EL ROBO DE MINTIC. Los nexos politiqueros, con anticipo de un billonario contrato que terminó en un “paraíso fiscal”
EL negocio del Ministerio de las TIC que tenía el objetivo de conectar con internet a las regiones más apartadas del país es un escándalo de supuesta corrupción, documentos falsificados y el embolate de un desembolso que llegó a parar a Delaware. Allá tienen sus cuentas los Char. Hay algo aquí que junta puntos con “El mecanismo” Odebrecht, la ruta del dinero,.
Las autoridades calculan que, para finales de abril de 2021, Centros Poblados debía tener instalados y funcionando 773 centros digitales, pero no cumplió con ninguno.
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Karen AbudinenÓscar Pérez
Un anticipo de $70.243 millones que terminó en una cuenta en Delaware (Estados Unidos), en desarrollo de un fallido contrato para llevar conexión digital a una vasta región del territorio nacional, abrió fuegos a un escándalo judicial que ya agita las aguas políticas, en la antesala de la campaña por la renovación del Congreso y la disputa por la presidencia de Colombia.
Un desembolso que se convirtió en el detonante de un capítulo de corrupción y falsificación de documentos, con paraíso fiscal a bordo e irregularidades fiscales.
En el ojo del huracán se encuentra Karen Abudinen, ministra de Telecomunicaciones, porque el anticipo fue autorizado a una unión temporal que, desde que firmó el billonario contrato con la cartera ministerial, ya estaba bajo la lupa por su supuesta falta de idoneidad para cumplir con el negocio.
Este escándalo, se inició en diciembre de 2020, cuando, ante varias propuestas de reconocidos operadores en el ámbito de la tecnología, en desarrollo del proyecto Centros Digitales para ampliar la cobertura de internet en el país, el Mintic otorgó un contrato por $1,07 billones a la Unión Temporal Centros Poblados, un conglomerado empresarial del entorno económico de Barranquilla
Los nexos políticos de las cuatro empresas que forman Centros Poblados
Diario Criterio revela documentos que demostrarían que detrás del billonario negocio hay dirigentes cercanos a Cambio Radical, al clan Char, a la ministra de las TIC, así como polémicos contratistas como Emilio Tapia y otros cercanos al hijo de la procuradora Margarita Cabello
Los colombianos vienen escuchando sobre el escándalo que rodea al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) y Karen Abudinen Abuchaibe desde diciembre de 2020, cuando se supo que la empresa Centros Poblados se había ganado uno de los meganegocios del año, a pesar de ser una unión temporal integrada por pequeñas empresas que no dominan el sector. Algunos de los socios tienen investigaciones y escándalos a cuestas.
Lo insólito y que de entrada generó todo tipo de suspicacias es que ese nuevo operador, que tiene la misión de llevar internet gratis a más de 7.000 colegios apartados del país, por un monto de 1,07 billones de pesos, superó en la licitación a reconocidas empresas expertas en el sector, como la ETB, Hughes, China Great Wall Industry y Skynet.
Para vencer a estos gigantes de las telecomunicaciones, la unión temporal Centros Poblados Colombia 2020 lo hizo gracias a la unión de cuatro empresas (tres de Barranquilla y una de Bogotá) identificadas como:
1. Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, Funtics o Novotic, con una participación del 35 %.
2. ICM Ingenieros SAS, 35 %
3. Intec de la Costa SAS, 15 %
4. Omega Buildings Constructora SAS, 15 %
Pese a las alarmas y advertencias que hicieron los proponentes perdedores y las denuncias reveladas por algunos medios de comunicación antes de la adjudicación, la ministra Karen Abudinen, barranquillera y considerada la cuota del clan de la familia Char en el gobierno del presidente Iván Duque, insistió en continuar con el proceso.
Incluso, el propio Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y jefe natural del partido Cambio Radical al que pertenece la ministra, se preguntó en su columna dominical del diario El Tiempo quiénes eran los poderosos detrás de semejante desfalco.
Desde entonces, varios medios radiales y escritos han revelado a cuentagotas detalles inéditos del polémico contrato adjudicado a Centros Poblados y los nombres de algunos de sus contratistas.
Diario Criterio recolectó y cotejó pruebas documentales en bases de datos públicas y las cruzó con testimonios de personas que conocen los detalles de la cosa política en la costa Caribe y de este negocio, para reconstruir el entramado empresarial detrás de Centros Poblados y visibilizar los nexos de todos los socios con la clase política en esa región, especialmente de Barranquilla, Atlántico y Cesar.
En ese barrido documental se descubrió que las cuatro empresas tienen en común sus relaciones con personas cercanas a Cambio Radical, el clan de los hermanos Char y vínculos con polémicos contratistas como Emilio Tapia Aldana, Juan Cáceres Bayona y Jorge Ibán Rozo Barragán.
También se pudo establecer que al menos dos de las cuatro empresas (Intec de la Costa SAS y Omega Buildings SAS) compartieron los mismos socios. Y que al menos uno de los contratistas es reconocido por sus nexos en el negocio de las canchas sintéticas en Barranquilla.
¿Renuncias y copy paste para licitar?
Lo primero que se debe advertir sobre las cuatro empresas que forman la Unión Temporal Centros Poblados es que tres de ellas tuvieron que ampliar el objeto social y cambiaron sus juntas directivas, gerencias o representación legal, meses antes que presentarse a la licitación en 2020.
Lo insólito es que, a juzgar por la redacción de esas modificaciones, parecería que se trató de un simple copia y pega, tal como lo revelan las actas a las que tuvo acceso Diario Criterio.
Solo por citar un ejemplo concreto: el 14 de octubre de 2020 la empresa ICM Ingenieros SAS, mediante el acta número 116, amplió su objeto social para atemperarlo a lo solicitado en los pliegos de la licitación: “la sociedad podrá realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en cualquier sitio del territorio nacional o en el extranjero”, dice textualmente la modificación. Lo mismo hizo la empresa Intec de la Costa SAS, mediante el Acta No 13, del 22 de octubre de 2020.
El otro movimiento que llama la atención sucedió al interior de la empresa Funtics o Novotic, que en plena licitación decidió cambiar al presidente y vicepresidente de la junta directiva. Sucedió a través del Acta No 22 del 21 de diciembre de 2020; en ella renunciaron a sus cargos Carlos Enrique Páramo Samper y Ricardo Javier Novoa Martínez.
La suspicacia surge porque en Barranquilla es de público conocimiento que el abogado Páramo Samper es cercano al clan Char, a tal punto que hizo parte del gabinete de Alex Char, cuando este fue alcalde de la capital del Atlántico entre 2016-2019.
Según el Sigep, que es la página donde reposan las hojas de vida de los funcionarios públicos, Páramo Samper también fue miembro de la unidad de trabajo legislativo (UTL) de un representante a la Cámara y depositario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entre otros cargos.
Los polémicos contratistas de Centros Poblados
La otra sorpresa que se descubrió en medio del entramado empresarial de la Unión Temporal Centros Poblados es que ICM Ingenieros SAS tiene como socios a polémicos contratistas.
Resulta que en ICM Ingenieros SAS tienen y tuvieron asiento Jorge Ibán Rozo Barragán y Luis Guillermo Mesa Sanabria, salpicados en 2009 por el escándalo que llevó en 2016 a la cárcel al entonces gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por los delitos de interés indebido en celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado. Todo el delito giró en torno a un contrato para restaurar la malla vial de Bogotá y en el que se habrían esquilmado 24.000 millones de pesos, según la Fiscalía. Rozo Barragán es el cuñado del exgobernador Cruz y era socio de la empresa ICM Ingenieros a través de la firma Inversiones en Infraestructura SAS.
Pero eso no es todo. En la historia empresarial de ICM Ingenieros SAS también aparece como representante legal suplente Karin Stefania Pupo Benito Revollo. Hasta junio de 2020, la joven Pupo Benito Revollo hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), como asistente grado 1, de la senadora por Cambio Radical Daira Galvis Méndez.
La otra cuota polémica es la de Juan Carlos Cáceres Bayona, socio y presidente de la empresa Funtics o Novotic. Su nombre y reputación lo identifican como uno de los megacontratistas de la Costa Caribe. En la empresa tiene asiento su esposa Shirley Carolina Castellar, como directora de proyectos.
Cáceres Bayona saltó a las grandes ligas de la contratación gracias al empujón que recibió del entonces gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, con quien patinó la creación de la empresa de economía mixta conocida como Niutelco (suministro, mantenimiento y reposición de redes de telecomunicaciones) a través de la cual se expandió hacia otras regiones y obtuvo fama, fortuna y dolores de cabeza.
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Pero detrás de tanta fama también abundaron los problemas. El nombre de Cáceres Bayona y su empresa aparecen ligados a investigaciones por presunta corrupción y cuyas irregularidades por cerca de 25.230 millones de pesos en contratos le valieron investigaciones fiscales y disciplinarias.
Junto a esos escándalos aparecen los nombres de exgobernadores investigados y destituidos como Oneida Pinto (La Guajira) y Luis Miguel Cotes (Magdalena). Incluso tuvo problemas por contratos irregulares que le asignaron a dedo en el departamento del Tolima por 36.000 millones de pesos.
El factor Emilio Tapia en Centros Poblados
Quizás lo más sorprendente está en los vasos comunicantes que llevan a pensar que detrás de ese billonario contrato estaría la mano del polémico empresario y condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, Emilio Tapia Aldana.
Son varios elementos que permiten inferir que Tapia estaría detrás de ese multimillonario negocio a punto de fracasar (la ministra intenta caducar el contrato por incumplimiento y la póliza falsa) y con 70.000 millones de pesos en anticipos, embolatados en una cuenta bancaria de Estados Unidos, tal como lo reveló el FBI en una alerta que le hiciera al gobierno colombiano.
Por un lado, Diario Criterio pudo establecer que al menos dos de las cuatro empresas de la Unión Temporal serían de los mismos socios. Se trata de las empresas Intec de la Costa SAS y Omega Buildings SAS. Es decir, le metieron un golazo al Ministerio de las TIC y a todo su equipo jurídico, haciéndoles creer que eran firmas diferentes cuando en realidad tienen vasos comunicantes entre sus socios a través de dos empresas camufladas llamadas Lastor Inversores del Caribe SAS y OLT Constructores SAS.
En las dos empresas gemelas (Intec de la Costa SAS y Omega Buildings SAS) aparecen dos personajes que en Barranquilla (Atlántico), Sincelejo (Sucre) y Sahagún (Córdoba) “los identifican como íntimos amigos y de negocios” de Emilio Tapia, aseguró una fuente que conoce el entramado político de la Costa y de este negocio, pero que por razones de seguridad pidió omitir su nombre.
Se trata de los empresarios Ottomar José Lascarro Torres y Jalím de Jesús Rebaje García. Del primero se sabe que es amigo personal de Tapia y, de acuerdo con las fuentes barranquilleras consultadas por Diario Criterio, el señor Rebaje García sería amigo de la ministra Abudinen Abuchaibe.
El país escuchó hablar de Jalim Rebaje García en septiembre de 2020, tras conocerse el escandaloso video del edificio donde estaba enrumbado y en el que se ve la agresión contra la pediatra Dalila Peñaranda. En su momento la alta sociedad de Barranquilla se indignó, pero el escándalo se apagó rápidamente.
Ambos personajes aparecen como socios de Intec de la Costa SAS y Omega Buildings SAS; aunque no lo hacen de manera directa sino a través de otras compañías inmersas como accionistas (Lastor Inversiones del Caribe SAS y OLT Constructores SAS).
De hecho, uno de los socios actuales de Intec de la Costa SAS, es José Fernando Lorduy Fernández, cuñado de Emilio Tapia. La afinidad entre Lorduy y Tapia surgió en el pasado cuando su hermana (Carolina Lorduy Fernández) sostuvo una relación sentimental con Emilio Tapia y de la cual nació un hijo.
En un club social de Barranquilla tienen su propia versión de lo que pudo ocurrir con el polémico contrato de Centros Poblados y del por qué se armó el escándalo. Como un secreto a voces, se ha hecho correr el rumor de que todo se vino al piso porque “Tapia se habría quedado con los 5.000 millones de pesos para la póliza de garantía del contrato y que finalmente resultó ser chimba (falsa)”, relató la fuente consultada.
Otro hecho que se puede ver en Intec de la Costa SAS es que el socio Lorduy Fernández es reconocido en la capital del Atlántico como uno de los amigos y promotores de los contratos que ha obtenido Alberto Mario Caparroso Cabello, hijo de la procuradora Margarita Cabello.
En el Secop se puede documentar que entre 2017 y 2019, el hijo de la procuradora Cabello se alzó con al menos ocho contratos que suman 16.929 millones de pesos para la construcción de parques o remodelación de escenarios deportivos (las famosas canchas sintéticas) en Atlántico, Bolívar y Magdalena.
De ahí que el analista político Ariel Ávila catalogara de miserable la investigación que la Procuraduría le abrió a la ministra Abudinen por este escándalo y que, según él, presume no dará ningún resultado.
“Está clase política nuestra es demasiado miserable. La cuota del clan Char @karenabudi será investigada por otro cuota del clan Char, la señora Margarita Cabello la @PGN_COL 70 Mil millones de pesos están a punto de perderse”, trinó el analista.
Más allá de todas esas coincidencias, en su mayoría documentadas, llama la atención que, pese a los nexos y vasos comunicantes, algunos de los protagonistas insistan en desconocer las relaciones, no solo sociales o familiares detrás de este escándalo que tiene en la cuerda floja a la ministra Abudinen por la cuestionada licitación que iba a llevarles internet y felicidad a los niños más pobres del país. Para la muestra, una foto.
