REFORMA TRIBUTARIA. Por Gustavo Bolívar

Seguimos aportando ideas para la discusión programática del Pacto histórico. Hoy les propongo, sin mayor pretensión que la de enriquecer el debate, algunas ideas para enrumbar la política fiscal de Colombia hacia el cumplimiento de los criterios de justicia, equidad, progresividad, eficiencia y transparencia de los que habla la Constitución Nacional.

En términos sencillos, para no caer en la aburrida manía de enredar los conceptos con frases rebuscadas, Justicia Tributaria significa equidad. Los que tienen más pagan más y los que tienen menos, pagan menos.

¿Se cumple esa premisa en Colombia? No. Aquí en Colombia y, por lo regular en los países que han entregado su economía al libre mercado, los que tienen más pagan menos y los que tienen menos pagan más.

Según una investigación de 2018 realizada por Villabona y Quimbay, las siguientes son las tasas de tributación de algunos sectores:

Agricultura 17%

Minería 14,40%

Industria 19,40%

Energía 17,30%

Construcción 16,60%

Comercio 17,10%

TIC 16,40%

Financiero 7%

Entre tanto, en esta gráfica de la Comisión de Estudio de Beneficios Tributarios, vemos claramente que las personas con los ingresos más bajos, percentiles 1 al 4, pagan un impuesto más alto que las que están ubicadas en los percentiles 5 al 64.

Básicamente explica que debido a la forma como está estructurado el impuesto a la renta, los trabajadores de menores ingresos, entre cero y 683 mil pesos, muy seguro que por retenciones en la fuente pagan más.

En los percentiles 65 al 91, las clase media y media alta (entre 5,6 millones y 21 millones) llegan a pagar como tasa efectiva hasta el 5% de su ingreso bruto.

A partir del percentil 91 y hasta el 100, donde están ubicados los megaricos y ultraricos, con ingresos que van de los 21 millones a los 2.000 millones /mes, la tasa efectiva cae hasta casi la misma tarifa del percentil 1 donde la tarifa efectiva es del 2,19%.

Si atendemos los criterios establecidos en la Constitución Nacional, ninguno de ellos se cumple. Esto no es justo, ni equitativo, ni transparente, ni progresivo. Es todo lo contrario.

Los impuestos en Colombia son injustos, regresivos, y nada transparentes porque de todos es sabido que una buena parte de ellos se escurren a los bolsillos y los privilegios de las castas políticas enquistadas en el poder, vía corrupción.

Según la DIAN, “El principio de progresividad hace referencia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago, según la capacidad contributiva de la que disponen o dicho de una forma mucho más sencilla, a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto pasivo, aumenta su contribución”. Esta progresividad no se cumple. El peluquero, el oficinista, el pequeño y mediano empresario pagan 33% de renta y no cuentan con los beneficios tributarios que han conseguido los grandes sectores a punta de lobby en el Congreso y financiación de las campañas.

Por eso, un trabajador que gana miserables dos salarios mínimos y medio en 2022 deberá pagar 500 mil pesos de renta, y los que ganarán un salario y medio (1.6 millones) en 2023, pagarán más de la tercera parte de su miserable salario, según la nueva reforma Tributaria. Injusto desde todo punto de vista. Esta salvajada no admite ninguna defensa. Sin embargo, los uribistas la defienden de oficio. Algunos porque les toca para no perder los contratos que tienen y otros por devoción absoluta y ciega con los postulados de su líder sobre los que nunca tienen objeción alguna, sencillamente porque ven por sus ojos, aunque no disfruten de uno solo de los privilegios con que cuenta aquel.

Pero, ¿por qué no hay justicia tributaria en Colombia?. Por diferentes razones pero me centraré en la principal: Poder. Poder para arrodillar el Congreso, poder para arrodillar presidentes de la república, poder para comprar organismos de control, poder para comprar y arrodillar la Justicia.

Comprar poder resulta la mejor inversión, la más lucrativa. Una inversión que se devuelve con creces, se multiplica exponencialmente. Comprar la mitad del órgano legislativo cuesta, y esto es un cálculo especulativo aproximado, unos 60 mil millones de pesos. ¿Saben cuántos billones se puede ganar el comprador a punta de leyes amañadas, beneficios tributarios, exenciones y contratos entregados a dedo o mediante licitaciones amañadas o diseñadas a la medida del financiador? Varios.

De ahí nace la importancia de reafirmar la premisa de que el presidente que resulte elegido en la consulta única alternativa y sin vetos del Pacto Histórico, no reciba financiación de ningún grupo económico, ni contratistas y sobra decir que tampoco narcos. Solo así, ese presidente se podrá sentar a gobernar sin ataduras y sin que le tiemble la mano para hacer las reformas que necesita Colombia para alcanzar la igualdad, la justicia social, la paz y el progreso para todos.

Entre esas reformas que deberá efectuar el nuevo presidente, está una verdadera reforma tributaria estructural. No la colcha de retazos en que convirtió Duque la legislación económica. Duque pasará a la historia por ser el primer presidente que tramita en el Congreso tres reformas tributarias en menos de tres años. Una reforma tributaria por año significa, ni más ni menos que inestabilidad, nerviosismo en los mercados, percepción de estar navegando en un barco sin rumbo. Todo lo contrario a lo que ofrecieron en campaña.

Cuando un gobierno presenta tantas reformas tributarias en tan poco tiempo, los empresarios pierden la confianza inversionista que es, o fue, uno de los caballos de batalla electoral del duqueuribismo. Uribe soltó un párvulo a caminar en su inmensa hacienda Colombia, sin saber cómo ni a dónde iba a llegar al terminar su cuatrienio. En eso consistió su irresponsabilidad. Buscar un candidato que no tuviera un pasado delincuencial, difícil de hallar en esas huestes, para imponerlo en las presidenciales, sin importarle que no estaba preparado para manejar uno de los países más complejos del mundo en términos sociales y económicos.

Se hace necesario entonces, ordenar la casa, hacer que los criterios impresos en la Constitución para imponer tributos, se cumplan.

¿Cómo sería entonces un régimen tributario justo, equitativo, progresivo, transparente? Vamos por partes. Primero la equidad. Colombia es uno de los países más desiguales de la Tierra. Ya lo era antes de la pandemia y lo será más después de la misma. Estudios de la Universidad de los Andes advierten que podríamos llegar a un 0,57% en el índice Gini.

La crisis del COVID mostró que alrededor de 15 millones de personas eran pobres o muy pobres, y que otros 17 millones estaban permanentemente en riesgo de serlo (vulnerables), a tal punto que durante la crisis, uno de cada cuatro hogares (10 millones de personas) redujeron de 3 a 2 el número de comidas diarias, y un 2,5% de la población solo puede ingerir hoy una comida diaria (datos del DANE), mientras en la otra orilla, los mercados de valores internacionales daban cuenta de las megamillonarias ganancias de los sectores financieros, farmacéuticos y de venta bienes básicos de primera necesidad.

En octubre pasado realizamos un debate de control político en la Comisión Tercera donde demostramos con cifras y argumentos contundentes el tamaño de las desigualdades en Colombia y propusimos un ejercicio didáctico: imaginamos una maratón en la cual participaran todos los colombianos mayores de edad, con el fin de que al final, cada uno reciba 1 millón de dólares para toda la vida. (Según un estudio de la Universidad de Purdue en América Latina una persona requiere de Us35.000 anuales, unos $122 millones al año o 10 millones al mes para ser felices toda la vida).

La maratón comienza en la Plaza de Bolívar y termina Silvania, Cundinamarca porque allí, según los kilómetros se alcanzaría la meta de un millón de dólares. Si en esa maratón ponemos a todos los colombianos en el punto de partida donde le permiten sus ingresos hoy, encontramos que:

—23.4 millones arrancan en la Plaza de Bolívar. Los que no tienen nada.

—10.2 millones ya van por CORFERIAS. Esta es la llamada “Clase media”

—646 mil ya están en la meta. Es decir, ya tienen en su patrimonio 1 millón de dólares. Estos son los ricos.

—34 mil van pasando Ibagué (189 kms) acumulan mas de 5 millones de USD

—3 mil van llegando a Palmira (Valle) (448 kms) acumulan 10 millones de USD, estos son los muy ricos.

—2 mil ya están en Lima (Perú) (2876 kms) 65 millones de USD. Son los muy ricos.

—166 ya están en Santiago de Chile (4200 kms) 100 millones de USD estos son los muy muy ricos.

—103 fueron a Buenos Aires y volvieron a Bogotá (13,546 kms) 300 millones de USD. Estos son los megaricos.

—6 fueron a Buenos Aires – Bogotá más de 26 veces (176,908 kms la mitad de la distancia de la tierra a la luna) más de 3.500 millones de USD en promedio. Estos son los ultraricos

Pero hay que tener en cuenta que el mas rico de los colombianos Luis Carlos Sarmiento Angulo, según la revista FORBES, tiene un capital de 11.000 millones de dólares tendría que vivir 11.000 vidas para gastarse todo ese dinero y ser tan feliz como el promedio.

Si una persona tuviera la riqueza de LCSA al nacer, con una expectativa de vida de 80 años y no recibiera un peso a lo largo de su vida, tendría que gastarse diariamente 377 mil dólares para que al final de su vida se quedara sin un solo peso, es decir, tendría que gastarse a diario $1.357 millones de pesos, mientras que el ingreso promedio diario de un colombiano es de $54.750 pesos. Los indicadores escandalosos no paran ahí:

El 1% más rico de los propietarios de tierras del país, son dueños del 89,5% del total de predios, con extensiones superiores a las 2.000 hectáreas, una finca promedio de estos terratenientes tiene un tamaño más grande que el de Bogotá. De hecho el 0,02% de los predios son unidades de propiedad de mas de 1.000 hectáreas y concentran el 74% del área agropecuaria del país, como señala Kalmanovitz (https://www.elespectador.com/opinion/impuestos-la-tierra-columna-895936/) la razón mas importante para acumular tierras es que sobre estas no hay que pagar impuestos. Y ello ocurre porque tierras rurales en Colombia están profundamente infravaloradas, solo para dar un ejemplo:

Salomón Kalmanovitz en febrero de 2020 (https://www.elespectador.com/opinion/la-riqueza-de-alvaro-uribe-columna-905963/) señalaba que la finca el Ubérrimo (con una extensión de 1,500 ha) tenía un valor declarado para el fisco de $8.600 millones, pero que su valor comercial -es decir, si le compráramos la finca al expresidente- es de alrededor de $165.000 millones. Es decir, este es un ejemplo de gente Mega rica que no quiere aportar al fisco y que para ello usa su poder político con el fin de evitar la modernización del catastro y el aumento del gravamen de las tierras.

Poder. Este señor hizo coincidir la declaración de renta de 2019 a cero pesos. ¿Justo? Recientemente Mauricio Cabrera reveló en un estudio presentado en FESCOL http://lalineadelmedio.com/desigualdadencolombia-analisisyperspectivas/ que 2.681 clientes del sistema financiero son dueños del 58,6% de los depósitos (185 billones de pesos, es decir un promedio de $69 mil millones) mientras que 44.6 millones de colombianos tienen apenas el 2,4% de los mismos (7.6 billones o lo que es igual, un promedio de $172.700 por usuario del sistema). Al final un tristísimo indicador GINI en ahorros del 0,95, un horror para cualquier país que se tilde como una “democracia”.

En Colombia el 10% más rico se lleva a sus bolsillos el 42,7% del ingreso nacional, pero en ese 10% están los empleados que ganan más de $1.5 millones al mes como los senadores que se ganan $34.7 millones y los ultrarricos que se embolsillan más de $282 millones al día. De tal manera que para hacer mas clara la comparación hay que decir que el 0,001% de los colombianos gana el equivalente a 10,3% del PIB (103 billones de pesos/año).

¿Qué hacer para atacar esa atroz inequidad?

Primero: Una actualización catastral para que los terratenientes paguen lo que deben pagar por la tierra que atesoran, muchas veces, la mayoría de las veces, casi siempre, sin producirla. La tierra como trofeo, la tierra como símbolo de poder, la tierra acaparada para el disfrute visual de sus dueños. Esta es una reforma que el Centro Democrático no ha hecho, ni puede, ni quiere hacer porque sus cúpulas son netamente terratenientes. Las tierras improductivas, como se cansó de explicarlo Gustavo Petro durante su campaña de 2018, deben pagar un alto tributo para obligar al dueño o a la dueña, o a producirlas o a venderlas a quien sí quiera y pueda producirlas. Que le cueste más al propietario tenerlas sin producir que producirlas. Se calcula que hay 10 millones de hectáreas productivas sin producir.

De aquí se desprende una acción urgente y necesaria. Una reforma Agraria Integral que le devuelva a los campesinos y campesinas su capacidad productiva. Una Reforma Agraria que limite en 500 hectáreas el máximo de tierras que un colombiano pueda poseer. Soy generoso en esa cifra porque debieran ser 200 hectáreas como en varios países de la Comunidad Europea. Es aberrante que una sola persona pueda tener más hectáreas mientras haya millones de campesinos sin tierra o indígenas con tierras improductivas. Hay que cumplir con la entrega de 3 millones de hectáreas al campesinado como lo estipula el punto uno del Acuerdo de Paz y tenemos que terminar de implementar el PNIS. Cumplirle a las casi 100 mil familias que se inscribieron al programa de sustitución voluntaria y manual de cultivos ilícitos para evitar un costo mayor como lo es la fumigación con Glifosato.

Segundo: Acabar las exenciones y beneficios tributarios que le cuestan al país entre 70 y 82 billones de pesos anualmente. No puede haber colombianos con corona que paguen menos que otros. Que se acabe el lobby para bajar impuestos a ciertos sectores de la economía. Que se acaben los contratos de estabilidad jurídica por medio de los cuales se blindan los megaricos que han obtenido rebajas vergonzosas en impuestos. Que se acaben o se regulen con lupa las zonas francas que nunca cumplieron su cometido de hacer crecer las exportaciones y el empleo y solo han servido para exonerar de impuestos a los amigos del establecimiento.

Acabar con regímenes costosísimos para el erario como el de las Compañías Holding que según la propia DIAN (respuesta al derecho de petición 100000202-00121) le costó al fisco nacional el año pasado $1.7 billones distribuidos en 16 empresas.

Acabar los enormes beneficios a las transacciones financieras que le cuestan al fisco más de 12 billones de pesos al año (Garay & Espitia, 2020).

Tercero: Un revolcón al impuesto al valor agregado. El IVA es un impuesto regresivo que pagan por igual los pobres y los ricos a pesar de sus diferencias diametrales en ingresos. Se ahonda más la injusticia de ese impuesto en la medida en que el rico y el empresario pueden descontar el IVA de sus gastos. La propuesta es un IVA más bajo, podría ser del 12% pero cobrado como un impuesto al consumo sin derecho a descuentos.

Cuarto: Tiene que ver con la renta. Un pacto de estabilidad sin ventajas. Este impuesto se puede bajar hasta el 30% si los empresarios desisten de sus privilegios tributarios, sus contratos de estabilidad jurídica y sus exenciones. A cambio el Pacto Histórico les garantiza al menos dos décadas de estabilidad que les permita saber a qué atenerse en materia de inversión.

Quinto: Hacer permanente el impuesto al patrimonio en 1.5% para cualquier monto después de 3.500 salarios mínimos, para hacerlo ponderado hacia el futuro. El impuesto a la riqueza es un impuesto que grava los patrimonios pero en épocas de crisis es engañoso puesto que somete a cargas impositivas a sectores que pueden entrar en pérdidas en ciertas circunstancias, como por ejemplo el Covid-19. Por eso, se debe privilegiar más una sobretasa del 10% a las utilidades y dividendos. De esta manera los sectores que estén más boyantes en cada época, tributarán sin problemas de liquidez.

Sexto: Se debe blindar a los ciudadanos de nuevas intentonas de gobiernos sin ideas para ponerlos a pagar los huecos fiscales que dejan la corrupción, el derroche, los regalos y subsidios a los más poderosos. En ese sentido se debe elevar a norma constitucional la prohibición de gravar con el impuesto del IVA o del consumo como el que proponemos, en todo tiempo y lugar, tanto los productos básicos de la canasta familiar como los servicios públicos. Del mismo modo se deben prohibir los subsidios como Agro Ingreso Seguro a personas naturales o jurídicas que tengan capitales superiores a mil salarios mínimos.

Séptimo: Acabar ICETEX. Condonar las deudas de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 y establecer un pago sin intereses y a largo plazo de las deudas de los estratos 4, 5 y 6. La educación es un derecho. No se debe cobrar y menos convertir en un negocio financiero. Punto.

Octavo: Descriminalizar la naturaleza. Regular el uso de la marihuana recreativa y los usos ancestrales de la hoja de coca. Este será un rubro importantísimo en las finanzas del Estado. Calculamos en 3.000 millones de dólares el monto que puede percibir Colombia por año, por concepto de la exportación de estos productos, una vez la mayoría de países, con Estados Unidos a la cabeza, hayan regulado la producción, venta y consumo de estas plantas.

Noveno: Impuestos verdes hasta lograr la descarbonización de la economía. Y es este quizá, el único punto en el que apoyamos la Reforma Tributaria presentada esta semana por el gobierno. Pero vamos más allá. Los países desarrollados deben pagar a los chocoanos y a los habitantes de cada departamento incrustado en la Orinoquía y la Amazonía, por cada hectárea reforestada y por cada hectárea que se conserve para mantener el equilibrio ambiental del Planeta. No podemos seguir sacrificando el desarrollo social y económico de los habitantes de estos territorios mientras ellos protegen la biodiversidad. Vamos a protegerla pero pagándoles por el sacrificio de su desarrollo.

Décimo. Como una alternativa a la Renta Básica que nos hemos cansado de pedir a un gobierno sordo y cero empático con los problemas económicos que ha generado el covid-19, proponemos la creación del programa de EMPLEO GARANTIZADO con el fin de crear 2 millones de empleos a lo largo de 4 años, orientados principalmente a mujeres, jóvenes y personas excluidas del mercado laboral, y focalizado en sectores clave para la recuperación económica, como la mitigación del cambio climático (reforestación), el apoyo a la cultura y las artes, el mantenimiento de la infraestructura y especialmente hacia las economías del cuidado. Tendría un costo de $27 Billones/año (2,7% PIB, 8,5% del presupuesto anual) pero introduciría a la economía un dinamismo que necesitan hoy los empresarios colombianos.

Necesario hablar también de acabar el derroche, las corbatas, los altos presupuestos de publicidad estatal, bajar los altos salarios, elevar penas a delitos relacionados con corrupción, fortalecer Colpensiones, dinamizar las exportaciones a través de crédito blando a tasas Banco de la República, incentivar el salto tecnológico, y una política para apoyar el consumo interno de las marcas colombianas con publicidad estatal gratuita pero esto ya estuvo muy largo.

Por último cabe recordar que nada de esto será posible sin unas mayorías decentes en el Congreso. El 55/86 y el Presidente sin ataduras son requisitos sine qua non para llevar a cabo estas y otras reformas que propondrá el Pacto Histórico a la ciudadanía en 2022.