Los indígenas de la Amazonia lanzan un SOS para reclamar protección ante la pandemia

Las primeras muertes y el avance de los contagios activan las alarmas en la frontera que comparten Brasil, Colombia y Perú

Un territorio vasto y selvático, con una población vulnerable, dispersa y mayoritariamente indígena, deficientes redes hospitalarias y bajo la jurisdicción de varios países. El coronavirus que ataca con ferocidad el sistema respiratorio también pone en peligro a los habitantes del llamado pulmón del mundo. La Amazonia, ese paraje remoto y biodiverso donde los bienes fluyen por ríos en lugar de autopistas, ha encendido las alertas de las autoridades de Brasil, Colombia y Perú ante el avance de la pandemia.

La covid-19 supone una amenaza aún más grave para las comunidades indígenas, tradicionalmente diezmadas por epidemias llevadas hasta ellas por el hombre blanco. Sus defensores advierten del riesgo de genocidio si no se toman medidas. Por eso los indígenas brasileños han reclamado a la Organización Mundial de la Salud que creen un fondo específico de emergencia para protegerlos.

Las señales de alarma proliferan en Brasil, que acumula cerca de 8.000 decesos y 115.000 contagios. La enfermedad ha causado seis muertos en aldeas indígenas y ha llegado a la ciudad más indígena del país. La semana pasada se detectaron los primeros contagios en São Gabriel da Cachoeira, ubicada en la Amazonia, pese a que hace un mes las autoridades suspendieron el transporte fluvial y aéreo hasta esta remota población en la frontera con Colombia y Venezuela. El intento de aislarla fracasó. Estos casos son especialmente relevantes porque el 90 por ciento de los vecinos de este municipio del tamaño de Bulgaria son indígenas, más vulnerables a la covid-19 que el resto de los brasileños. Aunque tiene un hospital gestionado por el Ejército, la UCI más cercana está a 850 kilómetros, en Manaos, la capital estatal duramente castigada por la pandemia. Las camas de cuidados intensivos de la ciudad más poblada de la Amazonia están saturadas hace días. El aumento de fallecidos ha obligado a abrir fosas colectivas. “Hemos fracasado”, admitió el alcalde, Arthur Virgilio Neto, en referencia a que la población incumple la cuarentena desoyendo sus recomendaciones y al gobernador.

El fotógrafo Sebastião Salgado, inmerso en un monumental proyecto sobre la Amazonia, ha logrado que decenas de personalidades de la cultura —de Ai Wei Wei a Meryl Streep o Pedro Almodovar— reclamen a los tres poderes de Brasil medidas de protección urgente. La comisión Arns es un ente brasileño que urge a desplegar a las fuerzas de seguridad para impedir la invasión de tierras indígenas o expulsar a los que ya estén en ellas. La veterana antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, de la comisión Arns, explica en una entrevista telefónica que en la zona de São Gabriel da Cachoeira viven 23 pueblos indígenas. Recuerda que el primer Yanomami fallecido de la covid-19 era un adolescente de 15 años que “contrajo el virus en unas tierras invadidas por buscadores de oro”, y que el virus fácilmente podría diezmar comunidades como la malaria llevada en los ochenta por los buscadores de oro a las tierras yanomami.

Da Cunha critica que algunos grupos recién contactados que viven lejos de los ríos deban ir hasta las ciudades para recibir la ayuda de Bolsa Familia porque, dice, “las políticas públicas brasileñas nunca se han adaptado a personas que viven de manera diferente (a la mayoría) como los indígenas”. Insiste en que “eso es peligrosísimo en situación de pandemia porque los recién contactados aún no tienen defensas inmunológicas”. Destaca la antropóloga que “curiosamente copiamos una estrategia indígena” para afrontar esta pandemia. Existen pueblos enteros, cuenta, que se aislaron voluntariamente tras experiencias traumáticas con buscadores de oro, o invasores de territorios.

También en Colombia, comunidades indígenas han optado por aislarse en sus resguardos ante el temor de contagiarse del virus. Bogotá, una urbe andina de más de siete millones de personas, se mantiene como el epicentro de la covid-19 con más de 3.000 de los cerca de 9.000 casos detectados que acumula el país. Pero el distante Amazonas, con una deficiente red hospitalaria, se ha convertido en el departamento con más nuevos contagios. Después de pasar más de un mes sin aparecer con casos detectados, en menos de dos semanas ha escalado hasta 230 positivos. Su capital, Leticia, en el extremo sur del mapa en forma de rombo del territorio colombiano, tiene la mayor tasa de infecciones del país.

La zozobra se ha apoderado de un departamento que registra 13 muertes relacionadas con la covid-19. Entre ellas, un rostro indígena muy conocido. El de Antonio Bolívar, el actor de 75 años que interpretó a Karamakate en la galardonada película El abrazo de la serpiente. Su personaje era el encargado de guiar en la selva a un etnobotánico extranjero que buscaba una planta milagrosa en la producción de Ciro Guerra y Cristina Gallego candidata a los premio Oscar en 2016.

Como parte de su respuesta para contener el coronavirus, Colombia cerró formalmente sus fronteras desde el 17 de marzo, pero los límites son borrosos en la selva amazónica. Leticia se ubica en la triple frontera, donde la movilidad constante dificulta levantar barreras. Separada por una calle de la brasileña Tabatinga, son poblaciones siamesas con un fluido intercambio comercial, muy próximas a la isla peruana de Santa Rosa. Las mercancías y viajeros suelen llegar desde Manaos, la gran urbe amazónica. El departamento colombiano de 79.000 habitantes cuenta con escasas 68 camas hospitalarias, cuatro de cuidados intermedios y ninguna UCI. Cuando un paciente necesita atención especializada suele ser remitido en avión hasta Bogotá, a más de mil kilómetros. Para agravar el panorama, hace menos de un mes el personal del Hospital San Rafael renunció alegando falta de garantías laborales y de elementos de seguridad.

Esa manifiesta e histórica vulnerabilidad inquieta al Gobierno de Iván Duque. En Amazonas “tenemos un foco que merece toda nuestra atención”, ha declarado el mandatario en su programa diario para atender la pandemia. Aún en plena cuarentena, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, visitó Leticia el domingo. Allí prometió que el envío de medicamentos, tapabocas, gel antibacterial y otros elementos de higiene, así como la entrega de ventiladores y la contratación de personal de salud. Las entregas, en cualquier caso, dependen de la Fuerza Aérea Colombiana, que a finales de la semana pasada llevó un laboratorio móvil para pruebas de covid-19. El modelo epidemiológico del Ministerio define que durante el próximo año la mitad de la población es susceptible de contagio, y la salud de las etnias indígenas es una de las mayores preocupaciones.

El panorama es igualmente complejo del lado peruano de la triple frontera. En Caballococha, la población más importante, han fallecido entre lunes y martes con síntomas de la covid-19 tres ticunas –dos adultos mayores y una mujer– de la comunidad de Bellavista Callarú, cuenta Francisco Hernandez Cayetano, presidente de la Federación de comunidades ticunas y yaguas del Bajo Amazonas. “En esa comunidad viven unas 3.000 personas y solo hay una que atiende en el puesto de salud. La mayoría tienen esta enfermedad, pero no saben por qué no les han hecho las pruebas, la posta de salud no tiene ni un medicamento”, denuncia en diálogo con este periódico. Supone que los tres fallecidos se contagiaron cuando viajaron a la isla Santa Rosa a cobrar unos subsidios en el banco.

Caballococha es parte de la región Loreto. Con 62 muertos y 1.500 de los más de 50.000 casos detectados en Perú, concentra un gran número de pueblos indígenas que no han recibido del Estado ni atención ni información diferenciada para afrontar la pandemia. “No sé a quién llamar para que nos apoye. Que se acuerden de nosotros… yo me siento impotente por toda esta situación”, apunta el apu (jefe indígena) Hernández Cayetano. Pide que envíen médicos hasta la frontera. “Aquí el que se enferma no hay cómo salvarle”, se lamenta.