Brasil. El presidente del Tribunal Supremo suspende la decisión que podría liberar a Lula da Silva
El presidente de la Corte, Antonio Dias Tóffoli, anuló la medida cautelar que había dictado en la mañana un juez del STF, que podría haber puesto en libertad a Da Silva, quien cumple una condena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Dias Tóffoli se pronunció en ese sentido en respuesta a una apelación presentada por la Fiscal General, Raquel Dodge, sobre que la medida cautelar podría causar “una grave lesión al orden y la seguridad”,
Lula da Silva está detenido desde el pasado 7 de abril. La cautelar se pronuncia a favor de la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias sean confirmadas por tribunales superiores.
Esto puede llevar a la excarcelación del expresidente de Brasil. La decisión del juez se apoya en un artículo de la Constitución según el cual una pena de prisión sólo se puede empezar a ejecutarse una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como “tránsito en juzgado”, que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.
Pero eso está en el terreno de lo hipotético y lo probable. Técnicamente, a quien le corresponde el siguiente paso es a la jueza Carolina Lebbos, que deberá decidir si anula la detención de mayor nivel de la historia reciente brasileña, o por el contrario ofrece la primera resistencia a la inesperada sentencia de Marco Aurélio. Sobre el papel ahora mismo no hay obstáculos para que el exmandatario salga lo antes posible e incluso pase la Navidad en libertad, y a esa posibilidad se aferra el Partido de los Trabajadores; pero por otro lado nada obliga a Lebbos darse prisa. Es una situación impredecible, más teniendo en cuenta de que ella tan solo está sustituyendo a la instructora del caso, Gabriela Hardt -quien a su vez acaba heredar el puesto de Sérgio Moro-, durante las vacaciones. Si no se pronuncia a las siete de la tarde, hora de Brasilia (10 de la noche, hora peninsular), la decisión irá para el próximo juez de guardia.
En Brasil hay 169.000 presos por sentencias en la segunda instancia, según el Consejo Nacional de Justicia, casi un cuarto de los 706.000 reos que hay en el país. Lula no es por tanto el único preso que se podría beneficiar por la orden, pero sí es de lejos su gran protagonista. Lo lleva siendo desde que su entrada en prisión reabrió un viejo debate que divide al Supremo brasileño en dos desde hace ya tiempo: si ejecutar una pena ya en la segunda instancia es compatible con la Constitución. En 2016 el Tribunal volvió a enfrentarse a la cuestión y solo decidió que sí por 6 votos a 5. Era un punto débil perfecto para la defensa del cada vez más apurado expresidente, y así lo han estado explotando sus abogados. La orden liminar se ha dictado, de hecho, como respuesta a una petición del Partido Comunista de Brasil, un gran aliado del Partido de los Trabajadores. Está previsto que en abril se vuelva a debatir.