The Washington Post. “La amnistía de Álvaro Uribe parece una treta para evadir la justicia y la verdad”.

Por OLGA BEHAR

El 26 de agosto el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, presentó ante la bancada de su partido político, el Centro Democrático, un “primer borrador” de texto para el diseño de un acto legislativo que permitiría conceder una amnistía general en el país. Esta iniciativa cayó de sorpresa para muchos colombianos, pues es un mecanismo que facilitaría el perdón y olvido de delitos que son investigados por la justicia colombiana desde hace varios años.

El Proyecto de ActoLegislativo parasuperar asimetríasjudiciales y de acceso a la función pública propone que se permita “por una sola vez, que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular o nombradas en la administración pública”.

Uribe fue hábil al plantear que se exceptúan delitos de “lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) y de corrupción en la contratación pública”. Esto se debe a que cuando Colombia suscribió, en 2002, el Estatuto de Roma, aceptó que no podrá concederse amnistía por crímenes que están bajo la jurisdicción de la CPI, como homicidio fuera de combate, masacres, ataques graves a población civil, secuestros masivos, tortura y desplazamiento forzado, entre otros.

Esta propuesta es sorprendente pues en las últimas décadas el poder Judicial en Colombia ha tenido ajustes significativos para que los autores de delitos políticos relacionados con el conflicto puedan aportar verdad, reparación a las víctimas y un compromiso de no repetición de los hechos victimizantes a cambio de penas más leves que las consignadas en el Código de Procedimiento Penal.

Pero lo más arriesgado es que esta iniciativa vincula, por primera vez, a integrantes de las Fuerzas Armadas, a quienes beneficiaría “por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación del Acto Legislativo, que hayan completado cinco años de privación de la libertad”. Si esta amnistía llegara a aprobarse, podrían quedar libres y recobrar sus derechos políticos.

Este perdón masivo puede dar un nuevo aire a exfuncionarios condenados por delitos como concierto para delinquir agravado, falsedad en documentos públicos, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad, entre otros. Mientras tanto, civiles, policías y militares judicializados podrían ser amnistiados por algunos de sus crímenes, como vinculación con bandas criminales, abusos contra la población civil (exceptuando los sexuales y contra menores de edad) y otros que son investigados por la Fiscalía. Esto sería, según Uribe, una especie de compensación por haberse permitido que los desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, y puedan ser congresistas y acceder a otros cargos de elección popular

Esto podría beneficiar a alfiles de Uribe como el general Mauricio Santoyo, quien fuera su jefe de seguridad en la presidencia. Santoyo pagó una pena de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y al regresar a Colombia, en abril de 2019, fue capturado por un caso de desaparición forzada —que no sería cobijado por la amnistía— pero también es procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Como estos delitos involucran a paramilitares que le habrían pagado unos 1,700 millones de pesos colombianos (casi medio millón de dólares), Santoyo podría vincular su proceder a un crimen de tipo político.

Con este ejemplo se puede entender la “asimetría” que, según ellos, se produjo con el Acuerdo de Paz con las FARC, suscrito en 2016 entre esa guerrilla y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Para defender esta idea, que despertó el rechazo de opositores de Uribe, la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo que “no es sinónimo de impunidad como muchos lo quieren hacer ver, sino la oportunidad de enmendar graves asimetrías del acuerdo con las FARC”. Es decir, si hay garantía para ejercer derechos políticos para los excomandantes de las FARC —que recibieron 10 curules en el Congreso sin pasar primero por la justicia— también debería existir para militares como Santoyo.

Así lo argumentó Uribe el día en que divulgó la propuesta de amnistía: “Integrantes de las FARC no van un día a la cárcel y están en el Congreso a pesar de delitos como el secuestro y violación de niños. Un ciudadano que se robó una bicicleta, hecho grave, que haya sido condenado no puede ser elegido. Unos son premiados con impunidad total y otros no tienen la segunda oportunidad que tanto se alega. Se rompe un principio de la justicia: a iguales hechos iguales consecuencias”.

Aprobar una amnistía general es una idea interesante que está consignada en la Constitución y podría contribuir a mejorar el ambiente político, desgastado después de dos décadas de pugnas intestinas que han dejado cicatrices en la sociedad colombiana. Sin embargo, el principal problema es que esta idea no surge como producto de una discusión que vincule a los principales sectores políticos y sociales interesados. Proviene, por el contrario, de un solo grupo, que ha contribuido al ambiente de polarización, por lo que no será fácil que atraiga a sectores que cuestionan todo lo que propongan sus rivales.

Es por ello que se observa con recelo que crímenes como espionaje e interceptaciones ilegales contra los opositores, y hasta la fabricación de testigos falsos (por la que está siendo juzgado el propio expresidente Uribe) puedan ser amnistiados si se encuentra una conexión con motivos políticos para haberlos cometido. Porque sería exculpar a quienes los cometieron sin que se avance en el camino hacia la reconciliación.

A solo 11 meses del fin del actual gobierno, el Centro Democrático —del cual también es parte el actual presidente, Iván Duque— y sus aliados podrían estar interesados en blindarse frente a un posible cambio de poder, pues no parece fácil que en medio del mayor desprestigio para este cuatrenio, con una desaprobación a Duque de 67.6%, puedan conservar la presidencia. Con la posibilidad de una amnistía, al menos podrán evadir a la justicia y tratar de recuperar, en el futuro, espacios perdidos.

Pero para la sociedad sería un pésimo precedente, pues aunque Uribe ha asegurado que “es un proyecto que tiene todo el cuidado de la protección de las víctimas, de la protección de la verdad, de la separación de delitos”, en el fondo está la intención real de que sea “un alivio para las Fuerzas Armadas” y para civiles que nunca han reconocido sus delitos y ahora aspiran a ese perdón.

Después de más de medio siglo de un conflicto en el que poco han brillado la verdad y el alivio para las víctimas, es muy difícil de creer que, de repente, ahora los involucrados en delitos políticos estén dispuestos a responder por sus crímenes. Ojalá sea el momento de pasar la página y de construir un consenso que permita buscar la paz y la reconciliación. Una amnistía general sería, en este contexto, una de las piezas claves para ese recomenzar, pero solo podría ser posible dentro de un gran acuerdo nacional y no solo como expresión del interés de un sector político.

Escribe: OLGA BEHAR