Persiste deficiente gestión presupuestal de la Rama Judicial: Contraloría

a Contraloría General de la República realizó una evaluación de la gestión presupuestal de la Rama Judicial entre 2013 y 2016 y encontró que persisten serias deficiencias en la ejecución de los recursos de inversión, demoras en la autorización y giro de los mismos, así como pobres avances físicos en los proyectos en marcha.

La conclusión del estudio, publicado en el Boletín Macrosectorial No. 12, es que estas debilidades no permiten satisfacer de manera oportuna las necesidades de la administración de justicia.

Con ello, resulta crítica la capacidad del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, como responsables de la administración de la Rama Judicial, para resolver los problemas de prestación de los servicios de justicia en el país.

Para cumplir con este propósito, entre los años 2013 y 2016, el Gobierno Nacional le asignó a la Rama Judicial recursos por $1,12 billones constantes de 2016 para el desarrollo de diversos proyectos de inversión, relacionados en su mayoría con la adquisición de tecnologías y la construcción de infraestructura física para los juzgados, tribunales y salas de audiencias.

La implementación de estos proyectos, incluidos en los Planes de Desarrollo Sectorial de la Rama Judicial, permitiría mejorar las condiciones existentes para la prestación de los servicios de justicia en nuestro país, actualmente afectados por una alta congestión de procesos al interior de los despachos y por la poca celeridad en la resolución de los mismos.

Sin embargo, se encontró que los avances presupuestales y físicos de los proyectos no fueron los óptimos, pues el análisis de la Contraloría reveló que de esos $1,12 billones de presupuesto de inversión apropiado para el periodo 2013-2016, la Rama Judicialsolo pudo comprometer $988.507 millones, lo que implicó pérdida de oportunidad para financiar el 12% ($132.774 millones) de los proyectos programados.

Señala además que en el periodo evaluado, se recibieron en promedio el 70% de los bienes, servicios y obras contratados en estos tres años, lo que significa el cumplimiento oportuno de sólo $690.245 millones, lo cual derivó en atención extemporánea de una parte de las necesidades de la administración de justicia.

De la misma forma, la Contraloría concluyó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sólo pudo pagar dentro de la misma vigencia fiscal el 38,8% de sus obligaciones ($383.602 millones), lo que implicó reservas presupuestales y cuentas por pagar por encima de $604.906 millones, acarreando con ello esfuerzos fiscales superiores de liquidez a cargo del Tesoro Nacional.

Causas de las demoras

La mayoría de situaciones expuestas se ocasionan por demoras en la autorización y giro de los recursos, lo cual repercute en los plazos para adelantar los procesos de contratación; y por retrasos en la entrega de los bienes, servicios y obras contratadas, hechos que impiden efectuar los pagos antes de terminar cada año.

Todo esto afecta la disponibilidad oportuna de algunos elementos claves para resolver los problemas que aquejan a los operadores judiciales.

Proyectos con menores avances

Entre los proyectos que tuvieron menores avances presupuestales y físicos sobresalen los relacionados con capacitación de los servidores públicos y construcción de

la infraestructura física del sector.

Tal como se evidenció en anteriores auditorías de la Contraloría, a pesar del incremento sostenido en los gastos de personal en el periodo, no se evidencia interés en fortalecer la capacidad administrativa de la Rama Judicial, que permita mejorar la capacidad de ejecución de recursos y recaudo de rentas en favor de la administración de justicia, y que a su vez posibilite el incremento y optimización de los recursos de inversión.

Pese a la limitada capacidad de ejecución de recursos, que ha restringido el incremento del presupuesto de inversión, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, ha manifestado que las apropiaciones dirigidas a mejorar el servicio público de justicia son proporcionalmente bajas respecto a las destinadas a otros sectores.

A título de ejemplo, para el año 2017 los recursos destinados para tal fin fueron equivalentes al monto que canceló el Ministerio de Defensa Nacional, en el misma anualidad, en sentencias en contra y conciliaciones a su cargo.

La Rama Judicial contará para el año 2018 con $4.09 billones, de los cuales $3,8 billones se destinarán para funcionamiento y sólo el 7% ($282 mil millones) para inversión.

Reducción de los recursos de inversión

Durante el periodo evaluado se evidenció una reducción de la participación de los recursos de inversión frente al total apropiado para la Rama Judicial, que pasó de tener un 12% en 2013, a cerrar el periodo con una participación del 5%.

De acuerdo con el informe de la CGR, tal disminución ha sido consecuencia de tres factores:

• Ajustes fiscales del Gobierno Nacional, donde se limitaron de manera generalizada los recursos de inversión.

• Disminución en los recursos programados por la Rama Judicial dentro de sus planes sectoriales de desarrollo
• Bajos niveles de ejecución de los proyectos, los cuales en algunos años se tradujeron en pérdidas de apropiación y altos rezagos presupuestales.

En lo que respecta a la gestión de los recursos apropiados para inversión durante el periodo, fueron comprometidos $988.507 millones (88,2% de lo apropiado), y de esta suma se recibieron de manera oportuna bienes, servicios y obras por $690.245 millones (61.6% de lo apropiado) y se pagaron oportunamente solo $383.602 millones (34.2% de lo apropiado), causándose importantes rezagos presupuestales que totalizaron $604.906 millones (61.6% de lo comprometido).

Dentro de los proyectos evaluados, los relacionados con adquisición de equipos de cómputo y telecomunicaciones, tuvieron inversiones por $506.343 millones y se logró un promedio de avance físico del 70% anual.

Sin embargo, en los temas de infraestructura física y capacitación del recurso humano, se destinaron $402.259 y $51.297 millones respectivamente, con avances físicos inferiores al 50% anual, lo cual se traduce en retrasos en la culminación de estos proyectos.

El caso más preocupante es el proyecto de capacitación de los servidores públicos de la Rama Judicial, pues sus bajos niveles de ejecución anual generan inquietudes sobre la gestión del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta las grandes necesidades en materia de actualización normativa y adaptación a los nuevos modelos de gestión judicial, como son la oralidad y virtualidad en los procesos judiciales, que influyen directamente en la eficacia de su labor misional.

Retrasos significativos en la aplicación de la oralidad

Por otra parte, el estudio confirmó las deficiencias en la planeación y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión que fueron señaladas previamente en las Auditorías realizadas a las vigencias 2014 y 2015, evidenciando que el Consejo Superior de la Judicatura no ha efectuado los correctivos suficientes para resolver estas problemáticas.

Este panorama finalmente se refleja en la situación de los despachos judiciales, cuyos retrasos significativos en la aplicación de la oralidad, no han permitido alcanzar los objetivos trazados desde la formulación de esta política en la década pasada, especialmente, en generar mayor celeridad en las decisiones judiciales y por consiguiente, disminuir los niveles de congestión y tiempos procesales.

Índice de congestión anual del 51%

De esta manera, al final de 2016 se encontraban 1.708.083 procesos pendientes de resolver al interior de los juzgados y tribunales (5% menos que el año anterior).

Sin embargo, el índice de congestión registró 51%, ello significa que del total de procesos que se tramitaron durante ese año, cerca de la mitad quedaron pendientes para el siguiente; un porcentaje que continúa siendo bastante alto para el país.