El expresidente francés Nicolás Sarkozy está declarando hoy, bajo arresto, por la investigación judicial abierta por una posible financiación ilegal de la campaña para su elección en 2007.

El político francés se encuentra actualmente en las instalaciones de la policía judicial en Nanterre bajo sospecha de financiamiento ilícito en la campaña electoral que le llevó a su primera presidencia. La investigación se relaciona con presuntos fondos libios, informa el periódico Le Monde.

El diario Le Monde explica que el político, que dirigió Francia entre 2007 y 2012, había sido convocado por la policía de la Oficina Central para la lucha contra la corrupción y las infracciones financieras y fiscales (OCLCIFF) para explicarse sobre los fondos para esa campaña, y que su comparecencia podría prolongarse 48 horas antes de ser presentado a un juez para su eventual inculpación.

El procedimiento judicial tiene su origen en un documento libio, publicado en mayo de 2012 por el sitio de información “Médiapart”, en el que se daba cuenta de que el ex jefe del Estado francés había recibido dinero de Gadafi.

En noviembre de 2016, el empresario e intermediario Ziad Takieddine afirmó haber llevado cinco millones de euros en efectivo entre finales de 2006 y comienzos de 2007 de Trípoli a París que entregó a Claude Géant y a Nicolas Sarkozy, que era entonces ministro de Interior.

Unas alegaciones que venían a confirmar las de Abdallah Senoussi, antiguo responsable de los servicios de información militares del régimen del derrocado líder libio en septiembre de 2012 ante un fiscal en su propio país en la misma línea.

Además, la justicia francesa recuperó la agenda del que fuera ministro del Petróleo de Gadafi, Choukri Ghanem, muerto en 2012 en turbias circunstancias, donde aparecían mencionados pagos de dinero a Sarkozy. Un antiguo colaborador del líder libio que se encargaba de las relaciones con Francia, Bechir Saleh, también aseguró a “Le Monde” que Gadafi dijo que “había financiado a Sarkozy”.

Uno de los jueces que dirige esta investigación, Serge Tournaire, es el mismo que lo inculpó en otro sumario, en ese caso por los fondos para la campaña de 2012 en la que no fue elegido. Según “Le Monde”, la declaración bajo arresto del presidente de Francia entre 2007 y 2012 significa que los magistrados consideran tener pruebas suficientes para inculparlo.

Entre otras cosas, porque antiguos dignatarios del régimen de Gadafi han aportado elementos que vienen a confirmar las sospechas. Sarkozy ha denunciado siempre esas acusaciones, que ha atribuido a manipulaciones y a un ensañamiento contra él.

El primer ministro Edouard Philippe, preguntado en RMC Radio sobre la detención ha afirmado que no haría ningún comentario sobre el proceso legal.

La detención de Nicolas Sarkozy sacude los cimientos políticos de Francia y, si se confirman las acusaciones, provocará un grave daño institucional, erosionará la confianza de los ciudadanos en sus líderes y ensuciará la imagen internacional del país. Sería muy grave que se constatara, en sede judicial, que un jefe de Estado francés llegó al poder con la ayuda de un dictador norteafricano que le hizo llegar sumar millonarias.

Hay otro elemento, además, tan serio como la financiación ilegal de una campaña electoral. Afecta a la política global de Francia y a un hecho –el derrocamiento de Moamar el Gadafi- con unas implicaciones geopolíticas que aún hoy se hacen sentir. La presunta ayuda del dictador libio a Sarkozy, una hipótesis que se hace más verosímil hoy con el interrogatorio de Nanterre, proyecta aún más dudas sobre los motivos de fondo de la intervención militar francobritánica, en el 2011. El planteamiento de aquella operación militar siempre se acogió con muchas reservas en Italia, por ejemplo. Silvio Berlusconi, otro personaje con vínculos con Gadafi, previno de las consecuencias funestas que podía tener esa guerra. ‘Il Cavaliere’ era realista y desconfiaba de los impulsivos Sarkozy y Cameron.

Siete años después cabe preguntarse por qué se actuó de aquel modo. Es obvio que había intereses económicos que proteger, el petróleo en primer lugar, así como la defensa de la tradicional proyección francesa en África –amenazada siempre por el intervencionismo de Gadafi-, pero crece ahora la sospecha de si silenciar al dictador libio, borrar huellas de su ayuda, era prioritario para Sarkozy, que afrontaba la reelección –fallida- en el 2012.

El derrocamiento de Gadafi produjo un vacío que se llenó con el caos, la fragmentación tribal y la infiltración de milicias yihadistas en Libia. El precio se está pagando todavía. Y hubo otra consecuencia que impacta sobre Europa: la ola migratoria masiva desde las costas libias, que se convirtieron en un Eldorado para los traficantes de personas.

El caso Sarzoky daña la reputación de la derecha francesa, de un partido, Los Republicanos, que estaba ya en horas bajas desde que Emmanuel Macron ocupó un ancho espacio central en la política francesa.

No es el primer escándalo de magnitud que afecta a un presidente o un expresidente en Francia. Valéry Giscard d’Estaign tuvo el caso de los diamantes que le regaló el dictador centroafricano Bokassa. François Mitterrand pasó apuros cuando los servicios secretos sabotearon –y hubo un muerto- el barco ecologista ‘Rainbow Warrior’ en el Pacífico. Pero los tiempos han cambiado y el nivel de tolerancia no es el mismo. La ‘grandeur’ francesa, la solemnidad republicana de sus jefes de Estado ya no es suficiente escudo protector. Su vulnerabilidad ha aumentado. No pueden sentirse inmunes. Cuando la justicia investiga y hay indicios, incluso los más poderosos tienen un problema.