo público con los del privado, con el mismo nivel de capacidad, encontramos diferencias del 25%”.

Menos inversión pública, más gasto corriente

América Latina y el Caribe ha seguido el camino menos recomendable en la composición de su gasto público. En las tres últimas décadas, los Gobiernos del subcontinente han optado por incrementar el gasto corriente -fundamentalmente, gasto social y sueldos y salarios- en detrimento de la inversión, uno de los principales determinantes del crecimiento futuro de un país y, por ende, de la calidad de vida de sus ciudadanos. “A menudo, el gasto corriente crece por encima de la tendencia en las buenas, pero luego la inversión pública es la destinataria de los recortes por el ajuste en las malas”, subrayan los técnicos del BIB. “Este sesgo en detrimento de la inversión pública perjudica el crecimiento, puesto que el capital público es un factor determinante de la inversión privada, que a su vez es el principal motor del crecimiento económico. A esto se suma el hecho de que el efecto multiplicador de la inversión pública sobre el producto es mucho mayor que el del gasto corriente, razón por la cual una política de recorte de gastos que solo se centra en la inversión pública es errónea”.

América Latina ha seguido, en este punto, una tendencia común a todo el bloque de países en desarrollo que, a diferencia de lo ocurrido en las economías industrializadas -donde la composición del gasto público se ha mantenido prácticamente estable-, han disminuido el gasto de capital en favor de uno mucho más cortoplacista. “Esto implica una decisión consciente para priorizar los gastos actuales por encima de las inversiones para construir el futuro. En pocas palabras, la actualidad le gana al futuro”. La desconfianza ciudadana en sus autoridades es, en buena medida, responsable de este sesgo hacia el gasto corriente, según el estudio que ha visto la luz este lunes: “Es un ingrediente clave: cuando hay un alto nivel de desconfianza -ya sea por la ineficiencia del gobierno o por la corrupción flagrante- los ciudadanos prefieren las transferencias a las inversiones a largo plazo”, agregan desde el BID.

La importancia de las infraestructuras

¿Cómo podría ser más eficiente el gasto público en América Latina? En primer lugar, destinando más dinero a la partida de infraestructuras, en la que la inversión pública ha venido decreciendo sistemáticamente desde los años ochenta, cuando era casi un 10% superior que hoy. “Es el tipo de gasto que dinamiza el crecimiento, porque complementa la inversión privada. Si no das buen servicio público en transporte, puertos, el privado no participa de la misma manera”, explica Izquierdo. En el resto de países de la OCDE también ha decrecido levemente este capítulo pero, en opinión del economista “tiene más sentido” en economías desarrolladas que ya cuentan con mucha infraestructura -y de mayor calidad- y poblaciones mucho más longevas a las que hay que brindar servicios asistenciales. “Pero que esto pase en Latinoamérica, donde no existe ni el nivel de desarrollo ni de envejecimiento que en Europa es muy llamativo”. La inversión en capital físico es fundamental para relanzar el crecimiento.

Otro sector en el que la evidencia indica que no siempre se toman las mejores decisiones de gasto es el de la educación. Es frecuente que los gobiernos detecten escasez de titulados universitarios y decidan invertir en este nivel. Sin embargo, si los que vienen antes no han sido reforzados, sirve de poco, especialmente para las clases más desfavorecidas, que reciben mucho mayor retorno cuando se potencian las primeras etapas educativas.

Los cambios para aprovechar al máximo el gasto “son difíciles”, apunta Izquierdo. El informe incluye una encuesta a 5.000 personas. Comprobó que, sistemáticamente, los ciudadanos que menos confianza tienen en el Estado prefieren transferencias directas en lugar de inversiones a largo plazo, que serán más beneficiosas. Se produce aquí un círculo vicioso que los gobiernos tienen que romper: se han de ganar la confianza de los ciudadanos gastando en lo que para ellos no es prioritario.

“Los latinoamericanos podrían tener acceso a más y mejor educación, servicios de salud, seguridad e infraestructura si sus gobiernos utilizaran los recursos existentes como lo hacen los mejores países del mundo. Esto significa reducir la criminalidad, obtener mejores resultados PISA, aumentar la esperanza de vida, y proporcionar más servicios de infraestructura”, subraya el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.