Hay que acelerar la protección del Parque Johnny Cay en San Andrés
La protección del medio ambiente del Parque Johnny Cay y la conservación de los derechos de los trabajadores del cayo y de los turistas, que ordenó el Tribunal Administrativo de San Andrés, cinco meses no muestra los avances esperados.
Así lo indicó el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, que llamó la atención a la Gobernación de la isla, a la Corporación Autónoma Coralina y a la Dirección General Marítima DIMAR para que para que el fallo del Tribunal no quede en el papel por falta de control, coordinación y voluntad política.
“Como sucede en escenarios similares, después de la lucha en los estrados viene una pelea más importante: materializar la decisión en la realidad. Bien se sabe que en muchas ocasiones grandes fallos terminan quedándose en el papel por falta de control, coordinación y seguimiento”, señaló María Lucía Torres, Directora del GAP de la Universidad del Rosario.
Cabe recordar que esta sentencia, del pasado 17 de abril, se dio luego del proceso de acción popular que inició la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales en el año 2017, el cual fue respaldado por el GAP de la Universidad del Rosario.
En qué va el cumplimiento del fallo
El pasado 19 de julio se llevó a cabo el primer comité de seguimiento al fallo, en donde Coralina, la DIMAR y la Gobernación del departamento compartieron por primera vez sus avances frente a las órdenes de la sentencia.
Algunas de las órdenes del Tribunal ya han sido cumplidas: la actualización de la página web del Parque y la creación de un video institucional que se transmite en el cayo durante el día por parte de CORALINA.
No obstante, frente a las órdenes de mayor envergadura las entidades públicas están dando apenas los primeros pasos. Entre los puntos más preocupantes está la construcción de un muelle en Johnny Cay, que parece hoy en día muy lejana, dijo la directora del GAP de la Universidad del Rosario.
Según la Capitanía del Puerto, discordancias del Fondo de Promoción Turística (FONTUR) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) han retrasado los planes para la implementación del mismo. Por ahora se mantendrán los controles a las lanchas y botes en que llegan los turistas para que desembarquen de la forma más controlada posible en la playa.
El coco asusta en Johnny Cay
Los desechos vegetales como cocos representan aún un obstáculo para mantener el equilibrio ecológico en el cayo; si bien ya se iniciaron labores el inesperado volumen de desechos acumulado ha demorado el trabajo de Coralina, explicó la directora del GAP de la Universidad del Rosario.
Por su parte Nohemí Carreño Corpus, magistrada del Tribunal Administrativo de San Andrés, resaltó la responsabilidad compartida que tienen las empresas transportadoras y los turistas en la protección del Parque. Por un lado frente a la movilización responsable y respetuosa de la ley de cientos de viajeros hacia y desde el Parque y, por otra, frente al cumplimiento de las reglas del Parque, en particular acatar la prohibición de consumo de alcohol en el mismo.
Para el GAP más allá de los pronunciamientos de un alto tribunal, la tarea de los sanandresanos y de todos los turistas debe ir del dicho al hecho. Informarse sobre el cuidado del cayo, respetar la cultura y el hábitat que visitan, ser partícipes del turismo sostenible y colaborar con las instrucciones dadas a las entidades legalmente responsables no es solo una buena manera de respetar las órdenes de la justicia, sino de ser coherentes entre nuestras palabras y nuestras acciones, y contribuir a que muchas generaciones puedan seguir disfrutando de este maravilloso parque.
Sobre el fallo del Tribunal
La sentencia dispone que Coralina, DIMAR y la Gobernación tomen medidas de control frente al número de visitantes en el Cayo, de capacitación a los operadores turísticos para el cambio gradual de materiales desechables a materiales biodegradables, procesos de mantenimiento de la infraestructura sanitaria y de aguas servidas, medidas para asegurar que el muelle del parque esté en correcto funcionamiento, así como la prohibición de utilizar cocos para servir bebidas y actividades pedagógicas que indiquen al turista cómo cuidar el ecosistema del cayo.
