La palabra de un Estado que juró cumplir y recibió a cambio las armas de una guerrilla de medio siglo se está diluyendo con los vientos electorales.
El Congreso hundió la reforma política y, la votación por las circunscripciones especiales: cuenta con 2 versiones.
La JEP a la Corte Constitucional
Las afugias del Gobierno en el Congreso no sólo están en la JEP, sino que también corren por el hundimiento de la reforma política y la creación de las circunscripciones especiales de paz.
En el primer proyecto hubo consenso entre más de 40 senadores para votar negativamente en plenaria por considerar que, con el despedazamiento que sufrió el texto durante el trámite, de reforma había poco. Una postura que comparten la Misión de Observación Electoral (MOE) y el componente de la FARC en la comisión de impulso a la implementación.
Es decir, el Congreso modificó de manera sensible el texto inicial de la iniciativa, que prometía una apertura democrática atendiendo al punto 2 del Acuerdo de Cuba, y hoy dice que aprobarla sería inútil.
Y en lo refrente a las curules para la Paz fueron 50 votos a favor y siete en contra lo que se obtuvieron en la plenaria del Senado cuando se puso a consideración el proyecto que creaba las 16 circunscripciones especiales de paz, que tenían el objetivo de garantizar la participación en el Congreso de las víctimas en las zonas más golpeadas por el conflicto.
Sin embargo, faltó un solo voto para cumplir con las mayorías necesarias y que se aprobara la iniciativa. En ese sentido, se hundió nuevamente una iniciativa del Gobierno que buscaba implementar el acuerdo de paz firmado con las antiguas Farc.
“Un grupo de senadores le fallaron a la paz de Colombia. Le fallaron a la posibilidad que las víctimas pudiesen llegar al Congreso de la república. Hay definitivamente sectores reaccionarios en el país presentes en este Congreos que no quieren dar la oportunidad a los más pobres para que tenga un espacio para representar sus legítimos intereses”, dijo Guillermo Rivera, ministro del Interior, luego de la votación.
Por su parte, el senador Roy Barreras, de la U, culpó a los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y una parte del Conservador de negar el derecho a las víctimas de llegar al Congreso y le pidió al presidente Santos que garantice las curules para las víctimas del conflicto a través del estado de excepción.
Asimismo, Barreras le pidió al secretario del Senado que revisara la votación y cuál era la mayoría necesaria, pues, a su juicio, la mayoría absoluta no se debía calcular sobre 102 senadores, sino sobre 99 porque “hay tres suspendidos”.
“Acabamos de revisar. Evidentemente, la mayoría absoluta de 99 es 50, es más de la mitad de los senadores. En mi criterio, está aprobada. Por supuesto, es absolutamente lamentable que tengamos que estar apelando a estas cifras matemáticas cuando el Congreso entero debió haberlas aprobado”, señaló Barreras, sin embargo, es una hipótesis que desestiman varios senadores, incluso, desde la mesa directiva.
#PlenariaSenado vota por el Sí:50 y No: 7 informe de conciliación del AL que crea 16 circunscripciones transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos del 2018 al 2026. No Alcanza los Votos Necesarios.
La conciliación del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue aprobada en la mañana de este jueves por el Senado de la República, con 52 votos a favor, contra 1 en contra.
El texto de la jurisdicción que juzgará a los actores del conflicto armado ya había pasado su conciliación en la Cámara de Representantes, este miércoles, de manera que termina su trámite en el Congreso en el último día de vigencia del ‘fast track’ o vía rápida legislativa para la implementación del acuerdo de paz.
En la conciliación quedaron los nuevos requisitos para los magistrados de la JEP, los cuales ya fueron designados, y un régimen de impedimentos y recusaciones para ellos.
Adicionalmente crea unas reglas para que los comandantes militares respondan en caso de sus subordinados cometan delitos, algo de lo que estuvieron muy atentos el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y la cúpula militar.
La iniciativa, que fue calificada como vital por el Gobierno desde el principio, será estudiada por la Corte Constitucional antes de que sea sancionada por el Presidente de la República.
“Con esta iniciativa ganan las víctimas del conflicto”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
Los 52 votos a favor que recibió ayer el texto de conciliación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz en el Senado, ratificaron que ya no había nada que hacer. El Gobierno, de dientes para afuera, agradeció a la plenaria su apoyo -bastante limitado, por demás- al corazón del Acuerdo de Paz, pero por dentro pasaba el sabor amargo que significaba aprobar la JEP con varios aspectos que significarán un importante desmonte para el sistema.
“Con la JEP ganan las víctimas del conflicto armado pues esa jurisdicción va a tener como tarea principal garantizar sus derechos”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sin pronunciar una sola palabra por la derrota que para él significó que se haya aprobado un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados de la justicia transicional. Y eso implicará que, eventualmente, los ya electos no se puedan posesionar.
Se trata, indudablemente, de uno de los puntos más complejos para la Jurisdicción Especial de Paz pues la tarea que hizo el Comité de Escogencia al evaluar algo más de 2.000 hojas de vida de quienes se postularon, de la que salieron 51 nombramientos, quedaría reducida a sólo trizas. Por eso, será fundamental el paso que, a partir de este momento, tomará la ley estatutaria que pasa a revisión automática de la Corte Constitucional.
En sus manos, quedará la decisión de declarar ese artículo contrario a lo que ese mismo tribunal declaró exequible, referido al Acto Legislativo que creó la Jurisdicción Especial de Paz pues, según el concepto preliminar que se conoce, su consideración es que los magistrados deben quedar sometidos a las causales de impedimentos definidas por la ley procesal penal vigente y no a impedimentos o inhabilidades sobrevinientes.
En lo demás, y sin mayores complejidades, el Senado corroboró que los excombatientes de las Farc podrán participar en política bajo el compromiso de contribuir a la reparación de las víctimas y, siempre y cuando, las sanciones que les imponga la JEP no sean incompatibles con el ejercicio de los cargos públicos a los cuales resulten electos.
El texto de conciliación de la ley estatutaria de la JEP, que fue sometido ante las plenarias de Cámara y Senado, le asesta un golpe casi mortal a la paz. La comisión de
conciliación, integrada por los senadores Juan Samy Meregh y Orlando Guerra de la Rosa (conservadores), Horacio Serpa (liberal) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), acogió casi la totalidad del texto elaborado por la Cámara de Representantes —que es el que el Gobierno apoya— salvo cuatro artículos, precisamente los que darían al traste con el trabajo del Comité de Escogencia que definió los nombres de los magistrados de la JEP.
Es evidente que resultaron triunfando las fuerzas políticas que mayor oposición al Acuerdo han ejercido. “Me derrotaron y ahí qué hace uno: aceptar la derrota”, confesó Serpa, corroborando que del resultado de ese encuentro se aprobó uno de los puntos más álgidos: el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados que harán parte del sistema. En este aspecto, es evidente el objetivo de la redacción: evitar que varios de los electos se posesionen. Se trata, en concreto, de los artículos 100, 101, 103 y 104.
En ellos quedó establecido que, por ejemplo, quienes hayan ejercido la representación judicial o administrativa en actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado, o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido dicha representación en los últimos cinco años, no podrán posesionarse en el cargo. Tampoco quienes hayan litigado contra el Estado en procesos por violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario o al derecho penal internacional. Como tampoco quienes, durante ese mismo tiempo, hayan tramitado acciones similares ante tribunales internacionales.
Todas ellas condiciones que resultan evidentemente aplicables a varios de los magistrados que están a punto de posesionarse. “Esto tendrá que ser llevado a la Corte Constitucional para ser evaluado, y seguramente lo declararán inconstitucional”, dijo el representante del Polo Democrático Alirio Uribe. “Se legisla para el futuro”, agregó Serpa. El problema en todo esto es, por supuesto, la falta de tiempo y la imposibilidad legal que tienen tanto senadores como representantes de hacer ajustes al texto de conciliación, que ya fue radicado.
Como quien dice, el Acuerdo de Paz está a la deriva tras chocar con el mundo político. El tiempo corre en su contra, la Unidad Nacional ya no tiene fuerza y las iniciativas para implementar lo pactado se han convertido en una criatura de Frankenstein que amenaza con reavivar la guerra.