Uribe publica borrador de referendo de Centro Democrático, para derogar la JEP

Este sábado, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer el borrador del decreto para derogar o reformar la Justicia Especial para la Paz (JEP), que investiga y juzga a los exguerrilleros de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado interno en Colombia, para que sea discutido con los “compañeros del Centro Democrático, otros partidos y movimientos sociales”.  

El primer punto que plantea el borrador de proyecto de ley es un referendo constitucional de iniciativa popular, tal como lo ha anunciado hace varios meses, para reformar la justicia. 
Con ello, se establecería una o dos altas corporaciones judiciales, que no tendrían funciones electorales respecto de las otras ramas del poder público. “Los magistrados serían mayores de 55 años, para periodos personales de 12 años (o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio), elegidos por cooptación con aprobación del Senado. Se estudiarán soluciones expeditas a demoras judiciales”, advierte el borrador.

En un tercer aspecto, contempla la creación de una Comisión Especial Legislativa integrada por 30 miembros, elegidos por el Senado, que implemente el referendo o proponga al Congreso las medidas.  “Si éstas no fueren adoptadas dentro de los 6 meses siguientes, el presidente podrá expedirlas mediante decretos con fuerza de ley”, puntualiza.

Otro de los asuntos que ya había mencionado el jefe del Centro Democrático es que se crearía un Tribunal de Aforados, “para crear independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados”.

El quinto punto es de la derogatoria o reforma de la JEP y plantea dos alternativas: derogar la Jurisdicción Especial de Paz y que sus funciones se trasladen a la jurisdicción ordinaria, “pero se mantienen los beneficios judiciales” o que se reduzcan los periodos de los actuales magistrados.

Pero hace una advertencia: “habría una sala especial para los miembros de la Fuerza Pública, con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales” y que “los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos antes del 1° de diciembre de 2016, cuando hayan cumplido 5 años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional”, a excepción de los delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado.

Las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso

Otro de los puntos que llama la atención es que plantea que “las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular, ni podrán ser elegidos para cargos unipersonales”.

Asimismo, plantea que haya una disminución del número de congresistas y reducción gradual del salario. “Se reducirá el Congreso en un 30%. La remuneración de los congresistas se congelará en la cuantía nominal durante los siguientes 6 años”, detalla el documento.

Se reducirá el Congreso en un 30%. La remuneración de los congresistas se congelará en la cuantía nominal durante los siguientes 6 años

La iniciativa también plantea que el homicidio de los líderes sociales tenga la sanción de homicidio agravado.

Referendo, Borrador 1: Para discusión con compañeros del Centro Democrático, otros partidos, movimientos políticos y sociales. ¡Cuidemos la Amazonía!

PARA DISCUSIÓN CON COMPAÑEROS DEL CENTRO DEMOCRÁTICO, OTROS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Temas:

1. Referendo Popular

2. Rama Judicial, una o dos Altas Cortes; y pronta justicia

3. Comisión Especial Legislativa 

4. Tribunal de Aforados para crear independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados

5. JEP, derogatoria o reforma de fondo

6. Garantías judiciales a los integrantes de las FF.AA.

7. Protección de líderes sociales 

8. Exclusión del Congreso de responsables de delitos de lesa humanidad

9. Decomiso de sustancias ilegales, sin criminalizar consumo

10. Austeridad en funcionamiento estatal para mayor inversión social

11. Disminución del número de congresistas y reducción gradual del salario

12. Avance hacia la equidad, ingreso solidario y bono pensional

13. Gratuidad educativa según el nivel de ingresos con posibilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento

14. Protección remunerada de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonía 

1.- Referendo Popular

Se convocaría a un Referendo Constitucional de iniciativa popular. 

2.- Rama Judicial, una o dos Altas Cortes; y pronta justicia 

Se establecería una o dos altas corporaciones judiciales, que no tendrían funciones electorales respecto de las otras ramas del poder público.

Los magistrados serían mayores de 55 años, para periodos personales de 12 años (o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio), elegidos por cooptación con aprobación del Senado.

Se estudiarán soluciones expeditas a demoras judiciales.

3.- Comisión Especial Legislativa

Se crearía una Comisión Especial Legislativa integrada por 30 miembros, elegidos por el Senado por cuociente electoral, ciudadanos colombianos, con el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, que: 

a) implemente el referendo; o

b) proponga al Congreso las medidas; si éstas no fueren adoptadas dentro de los 6 meses siguientes, el presidente podrá expedirlas mediante decretos con fuerza de ley.

4.- Tribunal de Aforados

Se crearía un Tribunal de Aforados para crear independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados.

5.- JEP. Derogatoria o reforma de fondo.

Garantías judiciales a los integrantes de las FF. AA.

Alternativas:

a) Se derogaría la Jurisdicción Especial de Paz y sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, pero se mantienen los beneficios judiciales;

b) Se reducirían los periodos de los actuales magistrados.

Garantías judiciales a los integrantes de las FF. AA.: 

En todo caso, habría una sala especial para los miembros de la Fuerza Pública, con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales.

Libertad condicional para miembros de la Fuerza Pública:

Los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos antes del 1° de diciembre de 2016, cuando hayan cumplido 5 años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional. Se exceptúan delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado.

6.- Protección de líderes sociales

El homicidio en personas consideradas líderes sociales, de acuerdo con la ley, tendrá la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales ni penas alternativas menos severas.

7.- Exclusión del Congreso de responsables de delitos de lesa humanidad:

Las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular, ni podrán ser elegidos para cargos unipersonales. (De efecto general e inmediato, principio de favorabilidad en materia penal pero NO en esta participación política.)

8.- Decomiso de sustancias ilegales sin criminalizar consumo

El Gobierno podrá ordenar el decomiso de sustancias ilegales, así su porte y consumo no estén sancionados penalmente. 

El consumo de sustancias ilegales no se sancionará penalmente. Las políticas de salud pública como prevención, rehabilitación y decomiso serán las únicas aplicables a los consumidores. 

9.- Austeridad en funcionamiento estatal para mayor inversión social

Los egresos estatales en nómina, directa o indirecta, y funcionamiento, en los diferentes niveles del Estado, se congelarán en términos reales durante 6 años. 

10.- Disminución del número de congresistas y reducción gradual del salario

Se reducirá el Congreso en un 30%. La remuneración de los congresistas se congelará en la cuantía nominal durante los siguientes 6 años.

(Menos Estado burocrático, más Estado social)

11.- Avance hacia la equidad, ingreso solidario y bono pensional

El Estado apoyará con un recurso económico a las personas de mayor vulnerabilidad. Se focalizará de tal modo que ninguna persona esté por debajo de la línea de pobreza monetaria. La ley definirá la medición de pobreza y la gradualidad para erradicarla.

El Estado entregará un bono pensional a los recién nacidos de hogares vulnerables. Solamente uno por familia. 

El monto se definirá de acuerdo con las posibilidades fiscales y podrá redimirse para emprendimientos del titular.

12.- Gratuidad educativa según el nivel de ingresos con posibilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento

El Estado garantizará la gratuidad en la educación con focalización socioeconómica. Podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias. 

(Hoy existe un monopolio oficial, a través de Fecode, que ha sustituido la ciencia y la libertad de enseñanza por el adoctrinamiento político).

13.- Protección remunerada de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonía 

El Estado remunerará el cuidado de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonía, la Orinoquía y el Litoral Pacífico, la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el Gobierno, de acuerdo con criterios técnicos. 

El cuidado y la remuneración se hará preferiblemente a través de quienes hayan tenido asentamiento en esos territorios, como moradores ancestrales e integrantes de comunidades locales.