Perú. Una región que contuvo con éxito la pandemia, con la “violencia simbólica” de sus rondas campesinas
Perú es uno de los países de América Latina a los que más ha golpeado el coronavirus, pero hay regiones que lograron retrasar los daños.
Cajamarca -en el norte- es una de ellas, a diferencia de lo que ha ocurrido en Lima, Piura, Loreto y Lambayeque, por ejemplo.
“Cajamarca es una de las regiones donde más tardíamente se ha registrado un incremento de casos por coronavirus. La tasa es bastante baja con respecto a otros departamentos”, dice Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio de Médicos del Perú.
Hasta este domingo, Cajamarca reportaba 3.494 casos confirmados y 129 fallecidos, según datos oficiales del Ministerio de Salud. Un escenario que dista mucho de lo que se vive en un departamento de similar densidad como Arequipa, que registra 8.917 casos confirmados y 406 decesos.
Hay varios factores que inciden en los resultados del quinto departamento más poblado del Perú.
Primero, su baja densidad de población en relación con la capital, Lima, que concentra tres cuartas parte de los habitantes del país.
Su ubicación geográfica dentro de la zona andina es otro, así como los determinantes sociales, que hacen de Cajamarca un lugar con más orden que otras partes del país.
Y, en ese sentido, las rondas campesinas son clave.
“En sus inicios, Cajamarca tuvo una intervención bastante efectiva con el apoyo de las rondas campesinas dentro de las poblaciones pequeñas, al crear cercos estrictos. Eso explica la postergación del inicio de la transmisión de nuevos casos”, afirma Tarazona.
Pedro Cruzado, representante de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, explica que las autoridades de ese departamento se anticiparon a la cuarentena y, desde febrero, crearon un plan de contingencia ante la inminente llegada del virus.
Sin esperar el apoyo gobierno central, buscaron garantizar algunos recursos para dotar mejor a sus dos hospitales y aplicaron un cerco epidemiológico en sus cincos principales accesos.
Es ahí donde entraron en juego las rondas campesinas para mantener a raya el virus con el golpe de sus pencas.
¿Qué son estas rondas campesinas?
Son una organización comunal de defensa que funciona en Cajamarca desde 1976 y que se le conoce como el ejército de los pueblos.
Una fuerza de orden público que suma más de 500.000 miembros voluntarios en la región -mujeres incluidas- y que con los años extendió su influencia al resto del país hasta alcanzar un millón de ronderos.
Se les reconoce con facilidad porque actúan en grupo de 10 o 15 personas.
No van uniformados como una fuerza pública. Pero se les identifica porque suelen llevar un distintivo con el nombre de la ronda y una bincha (tira) de cuero de toro con la que reeducan a quienes se niegan a cumplir los usos y costumbres establecidos en la ley de rondas campesinas.
“Surgimos debido a la necesidad de preservar y proteger los bienes colectivos, que estaban amenazados por el abigeato (hurto de ganado)”, explicó Aladino Fernández, presidente de la federación regional de rondas campesinas de Cajamarca.
“Nos dedicamos a administrar justicia y a resolver todo tipo de problemas. Participamos en la pacificación nacional en tiempos del terrorismo. Hemos defendido al medio ambiente de las grandes mineras y ahora estamos luchando contra esta pandemia”, acotó.
Cuando el 16 de marzo se decretó el estado de emergencia en Perú, las organizaciones de base de las rondas campesinas se reunieron para coordinar qué podían hacer para que la enfermedad no llegara a ningún de los 13 distritos de Cajamarca. Allí se definió su plan de acción.
“Al principio no se entendía qué era la pandemia”, comenta María Irma Zafra, representante de la provincia de Hualgayoc.
“Ya luego decidimos salir a formar piquetes en las entradas y salidas estratégicas, pedir identificación a quien llegara y no dejar pasar a nadie que no fuera de la comunidad”.
Oscar Vásquez, vicepresidente de la federación regional de rondas campesinas de Cajamarca, explicó que además se prohibió la circulación de vehículos con más de tres personas, se exigió el aislamiento familiar, el uso de mascarillas y se ordenó jornadas de fumigación los domingos, con lo que lograron -en conjunto con los gobiernos distritales- mitigar la propagación del virus.
Mano dura contra el virus
El problema vino después, cuando el gobierno permitió el regreso a las regiones de quienes hacen vida en Lima.
La falta de trabajo en la capital movilizó el retorno de más de 30.000 cajamarquinos que entraron por los puntos de control. Pero se calcula que otros 10.000 ingresaron de forma irregular por los cerros, según comentó Cruzado.
“Costó hacer entender a algunos miembros de las rondas que debíamos recibir a nuestros hermanos, pues se pensaba que todo el que venía de afuera traía la enfermedad. Se logró. Pero controlar a las personas externas es lo más difícil”, dice Santos Saavedra, presidente de la Central Única Nacional de los Ronderos del Perú.
Los piquetes se reforzaron, de día y de noche. Se crearon albergues comunitarios para que los recién llegados guardaran 15 días de cuarentena antes de entrar a cualquier localidad.
De paso, se exigió el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias relacionadas con el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Normas que aún se aplican, a pesar de haberse levantado la cuarentena.
Romper las medidas acarrea sanciones, como uno o dos pencazos (golpes), ejercicio físico, turnos en los piquetes o trabajo comunitario.
“Los incumplimientos lo tomamos como un desafío a nuestra autoridad y, en esos casos, aplicamos sanciones de corregimiento, como latigazos”, explica Saavedra.
“Los castigos son proporcionales a la falta. Ni muy blandos ni muy extremos. A los malcriados que insultan o se exceden van a los calabozos, porque nadie se burla de las rondas”, agrega.
Fernández salió en defensa de los métodos aplicados por las ronderos, porque aseguró que no atentan contra los derechos humanos.
“Las sanciones no afectan ni en lo físico ni en lo psicológico. Somos una organización que administra justicia. Justiciera pero no de ajusticiamiento. Hay ronderos a los que se les ha ido la mano y a ellos también los corregimos, porque por muy delincuente que sea tiene derecho a la vida”.
Un pasado con sombras
A las rondas de zona de la sierra sí se le adjudican varios excesos durante los enfrentamientos con Sendero Luminoso entre 1980 y 2000, tal como quedó registrado en el Informe de la Comisión de la Verdad en 2003.
“Los ronderos del Tulumayo cometieron violaciones de los derechos humanos durante sus patrullajes e incursiones a poblados alejados en coordinación con los militares”, se reseña en el informe.
A esa organización, por ejemplo, se le atribuye en marzo de 1990 una emboscada a una columna de Sendero Luminoso en un paraje cercano a Cochas. “Los nueve subversivos muertos en la operación son decapitados y sus cabezas son llevadas al cuartel en Huancayo para convencer a los militares de la decisión de combatir la subversión”, relata.
En este entonces, se les denominaba rondas contrasubversivas o Comités de Defensa Civil, para diferenciarlos de las rondas del norte (Cajamarca o Piura), que no poseían armas. También las formaban campesinos. Pero estos respondían a la ideología de los gobiernos, así como a las órdenes del Ejército.
“Los comités eran un ejército rural formados por campesinos armados que fueron preparados por los militares”, afirma el sociólogo Roberto Huaraca.
El gobierno de Alberto Fujimori los reconoció en noviembre de 1991 como Comités de Autodefensa. Un acto que, de cara a los ronderos de Cajamarca, sólo buscaba dividirlos.
Antes que la policía
Al final, la pacificación justificó muchas de estas acciones. Hasta el punto que los pobladores de las zonas campesinas no ven con malos ojos las prácticas de los ronderos. Su accionar suele contar con el aval de la comunidad.
“Las rondas son drásticas, pero muy efectivas, porque trabajan de forma organizada. Debería haber en todo el Perú”, opina Mauro Malaver, quien nació en Cajamarca hace 63 años.
Ni la policía ni el ejército gozan de la misma legitimidad, porque se les tilda de instituciones corruptas y burocráticas. De manera que los cajamarquinos prefieren acudir primero a las ronderos antes que a cualquier funcionario público.
“De ocurrir un robo, los ronderos van tras el delincuente, lo agarran y lo sancionan en el acto. La policía, en cambio, puede que lo suelte a los dos o tres días sin ningún castigo”, afirma Rosman Bustamante, oriundo de ese departamento.
“Las rondas campesinas usan una violencia simbólica para poner orden. No buscan causar daño”, explica el sociólogo Roberto Huaraca.
“La coerción que ejercen sólo hace cumplir las disposiciones de la Asamblea General. Forma parte de los usos y costumbres de los pueblos, que dista de lo que ocurre en las ciudades, donde priva el individualismo y el incumplimiento de las normas”, agregó.
Miedo a la enfermedad
La mano dura de los ronderos durante la pandemia responde también a las carencias de la región en cuanto a atención hospitalaria, que atemorizan a los habitantes del departamento de Cajamarca.
“En Bambamarca, por ejemplo, no contamos con un centro de salud para soportar esta enfermedad”, dice Zafra. “De contagiarnos tendríamos que trasladarnos al hospital de Cajamarca, que queda a tres horas”.
El Hospital Simón Bolívar, al que hace referencia, es un centro materno-infantil que tuvo que ser acondicionado para atender a los pacientes con covid-19, porque ni siquiera contaba con una unidad de cuidados intensivos, explica Cruzado.
Ahora dispone de cuatro camas UCI y al menos diez ventiladores mecánicos. El problema ahora es que Cajarmarca no tiene suficiente personal médico especializado para hacerse cargo de estos equipos.
“En Cajamarca tenemos déficit en todas las especialidades”, afirma Pedro Lovato, decano del Colegio de Médico de ese departamento.
“Mientras la Organización Mundial de la Salud establece que debería haber 23 médicos por cada 10.000 habitantes, aquí, si acaso, llegamos a siete”, acota.
Se han hecho esfuerzos para cubrir las deficiencias. Incluso Cruzado señala que se invirtieron más de 14 millones de soles (US$3,9 millones) para la dotación de camas, ventilares y monitores que sirvieron para resolver los primeros casos. Pero, de incrementarse los contagios en Cajamarca, no se darían abasto.
“Dios quiera que no aumenten los casos como en otras ciudades, porque la capacidad hospitalaria de la sierra es más reducida que la de la costa. Por tanto, el colapso ocurriría de manera más rápida”, comenta Lovato.
En alerta ante nuevos casos
El levantamiento de la cuarentena nacional desde el 1 de julio podría ser una amenaza para Cajamarca.
Ya en las últimas dos semanas las cifras de contagios y fallecidos han registrado un crecimiento. De manera que urge un cambio de estrategia.
“Ahora debemos entrar a una fase diferente. Ya no es posible mantener a la población en aislamiento social, como se venía haciendo con ayuda de los ronderos. No podemos dejar que la gente siga bajando la guardia, porque tenemos a los hospitales en 60% de su capacidad”, afirma Cruzado.
El relajamiento de las medidas de aislamiento social ya se deja sentir en Cajamarca, que ahora reporta un rango de transmisión de 1,16%, cuando hace dos semanas era menos de 1%.
Otras localidades, como Loreto, Lambayeque, Ucayali o Lima, figuran como prioridad para el apoyo de los casos de covid-19, de acuerdo con el reporte de Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención de Enfermedades.
El territorio de los ronderos, en cambio, todavía se ubica entre el grupo con categoría de atención baja. Una calificación que se mide por la tasa de incidencia de la enfermedad, la mortalidad, la letalidad y el porcentaje de población contagiada.
Nada hace pensar que, en el corto plazo, Perú tendrá aún la enfermedad bajo control.
Y Cajamarca no está exenta.
“Esta región no ha llegada a su meseta. Tenemos que prever y anticiparnos en fortalecer la atención primaria, porque la realidad es que vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus”, sentencia Cruzado.