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Es realmente decepcionante que la contratación pública en Colombia esté al servicio del gobernante (o ladrón) de turno como un instrumento para enriquecerse o enriquecer a sus aliados políticos en perjuicio del pueblo colombiano, que honradamente paga sus impuestos, y en menoscabo de sus innumerables necesidades básicas insatisfechas.
El Espectador presentó el pasado domingo un panorama desalentador de la corrupción en Colombia: el presunto entramado en cabeza de Richard Aguilar, exgobernador de Santander, heredero político del tristemente célebre coronel (r) Hugo Aguilar, condenado por parapolítica y recordado por burlarse de la justicia al afirmar que no tenía ni dónde caerse muerto al tiempo que se le veía campante y retador manejando un lujoso Porsche, tan lobo como él.
De tal palo tal astilla, porque su hijo Richard Aguilar hace honores a su clan, que no es otra cosa que sinónimo de corrupción en Santander. Según relata El Espectador, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía coinciden en afirmar que Richard Aguilar, mientras ocupó el más alto cargo en el departamento de Santander, habría creado un entramado para adjudicar a dedo contratos a personas vinculadas a él o su padre y, como si esto no fuera suficientemente escandaloso, cobrar “comisiones” del 10 % del valor de los contratos. Es decir, Richard Aguilar presuntamente se dedicó a enriquecerse con sus amigos políticos, convirtiendo la Gobernación de Santander en una verdadera empresa criminal familiar, pues ese cargo había sido ocupado por su nefasto padre, Hugo Aguilar, y ahora por su hermano Mauricio, no menos fiera que sus ya referidos parientes.
Lo peor de toda esta historia es que las fechorías del clan Aguilar no paran. Se dice que Mauricio Aguilar, actual gobernador de Santander, habría mandado a eliminar información relevante para el caso de su hermano. Mágicamente, se habrían perdido archivos de la Gobernación que datan de la época en que Richard Aguilar fungió (o robó) como gobernador. Tan convenientes. Pero la maniobra no se quedó ahí. Mauricio presuntamente fabricó, sí, como escuchan, fabricó información, toda vez que desde la actual administración departamental se enviaron a la Fiscalía documentos y soportes de años anteriores, pero que fueron creados en 2020 y 2021.
A la par de Richard Aguilar, al excongresista Edwin Ballesteros, su amigo y socio de corruptelas, quien también renunció a su fuero constitucional pero con llorada incluida, se le investiga por el pago de una millonaria coima por la adjudicación de un contrato cuando era gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander dentro del entramado de corrupción creado por los Aguilar.
No puede ser que en Colombia los recursos de la contratación del Estado sean utilizados por los gobernantes para enriquecer a sus financiadores, llenar los bolsillos propios y los de sus aliados, y que por esa vía se condene a la población colombiana al atraso. Se necesita, urgente, un cambio de la política pública que sea real y efectivo para combatir la corrupción. De lo contrario, estaremos condenados a otros cien años pero ya no de soledad, sino de rampante corrupción.
Todos los días hay un escándalo que uno creería insuperable, pero lo cierto es que al día siguiente aparece otro y así sucesivamente. A este país se lo están robando mediante la contratación estatal, sin que se haya llegado a plantear una verdadera y profunda reforma al estatuto de contratación pública que haga que los mejores y no los bandidos sean los que contratan con el Estado. Mientras la contratación pública siga siendo una cueva en la que se alimenten los bandidos, este país no podrá superar la corrupción y, por ende, no saldrá del subdesarrollo, pues lo primero conduce a lo último, de la mano de fechorías como las del clan Aguilar.
Pablo Felipe Robledo, columnista de EL ESPECTADOR